En la semana anterior entraron en funciones los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas, Julieta Méndez Salas, Gloria Serrato Sánchez y Pablo Aurelio Loredo Oyervidez y fue transformado nominalmente lo que la ciudadanía conocía como el CAVID, que ahora es el Centro de Atención Integral a Víctimas. Las diferencias son considerables, en relación a la carga de responsabilidad que se impone a su nombramiento, porque la nueva ley, abarca no solo al apoyo y protección de víctimas del delito, sino a las de violaciones a los derechos humanos.
A pesar del primer desatino de ésta administración (y como se verá, el menor de sus problemas) que surge por la falta de recursos para pagar un sueldo para estos puestos dado que se prohíbe a quien lo cubre tener otro tipo de ocupación, a excepción de la labor docente; se espera mucho de perfiles que en el pasado han mostrado institucionalidad, capacidad de crítica y formación académica. Ya el artículo 53 de su nueva ley, resume las obligaciones de ésta Comisión: estará a cargo de coordinar instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar la realización de la política nacional en el estado en materia de víctimas, luego por ello del Registro Estatal, del Centro de Atención, de la asesoría jurídica, del fondo estatal y de la coordinación del Sistema Estatal de Victimas en donde se espera participen los tres poderes y la CEDH. Y si es un tema mayor, el encontrar las formas de hacer lo que por ley es su deber, más aún habría que esperar a ver, como es que resuelven las herencias de la anterior titular de esa institución, Orta Rodríguez y que se refieren a lo que no les toca
Como la administración del Centro de Justicia para Mujeres. Porque en ninguna parte de la nueva Ley de Victimas se hace alusión al respecto, por lo tanto hay que asumir que esto se produjo en los tejemanejes del año 2013, allá cuando se inauguró un Centro de Justicia adentro o a un lado o encima de un Centro de Atención sin que nadie supiera porque, una titular dirigía al mismo tiempo a dos entes, el primero con recursos federales, el segundo con recursos del Estado. Esta es otra gran duda que no puede dejarse en el tintero embardunado de este gobierno que está por huir y que supondrá una prueba para la Comisión.
Desde los criterios establecidos para obtener los recursos y contar con un Centro de Justicia para las Mujeres, iniciativa de la SEGOB a través de CONAVIM, no se comprende que hayan aceptado ponerlo en pleno centro de la ciudad. A saber, que desde la solicitud que se hace a la Federación, entre los más de 20 documentos que se exigen, hay un requisito indispensable sobre la elaboración de un diagnostico cualitativo y cuantitativo en donde además de concretar el fenómeno de violencia que se pretende abatir, se justifique la necesidad de este tipo de proyectos también por la vulnerabilidad socioeconómica de la población a la que está dirigida y por la ubicación.
Esto quiere decir, que el Centro de Justicia, está concebido para dar acceso a éste derecho particularmente a grupos vulnerables como las mujeres que habitan en zonas marginadas o rurales, así se describe en los lineamientos urbanos y de diseño hechos ex profeso para seleccionar el predio en donde será construido: “Se constituyen como zonas prioritarias aquellas en las que, por la incidencia de factores socioeconómicos y de habitabilidad, la población residente no cuenta con la capacidad de respuesta para atender problemas de seguridad y violencia”.
Considerando esto, ¿Qué hace un Centro de Justicia en plena capital? No está por demás señalar que allí, en donde ahora se ubica, no existe una necesidad ni una población que no tenga a su alcance a las instituciones, el Centro de Justicia de Arista, está a 1,1 km de la Subprocuraduría Especializada, próximo de hecho a otros espacios en donde si nos resumimos al acto de interponer una denuncia ya se cubre no solo ahí o en Procuraduría, sino en Prodem y en los DIF municipales de San Luis y de Soledad; inclusive si ampliamos esa perspectiva, está cerca de todas las instituciones gubernamentales dedicadas al asesoramiento jurídico, psicológico y médico de probables víctimas de violencia.
Pareciera en todo caso, que estamos ante una acción política sustentada en una atomización inútil, aunque habría que buscar cuanto se invirtió en ello, curiosamente somos el único estado del cual la SEGOB no presenta información, pero para aproximarnos resulta que los montos asignados por la CONAVIM para otras entidades van de los 3 a los 12 millones de pesos. Mucho dinero que no se ve, de ahí que nos dé a pensar que el edificio de Arista sea sombrero de chistera, mágico además, sino como es que le cabe el CEAV, más una recepción, una sala de espera, cubículos de entrevista, ludoteca, área de atención infantil, casa de transición, consultorio médico, oficinas para representantes de dependencias estatales, cubículos para miembros de organizaciones, salas para terapia, sala de usos múltiples, sala de juntas, cubículos para agentes del ministerio público, oficinas para policías del Estado, una cámara Gesell, oficinas para abogados, consultorio médico pericial, zona para personas detenidas y sala de juicios orales.
Porque todo eso tendría que tener mínimamente un Centro de Justicia. Esto se significa también recursos humanos y materiales, equipo, mobiliario, con proyecto arquitectónico incluido, de ahí que si se buscan imágenes de otros centros en el país estos distan mucho de su representación potosina, la promesa se devela en los informes trimestrales de la propia CONAVIM, en donde afirman que los CJM brindan servicios de atención médica y psicológica, asesoría legal y económica, acceso a la justicia, albergue y sin embargo no se hace alusión al número de personas atendidas en ésta ciudad.
Existe entonces un tema allí en lo que hace a la transparencia, claro está que la creación del Centro de Justicia quedó establecido en un acuerdo o ley ¿pero cuál? Que los recursos se reciben en una cuenta ¿pero a cargo de quien? Que debería de existir un nombramiento para su dirección, pero si Orta ya no está, (ni estará para rendir cuentas) entonces ¿Quién ha quedado ahí?
Porque si a la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas no le toca, entonces tendría que darlo a saber, justo al punto en que el equipo de transición del gobierno entrante está por empezar, habrá que ver por dónde irán sus respuestas ante una acción que pinta de injerto, en donde ya no se supo cual es la línea que divide el CEAV del CJM, si es que realmente existe. Su decisión, ya sea de aclarar las cosas o marear la perdiz a pretextos será todo un indicador de cómo es que se va a percibir la política pública con perspectiva de género y de si ésta seguirá siendo, solo un buen negocio. A más ver.
Twitter: @Almagzur
