*Inició este lunes etapa de juicio oral; en la audiencia compareció como testigo Daniel Acosta Díaz de León, extitular de los Servicios de Salud.
José de Jesús Ortiz
Este lunes inició la audiencia de apertura de juicio oral en el proceso que se sigue en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, acusado de ejercicio abusivo de funciones; una audiencia judicial en la que la representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra del exfuncionario.
En la audiencia, Daniel Acosta Díaz de León compareció como testigo de la FGE, así como Blanca Medina Fonseca, extitular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud. De acuerdo a las declaraciones de ambos, entre otras cosas, quedó de manifiesto que el contrato por 32 millones 732 mil 800 pesos firmado en abril de 2020 por los Servicios de Salud con la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México —motivo central de la denuncia penal—, no fue firmado por Lutzow Steiner como ya se había reconocido en audiencias anteriores de la etapa de investigación del proceso penal, además de que el acusado ocupaba el cargo de director de Salud Pública y dependía jerárquicamente de otros exfuncionarios.
También, a partir de lo expuesto por los testigos, se estableció que la firma de dicho contrato la hizo Salvador N., como director de Administración de los Servicios de Salud; Jorge Fernando N., apoderado legal de la empresa regiomontana; así como Emmanuel N., subdirector operativo de la dependencia, quien fungió como testigo.
En sus alegatos de apertura del juicio oral, la representante de la FGE expuso la clasificación jurídica del tipo penal y subrayó que el delito por el que se acusa al extitular de Salud es por ejercicio indebido de funciones y su intervención se dio en grado de coautoría, por lo que solicitó un sentencia condenatoria y una sanción de 12 años de prisión (la más alta que establece el artículo 343 Quinque del Código Penal del Estado), así como una multa de mil 200 UMA (Unidad de Medida y Actualización) y la suspensión de sus derechos políticos.
Según acusación de la FGE, como titular de la dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud, Lutzow Steiner participó en diversas reuniones con otros exfuncionarios estatales de esa dependencia, entre ellos la titular, Mónica N.; Patricia N., subdirectora administrativa; Juan Francisco N., jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de la Secretaría de Salud; además de Jorge Fernando N., apoderado legal de la empresa Public Health Supply, quienes “se reunieron de manera transitoria” a principios de abril de 2020 en las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) con el objeto de “llevar a cabo la simulación de compra” de 193 tambos con 208 litros cada uno de un plaguicida para combatir el dengue, a “sabiendas que dicho producto no sería entregado, generando para sí un beneficio económico”.
El monto pactado para la compra del plaguicida fue de 32 millones 732 mil 800 pesos, realizando el pago de dicha cantidad el día 17 de abril del año 2020 a través de una transferencia bancaria en Banorte, efectuada por la subdirectora administrativa de los Servicios de Salud. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, aun cuando se pactó la fecha de entrega del producto, no fue recibido en el almacén general de la dependencia ubicado en el Barrio de Tlaxcala, por lo cual se dio “una simulación de contrato”, pues, pese a que se cumplió con la autorización de la adjudicación directa, el pago y la facturación, había “un acuerdo previo” para no recibir el producto.
Posteriormente, en otra reunión efectuada en Coepris el 28 de mayo de 2020, el apoderado legal de Public Health Supply “reintegró” a los Servicios de Salud esa cantidad de 32 millones establecida en el contrato de abril. En esa reunión estuvieron, además del acusado, la titular de los Servicios de Saludo, el jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector y el apoderado de la empresa.
Pese a que la FGE acusa a Miguel Ángel Lutzow Steiner de la comisión de citado delito en grado de coautoría, a la fecha no hay más exfuncionarios detenidos o procesados penalmente por ese caso, y pese a que los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte han establecido que para la coautoría de un delito se debe acreditar que “el dominio del hecho lo tienen varias personas que, en virtud del principio del reparto funcional de papeles, asumen por igual la responsabilidad de su realización”.
