El Radar
Por Jesús Aguilar
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Lo que debía ser un avance democrático en la justicia mexicana terminó en un fracaso monumental. La primera elección de jueces y magistrados por voto ciudadano —propuesta estrella de la llamada Cuarta Transformación— ha dejado una estela de dudas, ilegitimidad y simulación.
Un proceso que prometía devolverle al pueblo el poder de decidir, terminó afianzando el dominio absoluto de Morena en el ámbito judicial federal y de sus aliados, como el Partido Verde en San Luis Potosí.
Con una participación nacional por debajo del 13%, documentada por la Misión de Observación Electoral de la OEA, la legitimidad del ejercicio está, en el mejor de los casos, en entredicho. Según el constitucionalista Pedro Salazar, “una reforma judicial basada en la elección popular solo puede tener sentido si se parte de un sistema confiable, competitivo y con una ciudadanía informada y participativa. Ninguna de esas condiciones se cumplió”.
Más grave aún: se dio carta abierta al acarreo, al uso de “acordeones” en plena casilla, a la desinformación y al uso clientelar de las estructuras gubernamentales. Todo lo que una democracia funcional combate, aquí fue regla.
Las urnas dejaron de ser el instrumento de la voluntad popular para convertirse en el instrumento de legitimación de una toma hostil del poder judicial.
La Organización de Estados Americanos, en su informe preliminar, fue contundente: “la baja participación y la complejidad del modelo debilitan su replicabilidad en otras democracias de la región”. En términos diplomáticos, es un desastre que no debe repetirse.
En lo federal, los nueve ministros electos para la Suprema Corte de Justicia son perfiles impulsados, directa o indirectamente, por Morena. Destaca el caso de Hugo Aguilar, presentado como el “nuevo Benito Juárez” por sus raíces indígenas, nada más descabellado, una falta de respeto a Juárez y un insulto a la inteligencia de la gente.
Más allá del simbolismo, preocupa su papel como operador político del Ejecutivo y su compromiso con la independencia judicial. ¿Cómo podrá emitir fallos autónomos si debe su cargo al aparato oficialista?
En San Luis Potosí, el panorama fue igual de sombrío. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dueño absoluto del Partido Verde en la entidad, consolidó su poder absoluto al controlar sin contrapesos el nombramiento de magistrados. Con una ciudadanía ausente (votos nulos que superaron en cantidad a los votos válidos en varios casos), y con perfiles alineados al oficialismo, el Poder Judicial local dejó de ser árbitro y se volvió ficha de cambio.
Resulta revelador que incluso el diputado local Morenista Carlos Arreola Mallol, del partido oficialista, haya señalado posibles violaciones constitucionales en algunos nombramientos. Entre ellos, el del exfiscal José Luis Ruiz Contreras, quien afirmó no cumplió con el año de separación del cargo requerido por la Constitución local.
Pero lo dice ahora, claro, cuando ya es tarde y la estructura gallardista ha hecho su voluntad. Y la culpa es compartida por aún sus forzados aliados.
Académicos como el exministro José Ramón Cossío lo han advertido: la subordinación del Poder Judicial destruye el equilibrio republicano. “Si se elimina la independencia judicial, se elimina la posibilidad de justicia frente al poder”, señaló en una entrevista reciente. Y eso es lo que está ocurriendo: con jueces electos por el voto pero impuestos por la línea, el nuevo régimen convierte a la justicia en un apéndice del Ejecutivo.
En este contexto, la narrativa de la regeneración moral, de la justicia desde el pueblo, se revela como un maquillaje para justificar un nuevo poder absoluto.
Sin contrapesos. Como dice la nueva campaña del gobierno estatal, sin límites.
Sin instituciones autónomas. Un modelo que centraliza el poder en el Ejecutivo y su partido, dejando al ciudadano sin voz ni recurso.
Lo más alarmante no es que el modelo haya fracasado: es que el oficialismo lo considere un éxito. Es que se celebre la victoria de perfiles incondicionales, mientras se callan los vicios del proceso.
Es que la presidenta Claudia Sheinbaum, heredera política del movimiento, tenga que gobernar bajo el yugo de gobernadores como Gallardo o Velasco, cuyo poder territorial desafía incluso a la jefa del Estado.
En San Luis, como en todo México, la justicia está en riesgo. Porque no hay justicia posible donde no hay independencia, ni legitimidad. Porque los magistrados no pueden ser producto de simulación, ni los jueces pueden llegar por consigna. Porque una democracia sin justicia autónoma es, simplemente, una farsa.
Si el poder no se frena, si el pueblo no reacciona, si las instituciones no resisten, estaremos ante una regresión histórica.
Y todo comenzó con una boleta, un acarreo, un acordeón y una urna vacía, o llena de amenazas o gritos ahogados en pintas anónimas en las boletas.
RECADERO
*Fue un éxito la Boing Trail Runner al desierto este domingo, lo más importante fue que la participación de la gente y la conciencia de la ciudadanía en participar y fortalecer la defensa de la Sierra de San Miguelito va creciendo.
Felicidades a los organizadores.
*Astrolabio ganó un Premio Estatal de Periodismo por la investigación relativa al famoso terreno propiedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se arrendó a VEM cuyos abusos y vicios de origen fueron señalados por nuestros medios, felicidades a Carlos Rubio y a todo el equipo.
No solo es un triunfo por ser el medio más importante y crítico en el periodismo potosino, sino porque termina por ser reconocido por la principal institución pública del estado.
*Cuando celebramos que parecía aterrizaba una tregua política y mediática entre Gallardo y Galindo se escenificó una penosa escena en el arranque del vuelo a Atlanta. Alguien tiene que poner orden y un poco de sentido común en quien toma las malas decisiones de logística, organización y proyección del gobierno, son bumeranes ardiendo que terminan en llamaradas innecesarias que solo queman de forma innecesaria.
