LA GUERRA DEL VOLANTE

El Radar
Por Jesús Aguilar.
En los últimos años, la expansión de las plataformas de transporte como Uber ha generado una serie de conflictos a nivel global. Sin embargo, en México, y particularmente en San Luis Potosí, estos conflictos han tomado un cariz violento y desbordado que ha puesto en jaque la seguridad y el orden en la ciudad. Un claro ejemplo de esta situación se vivió recientemente a dos días del arranque (hoy) de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), donde se desató una ola de violencia en contra de los choferes de estas plataformas, orquestada por taxistas y, paradójicamente, por la propia autoridad estatal encargada de regular el transporte.
El problema no es nuevo, sino que se remonta al menos ocho años atrás, cuando la llegada de Uber a San Luis Potosí fue recibida con una fuerte oposición por parte del gremio de taxistas. Estos, viendo en la nueva competencia una amenaza a su modo de vida, comenzaron a presionar al gobierno estatal para que tomara medidas drásticas. En este contexto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha jugado un papel central, llevando a cabo operativos contra los vehículos que prestan servicios a través de estas plataformas, muchas veces actuando de manera ostentosa y hasta violenta, como ocurrió en diciembre de 2018.
Aracely Martínez titular de la SCT potosina, rebasada, se ha ceñido al librito y no ha podido hacer la labor de mediación política y social necesaria para sofocar el infierno que se cuece en las calles de la zona metropolitana de la capital y Soledad.
El modus operandi de estas persecuciones se desarrolla en dos etapas claramente definidas. Primero, los inspectores de la SCT identifican, acosan y finalmente detienen los vehículos que sospechan forman parte de Uber, asegurando las unidades y sancionando a los conductores. En una segunda fase, que suele ser aún más peligrosa, los taxistas se suman a la ofensiva, utilizando la violencia como herramienta para desalentar a los operadores de estas plataformas y eliminar la competencia. Este patrón de agresión, respaldado por la permisividad y a veces la complicidad de las autoridades locales, genera un ambiente de inseguridad y temor que afecta no solo a los conductores, sino también a los usuarios de estos servicios.
La reciente escalada de violencia en vísperas de la FENAPO subraya la gravedad del problema. La narrativa construida por la SCT y los taxistas, que describe a estos conductores como ilegales y peligrosos, ha sido instrumentalizada para justificar el uso de la fuerza y la violencia, creando un entorno en el que la ley parece estar ausente o, peor aún, es manipulada para servir intereses particulares.
Esta situación ha llevado el conflicto a un nivel nacional, atrayendo la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaría de Gobernación a intervenir para evitar que la violencia continúe escalando. Sin embargo, la gestión (para variar) vacía, tardía y reactiva de las autoridades federales plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para resolver un conflicto que lleva años gestándose y que ha sido alimentado por la inacción o la complicidad de las autoridades locales.
El conflicto entre taxistas y choferes de plataformas digitales en San Luis Potosí es, en última instancia, un reflejo de una lucha más amplia entre el viejo y el nuevo orden económico. Los taxistas, arraigados en un modelo de negocio tradicional, se sienten amenazados por la irrupción de una tecnología que transforma la movilidad urbana y que responde a las necesidades de un mercado cada vez más exigente y diversificado. La violencia con la que han reaccionado es un síntoma de su desesperación y de la falta de un marco regulador adecuado que equilibre la competencia y garantice la seguridad para todos los actores involucrados.
Mientras tanto, la pregunta que queda en el aire es si las autoridades serán capaces de imponer un orden que no solo pacifique la situación, sino que también promueva un mercado más justo y competitivo. ¿Serán suficientes los casi 5,500 taxistas para cubrir las necesidades de transporte durante la FENAPO, o la exclusión de los 15,000 conductores de plataformas digitales agravará aún más el caos y la violencia? El tiempo y la capacidad de gestión de las autoridades lo dirán.
El efecto bumerán de la otra insistente obsesión oficial de hacer la FENAPO un mega show gratuito con figuras como Ricky Martin, Luis Miguel, Maluma, Yuridia, Intocable, Eden Muñoz, Natanael Cano, Steve Aoki y Black Eyed Peas pone un clima aún más rudo al conflicto, la intención de Gallardo de hacer que al menos durante 10 días haya un registro record de asistencia implica la movilidad de mucha gente que por su perfil socioeconómico necesitará llegar al recinto ferial y regresar a su casa con certidumbre y en medio de una tremenda concentración masiva. ¿Son las islas dispuestas para taxistas suficientes? ¿La cacería de Ubers aderezerá de pólvora la FENAPO?
En conclusión, el conflicto en San Luis Potosí no es un caso aislado, sino un microcosmos de los desafíos que enfrenta México en su adaptación a la economía digital. El foco circunstancial en el que está la FENAPO este año es un claro recordatorio de que sin una regulación justa y efectiva, y sin un compromiso real de las autoridades para mediar en estos conflictos, la sociedad seguirá siendo rehén de intereses particulares que amenazan con convertir nuestras ciudades en territorios sin ley.