El desarrollo de la audiencia
La audiencia de apertura del juicio oral inició cerca de las 9:15 de la mañana, aunque de inmediato se decretó un receso para que pudiera acreditarse uno de los abogados defensores. Al reinicio de la sesión, las partes expusieron sus alegatos de apertura. Ahí, la representante de la FGE pidió una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra del extitular de la Secretaría de Salud.
“Corrupción a expensa de la población, del pueblo potosino, en tiempos de pandemia …cometió como coautor la conducta de ejercicio indebido de funciones en plena epidemia de covid. La ejecutó al permitir la compra de 193 tambos de 208 litros que no llegaron a los Servicios de Salud, pero sí se llegó a un beneficio económico para él y otros exfuncionarios públicos”, señaló en su alegato.
Enumeró posteriormente a los 26 testigos que ofrecerá la Fiscalía como órganos de prueba y señaló que con ello “se acreditará que Miguel Ángel Lutzow es responsable de uso abusivo de funciones… la Fiscalía solicita un fallo condenatorio”.
El asesor jurídico de los Servicios de Salud, como parte afectada, mantuvo la misma tónica y dijo que el acusado, con el apoyo de otros servidores públicos, realizó el hecho delictivo que supuso a la dependencia una afectación por más de 32 millones de pesos.
En tanto, Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal que lleva la defensa de Lutzow Steiner, expresó que “sólo basta una mentira para destruir mil verdades” y advirtió que “donde no hay prueba, no hay hecho delictivo”, además de que denunció que el único procesado hasta ahora por ese delito es su defendido, aun cuando se le acusa en grado de coautoría; cuestionó que no hay una “trazabilidad del dinero” por parte de la Fiscalía para determinar la ruta que siguieron los poco más de 32 millones de pesos del contrato asignado directamente a la empresa regiomontana y advirtió que sin mediar un criterio de oportunidad a diversos exfuncionarios de Salud —implicados en el hecho delictivo— la Fiscalía los convirtió en testigos, no en imputados.
“El hecho no lo cometió el doctor Miguel Ángel Lutzow en grado de coautor ¿dónde está Mónica N., o Patricia Gómez? El tipo penal no les alcanza y nunca les alcanzó… un gobernado no puede estar sujeto a un proceso penal tan injusto”, denunció.
Cerca de la 13:10 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento pidió la presencia de Daniel Acosta Díaz de León, uno de los testigos principales de la Fiscalía, titular de los Servicios de Salud en el Estado al inicio de la actual administración estatal y responsable de presentar la denuncia penal en contra de su antecesor. El funcionario, actual director del IMSS-Bienestar, expuso en sus respuestas al interrogatorio de la FGE que estaba ahí en calidad de testigo por la denuncia que se presentó cuando asumió el cargo y los requerimientos que hizo la Auditoría Superior del Estado (hoy Instituto de Fiscalización Superior del Estado) por diversas observaciones en la compra de productos químicos utilizados durante la pandemia de covid, cuando los recursos públicos (los 32 millones 732 mil pesos) utilizados no eran para ese fin.
Dijo que, a partir de ello, como parte de la investigación interna, solicitó información a diversas áreas de los Servicios de Salud como la Dirección Administrativa, al área de compras, de pagos, de Salud Pública, de vectores, entre otras. También, se acreditó que en las diversas jurisdicciones sanitarias (seis de las siete existentes en el estado que supuestamente recibieron el plaguicida) los titulares de ellas desconocían que hubieran ingresado los tambos del plaguicida para combatir el dengue y desconocieron su firma en vales para justificar la entrega de la mercancía,
Vestido con pantalón negro y saco gris, en su declaración, Daniel Acosta Díaz de León reconoció que el contrato de compra-venta del plaguicida con la empresa regiomontana fue firmado por el apoderado legal de la empresa, el titular de la dirección de Administración de los Servicios de Salud y el subdirector operativo, no por Lutzow Steiner.
