El nuevo marco constitucional permitirá que la Guardia Nacional, como parte de las Fuerzas Armadas, realice investigaciones de delitos, lo que significa que el Ministerio Público y las policías civiles ya no tendrán la exclusividad en esta área. Esta reforma fue aprobada por 19 Congresos estatales, lo que la acerca a su implementación.
El Congreso de Chihuahua aprobó la reforma a las 14:11 horas, sumando los votos necesarios para su avance, gracias también al apoyo de los legisladores del PAN. Desde su aprobación inicial en el Senado el 25 de septiembre, la reforma ha sido un tema central en la agenda legislativa.
Los Congresos que respaldaron la reforma incluyen aquellos de Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Posteriormente, se unieron los estados de Nayarit y Michoacán, totalizando 19 votos a favor.
El próximo domingo, a las 16:00 horas, el Senado llevará a cabo el conteo final de votos para oficializar la reforma, seguido por la Cámara de Diputados a las 19:00 horas. Después, la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente.
La reforma, ahora respaldada por el llamado Constituyente Permanente, que incluye al Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos estatales, establece que la investigación de delitos estará a cargo del Ministerio Público, las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, quienes actuarán bajo la dirección del primero.
Asimismo, se señala que el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben colaborar para cumplir con los objetivos de seguridad pública, formando parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la reforma, la Guardia Nacional se convertirá en una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y estará bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Sus objetivos incluyen la colaboración con entidades federativas y municipales, así como la protección de los recursos y bienes de la nación.
Para permitir que la Guardia Nacional actúe en tiempos de paz, se ha reformado el artículo 129 de la Constitución, el cual no había sido modificado en 167 años, asegurando que los militares solo ejerzan funciones específicas según lo estipulado por la ley.
Como resultado de este cambio, los 15,158 exintegrantes de la Policía Federal, que desapareció en 2019, se reubicarán en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde se encargarán de desarrollar programas y políticas de seguridad.
