El Radar por
Jesús Aguilar.
Felipe Aurelio Torres Zúñiga fue designado el 6 de mayo de 2021 como Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción en San Luis Potosí, para un periodo de siete años que concluye en mayo de 2028 . Su nombramiento generó controversia desde el inicio, debido a su cercanía con el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López y al proceso de selección, que fue criticado por organizaciones civiles y legisladores por considerarlo poco transparente y politizado.
Desempeño y críticas
Desde su nombramiento, la Fiscalía Anticorrupción ha sido objeto de críticas por su falta de resultados. Un estudio del Tecnológico de Monterrey en 2021 reveló que, desde su creación en 2017, la Fiscalía no había logrado ninguna sentencia condenatoria, situándola con una eficacia del 0%.
En abril de 2023, grupos de ciudadanos se manifestaron exigiendo la destitución de Torres Zúñiga, acusándolo de incompetencia y de proteger a funcionarios corruptos. Se le señaló de haber “desaparecido” pruebas en casos de corrupción
Increíblemente ahora el bautizado como Fiscal Carnal del Carrerato busca ser juez en la próxima elección del poder judicial.
En su paso transexenal, ni puso acento en quien lo montó en el puesto, Carreras, ni en quien en teoría tendría que ver partir del poder, el actual gobierno. Nunca se ha sabido si quiera de una investigación sobre ningún tema con el mínimo rigor.
Pero hay un tema aún más de fondo, las fiscalías anticorrupción en México, incluyendo la de San Luis Potosí, enfrentan serias deficiencias estructurales que limitan su efectividad en el combate a la corrupción. Estas deficiencias abarcan desde la falta de autonomía y recursos hasta una infraestructura inadecuada, lo que ha llevado a expertos y organizaciones civiles a cuestionar su operatividad y a considerarlas, en muchos casos, como mecanismos simbólicos más que efectivos.
Ineficiencia y resultados limitados
A nivel nacional, las fiscalías anticorrupción han mostrado una eficacia notablemente baja. En 2022, de las 19,289 denuncias presentadas, solo el 4.3% llegaron ante un juez y apenas el 0.2% resultaron en una sentencia condenatoria. Estos datos reflejan una impunidad casi total en los casos de corrupción investigados.
En el caso específico de San Luis Potosí, la situación es aún más crítica. Según datos de 2022, la fiscalía anticorrupción del estado contaba con solo dos agentes del Ministerio Público, ubicándose entre las entidades con menor personal asignado a esta función .
Falta de autonomía y control presupuestario
La autonomía de las fiscalías anticorrupción es fundamental para su independencia y eficacia. Sin embargo, en muchos estados, incluyendo San Luis Potosí, el nombramiento del fiscal anticorrupción depende del fiscal general, lo que limita su independencia . Además, la mayoría de estas fiscalías no cuentan con un presupuesto propio. En 2023, el presupuesto promedio asignado a las fiscalías anticorrupción fue de 28 millones de pesos, con algunas entidades, como Guerrero, recibiendo apenas 3.6 millones . Esta dependencia financiera de las fiscalías generales limita la capacidad operativa de las fiscalías anticorrupción y las expone a posibles interferencias políticas.
Infraestructura y recursos humanos insuficientes
Las fiscalías anticorrupción carecen de la infraestructura y el personal necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas. Solo 10 fiscalías reportaron contar con peritos en la institución y 16 con policías de investigación . Además, muchas carecen de protocolos de audiencias, protección a testigos y herramientas como entregas vigiladas y operaciones encubiertas, esenciales para investigar actos de corrupción.
Percepción de simulación institucional
La combinación de estos factores ha llevado a expertos y organizaciones civiles a cuestionar la efectividad real de las fiscalías anticorrupción. Adriana Greaves, cofundadora de la organización civil TOJIL, ha señalado que “el combate a la corrupción cuesta dinero y cuesta mucho”, y que sin recursos adecuados, estas fiscalías no pueden cumplir su mandato . El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también ha destacado que, aunque existen avances en la consolidación de las fiscalías anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos, lo que sugiere que, en muchos casos, estas instituciones existen más en el papel que en la práctica .
Las fiscalías anticorrupción en México enfrentan desafíos significativos que limitan su capacidad para combatir eficazmente la corrupción. La falta de autonomía, recursos insuficientes y una infraestructura inadecuada han llevado a una percepción generalizada de que estas instituciones son, en muchos casos, una simulación más que una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción. Para mejorar su eficacia, es esencial garantizar su independencia, dotarlas de recursos adecuados y fortalecer su capacidad operativa.
