Cien delitos ocurren. Nueve se denuncian. Siete alcanzan carpeta. Los otros noventa y tantos se quedan en la casa, en el coraje, en la pérdida, en el miedo, en el “para qué voy, si no pasa nada”.
Ese es San Luis Potosí fuera del boletín.
Por eso el festejo oficial por el supuesto reconocimiento a la Fiscalía General del Estado necesita una lectura menos cómoda y más honesta. La Fiscalía potosina sí aparece en primer lugar nacional en dos indicadores del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026 de Impunidad Cero: 66.1 por ciento de efectividad en la resolución de investigaciones y 4.66 por ciento de probabilidad de esclarecimiento del delito.
El dato existe. No hay que negarlo.
Lo que hay que impedir es que lo conviertan en medalla sin contexto.
Porque una cosa es cerrar expedientes y otra muy distinta es reconstruir confianza.
El verdadero tamaño del problema aparece cuando se mira el embudo completo. De acuerdo con la ENVIPE 2025 del INEGI, en San Luis Potosí se estimaron 803 mil 866 delitos durante 2024. De ese universo, apenas se denunció 9.4 por ciento. Y de esos delitos denunciados, el Ministerio Público o la Fiscalía inició carpeta en 74.6 por ciento.
Traducido sin maquillaje: del total de delitos cometidos, solo 7.1 por ciento terminó con una carpeta de investigación abierta. La propia ENVIPE coloca la cifra oculta del estado en 92.9 por ciento.
Ahí está el truco del aplauso.
La Fiscalía presume su desempeño dentro de los casos que sí llegaron a su escritorio, pero el drama social está antes: en la mayoría de víctimas que nunca cruzan la puerta del Ministerio Público. El gobierno celebra lo que ocurre dentro del expediente. La ciudadanía vive lo que ocurre antes del expediente: el cálculo amargo de si denunciar sirve, si el trámite vale la pena, si la autoridad va a ayudar o si solo va a agregar otra humillación.
La estadística oficial empieza cuando la víctima ya venció el miedo.
La justicia real debería empezar cuando la víctima todavía está temblando.
Ese es el punto que el régimen local quiere saltarse.
San Luis Potosí puede ser primer lugar en una medición técnica y al mismo tiempo seguir siendo un estado donde la gente no cree lo suficiente en la procuración de justicia como para denunciar. No es contradicción. Es radiografía. El indicador favorable mide capacidad de trámite, determinación y salida dentro del sistema. La cifra negra mide algo más profundo: el divorcio entre la ciudadanía y la institución encargada de defenderla.
La pregunta no es si la Fiscalía sabe procesar los pocos delitos que llegan.
La pregunta es por qué tantos ciudadanos decidieron que ni siquiera vale la pena llevarle su caso.
La ENVIPE también explica por qué no se denuncia. En San Luis Potosí, entre las razones de las víctimas para no acudir a la autoridad destacan dos respuestas demoledoras: 29.7 por ciento dijo que era una pérdida de tiempo y 17.7 por ciento señaló desconfianza en la autoridad. Ambas causas son atribuibles a la autoridad.
Eso ya no es un problema de comunicación social. Es una fractura institucional.
A la Fiscalía le pueden dar un primer lugar en efectividad, pero la gente no le fía. No le fía su tiempo. No le fía su dolor. No le fía su denuncia. No le fía su esperanza de justicia. Y cuando una institución encargada de perseguir delitos pierde esa confianza básica, cualquier reconocimiento debe leerse con lupa, no con matraca.
El propio informe de Impunidad Cero confirma el tamaño del desastre nacional: en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México; solo 9.6 por ciento fue denunciado ante el Ministerio Público; 6.8 por ciento inició investigación y apenas 0.85 por ciento tuvo una resolución favorable para la víctima.
Ese dato debería apagar cualquier festejo triunfalista.
Porque cuando el país se mide completo, la procuración de justicia no parece una maquinaria eficiente; parece una puerta angosta por la que casi nadie entra, y de quienes entran, muy pocos salen con algo parecido a reparación.
Por eso el 66.1 por ciento de efectividad debe explicarse con cuidado. Puede sonar enorme, pero no significa automáticamente justicia para la víctima. Una carpeta determinada no siempre es una carpeta resuelta en términos humanos. Una salida ministerial no siempre repara. Una gráfica bien acomodada no consuela a quien perdió dinero, seguridad, tranquilidad, patrimonio o familia.
Hay que preguntar lo que el boletín no pregunta:
¿Efectividad para quién?
¿Para la estadística?
¿Para la carpeta?
¿Para la Fiscalía?
¿O para la víctima?
La propia ENVIPE muestra otro contraste brutal: entre los delitos denunciados en San Luis Potosí en 2024, 41.3 por ciento de las carpetas seguía “en trámite” y en 38.7 por ciento el resultado fue “nada”. Apenas 4.2 por ciento puso al delincuente a disposición de un juez y 0.0 por ciento reportó reparación del daño.
En el boletín, la Fiscalía aparece como campeona nacional.
En la experiencia ciudadana, muchas víctimas siguen esperando, siguen sin respuesta o simplemente aprendieron a no regresar.
Y el contexto general tampoco permite cantar victoria. En el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project, San Luis Potosí aparece en el lugar 24 de 32 en justicia penal, con puntaje de 0.33, por debajo del promedio nacional.
Ese dato no se borra con una rueda de prensa.
No estamos ante una mentira simple. Estamos ante algo más sofisticado: una verdad parcial usada como propaganda completa. El primer lugar existe, pero no absuelve. La efectividad existe, pero no alcanza. El 4.66 por ciento existe, pero exhibe la pobreza del sistema: ser el mejor del país en probabilidad de esclarecimiento significa que más de 95 de cada 100 delitos siguen fuera de una ruta completa de denuncia y esclarecimiento.
Ese no es un triunfo. Es una confesión.
La Fiscalía no necesita presumir menos. Necesita explicar más.
Necesita explicar por qué la mayoría no denuncia. Por qué denunciar se percibe como pérdida de tiempo. Por qué tanta gente desconfía. Por qué tantas carpetas quedan en trámite. Por qué tantas terminan en nada. Por qué la víctima sigue sintiendo que la institución trabaja para el expediente, no para ella.
El gobierno puede aplaudir el ranking.
La ciudadanía está midiendo otra cosa.
Mide si le contestan.
Mide si le creen.
Mide si investigan.
Mide si no la revictimizan.
Mide si la justicia llega antes de que se canse.
Ahí la Fiscalía todavía no tiene quien le fíe.
Y mientras de cada 100 delitos solo siete lleguen a carpeta, cualquier “primer lugar” debe decirse completo, con todas sus sombras: San Luis Potosí encabeza un indicador dentro de un sistema que la mayoría de las víctimas ni siquiera usa, porque no cree en él.
No se trata de quitarle mérito a un dato.
Se trata de impedir que un dato tape el fracaso más grande: una procuración de justicia que todavía no logra convencer a la gente de tocar su puerta.
