El Radar por Jesús Aguilar
Durante años imaginamos el huachicol como una escena rudimentaria: una toma clandestina, una pipa en la madrugada, bidones vendidos a la orilla de una carretera.
Esa imagen ya no alcanza.
El nuevo huachicol cruza fronteras, falsifica documentos, usa empresas fachada, mueve millones, lava dinero y, según una alerta oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también financia campañas políticas y medios de comunicación en México.
La acusación cambia por completo el tamaño del problema.
Porque un litro de combustible ilegal no necesariamente termina en el tanque de un automóvil.
Puede terminar en una manta.
En una camioneta de campaña.
En una encuesta.
En una nómina clandestina.
En el pago de operadores, propaganda, silencios y lealtades.
Puede incluso ayudar a fabricar una victoria.
FinCEN —la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network)— sostiene que recursos provenientes del contrabando de combustibles son utilizados para entregar dinero en efectivo a campañas y medios, favorecer a políticos dispuestos a proteger intereses criminales, controlar posiciones administrativas y abrir la puerta a contratos públicos con los cuales lavar ganancias.
La dimensión del señalamiento es brutal.
El crimen organizado no estaría limitándose a corromper funcionarios ya instalados.
Estaría participando en su construcción.
No compra solamente al gobernante.
Ayuda a producirlo.
Y esa diferencia es decisiva.
La corrupción tradicional comienza después de la elección.
Ésta comienza antes.
Cuando se imprime la primera lona.
Cuando se paga el primer vehículo.
Cuando una empresa cubre gastos que nunca aparecerán en los informes de campaña.
Cuando un medio deja de investigar a cambio de pauta, dinero o protección.
Cuando una candidatura se vuelve competitiva con recursos que oficialmente no existen.
El político financiado así no recibe un apoyo.
Contrae una deuda.
Y las deudas criminales no se pagan con gratitud.
Se pagan con permisos.
Con nombramientos.
Con policías que no ven.
Con fiscalías que no encuentran.
Con aduanas que no revisan.
Con contratos entregados a empresas convenientes.
Con gobiernos enteros aprendiendo a confundir gobernabilidad con obediencia.
El circuito descrito es casi perfecto:
El combustible ilegal produce dinero.
El dinero financia campañas.
Las campañas producen gobiernos.
Los gobiernos protegen el negocio.
Y los contratos públicos limpian las ganancias.
No es solamente lavado de dinero.
Es lavado de poder.
Pero la acusación tiene un vacío enorme.
Estados Unidos afirma que el dinero llega a campañas y medios mexicanos, pero no dice a cuáles.
No identifica candidatos.
No menciona partidos.
No precisa elecciones.
No señala estados, municipios ni contratos concretos.
Eso importa.
Una democracia no puede sustituir las pruebas con insinuaciones, aunque provengan del Departamento del Tesoro.
El señalamiento es suficientemente grave para investigar.
No suficientemente específico para condenar.
Pero la falta de nombres tampoco permite que México finja que no entendió.
La Unidad de Inteligencia Financiera colaboró en el caso, bloqueó cuentas y reconoció indicios propios.
Por eso la pregunta ya no puede evitarse:
Si las autoridades mexicanas ayudaron a seguir el dinero, ¿saben también qué campañas lo recibieron?
Y si lo saben, ¿por qué no lo han informado?
La referencia a los medios abre otro frente incómodo.
Un medio capturado no necesita defender públicamente a un cártel.
Le basta con callar.
Con no revisar una empresa.
Con omitir un contrato.
Con convertir a un operador financiero en empresario respetable.
Con fabricar la imagen de un candidato.
Con golpear a quien incomoda y proteger a quien garantiza continuidad.
La propaganda criminal no siempre usa pasamontañas.
A veces utiliza portal, cabina, pauta y membrete.
Pero aquí también se necesitan pruebas.
No basta dejar bajo sospecha a toda la política ni a todo el gremio periodístico.
Se necesitan nombres, transferencias, facturas, campañas, contratos y beneficiarios.
El problema es que el sistema electoral mexicano está diseñado para revisar lo que se reporta.
No lo que se oculta.
Fiscaliza cuentas bancarias, proveedores, facturas y gastos declarados.
Pero el crimen puede financiar todo lo que ocurre fuera de esa contabilidad:
Efectivo.
Vehículos.
Combustible.
Estructuras paralelas.
Movilización territorial.
Propaganda pagada por terceros.
Cobertura mediática fuera de contrato.
Operadores financiados desde empresas que oficialmente no participan en política.
El candidato puede declarar austeridad mientras alguien más paga la campaña real.
Por eso no basta con una auditoría electoral convencional.
Se necesita cruzar información de campañas, aduanas, importadores, estaciones de servicio, empresas logísticas, contratos públicos, proveedores de comunicación y beneficiarios finales.
Y mirar con especial atención a los gobiernos locales.
El crimen no necesita conquistar primero la Presidencia.
Puede empezar por una alcaldía.
Una aduana.
Una policía municipal.
Una fiscalía estatal.
Una secretaría de finanzas.
Una oficina que entrega permisos.
Un cargo menor puede valer millones cuando controla la puerta correcta.
México no puede convertir este caso en un pleito diplomático para evadir el fondo.
Estados Unidos tiene su propia responsabilidad: desde su territorio salen combustibles, transferencias, armas y buena parte del dinero que sostiene a los cárteles.
Pero ninguna contradicción estadounidense elimina la pregunta mexicana:
¿El dinero del huachicol está financiando elecciones?
La soberanía no consiste en negar una acusación extranjera.
Consiste en tener instituciones capaces de investigarla.
Una respuesta soberana no sería indignarse.
Sería presentar expedientes.
Seguir el dinero.
Identificar beneficiarios.
Cancelar contratos.
Procesar responsables.
Y demostrar que ninguna elección puede comprarse con gasolina contrabandeada.
El caso deja preguntas concretas:
¿Qué campañas recibieron recursos?
¿Qué candidatos aparecen en los reportes?
¿Qué medios cobraron?
¿Qué contratos públicos sirvieron para lavar ganancias?
¿Qué estaciones comercializaron el combustible?
¿Qué funcionarios permitieron la operación?
¿Qué información llegará al INE y a las fiscalías electorales?
México ya no está frente a delincuentes que perforan ductos.
Está frente a la posibilidad de una industria criminal que perfora elecciones.
El huachicol roba impuestos.
Rompe mercados.
Financia armas.
Enriquece cárteles.
Pero cuando paga una campaña, roba algo todavía más delicado:
la voluntad popular.
Porque una elección financiada por el crimen puede conservar urnas, boletas, funcionarios y actas.
Puede incluso parecer legal.
Lo que ya no conserva es libertad.
Washington lanzó una acusación enorme.
México colaboró en la investigación.
Ahora ambos gobiernos deben pasar de las tipologías a los nombres.
De los nombres a las cuentas.
De las cuentas a las campañas.
Y de las campañas a las consecuencias.
Porque una democracia que permite que la gasolina ilegal pague candidatos no está eligiendo autoridades.
Está entregando territorios.