Dijo tener la certeza de que la titular de los Servicios de Salud en la época en que se firmó el citado contrato era Mónica N., en cambio, expresó que no recordaba quién estaba al frente de la Dirección de Salud Pública (en ese momento a cargo de Lutzow Steiner).
En el contrainterrogatorio realizado por la defensa del acusado, Acosta Díaz de León dijo conocer a su antecesor en los Servicios de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, aunque aseguró que no le informó de esta situación que se vivía en la dependencia por esas observaciones de presuntas anomalía; reconoció que en el contrato no estaba la firma del acusado, así como tampoco en la transferencia bancaria con que se pagaron a la empresa regiomontana los más de 32 millones de pesos, además de que tampoco estaba como responsable de la recepción de la mercancía.
Expuso que en la denuncia penal no se estableció la posible responsabilidad de la subdirectora administrativa de los Servicios de Salud, que hizo la transferencia bancaria, porque no era responsable de las compras, por lo cual rechazó que la protegiera. También, dijo que, pese a que el producto estaba asegurado, no se hizo efectiva la cláusula en el contrato para reponer dicha mercancía nunca entregada: “No fue en mi tiempo, quien estaba no lo hizo”, señaló. A pregunta de la Fiscalía, dijo que no se encontró a su llegada ninguna denuncia penal ni demandas civiles o mercantiles. Cerca de las 14:55 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento dio por concluido su testimonio. En las casi dos horas que duró su comparecencia en ningún momento cruzó la mirada con Miguel Ángel Lutzow, pasó por un costado y se retiró.
Posteriormente, la presidenta del Tribunal pidió la comparecencia de Blanca Medina Fonseca, extitular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, quien aseguró haber laborado en esa dependencia hasta febrero de 2024. Expresó que a la llegada de Díaz de León al frente de los Servicios de Salud y cuando se detectaron las anomalías indicadas por la Auditoría Superior del Estado, se le pidió presentar la denuncia penal en contra de la empresa, de su apoderado legal y del responsable del departamento de vectores cuando se dio el contrato por la compra simulada del plaguicida.
Dijo haber sido la responsable de la investigación interna para acreditar la denuncia, además de su redacción y enumeró diversos documentos que integró a la denuncia penal, entre ellos el contrato de adjudicación directa a la empresa Public Health Supply, el acta del 14 de marzo de 2020 de la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud (integrado por nueve funcionarios de Salud y responsable de las compras) en la que se determinó autorizar la compra directa, sin licitación, de todo tipo de medicamentos e insumos para hacer frente a la contingencia por la pandemia de covid-19, así como diversos memorándums.
A pregunta de la defensa del acusado, dijo que ella recopiló la información a partir de documentos del área jurídica, de la subdirección administrativa, entre otras, con lo cual sustentó la denuncia; en tanto, el extitular de la dependencia, Daniel Acosta Díaz de León, sólo la firmó. Al igual que el testimonio del otro testigo, reconoció que Lutzosw Steiner no firmó el contrato y no era director general de los Servicios de Salud y se hace la transferencia bancaria a la empresa.
Poco después de las tres de la tarde, el Tribunal de Enjuiciamiento dio por terminada la comparecencia de la testigo ofertada por la FGE.
En la audiencia de apertura de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento estableció que la oferta probatoria de las partes se desahogara al menos en cinco audiencias más (este martes es la segunda, así como los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre) y se presentarán 26 órganos de prueba por parte de la Fiscalía, en su mayor parte funcionarios o exfuncionarios de Salud; la defensa del extitular de Salud informó solamente que presentará como órgano de prueba el testimonio de un perito, que hizo una revisión técnica de aspectos contables relacionados con el caso.
El Tribunal de Enjuiciamiento quedó integrado por Fernando Zapata Guzmán, Sara de la Luz Bernal y Claudia Hernández Ibarra, como presidenta. Este martes continúa la segunda audiencia de juicio oral, en la que se anunció la comparecencia de cuatro testigos más.
– Astrolabio
