Victoriano Martínez
Le volvió a pasar a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP): el 28 de febrero, fecha límite para la entrega de su informe anual de actividades, quedó atrás y el documento no fue reportado como recibido al pleno del Congreso del Estado.
El artículo 33 de la Ley de Transparencia obliga a la CEGAIP a presentar un informe anual de actividades dentro de los primeros dos meses del año.
En 2020, la entrega se dio en un acto público en el Salón Manuel Gómez Morín el 28 de febrero, un día antes del vencimiento, por ser año bisiesto. En su cuenta de Twitter, la CEGAIP tuiteó una imagen del evento y retuiteó otros cuatro publicados por diversas dependencias, incluida el propio Congreso del Estado.
El año pasado, luego de que se hizo pública la omisión el 9 de marzo, los integrantes de la CEGAIP se movilizaron para entregar el documento y fue hasta la sesión del 11 de marzo que se dio cuenta del tardío cumplimiento en el apartado de correspondencia de “Entes autónomos”, con el número de turno número 6141.
De algún modo convencieron a los entonces diputados de la Comisión de Transparencia para que les pusieran un sello de recibido con fecha anterior al 28 de febrero. La omisión de la CEGAIP en el cumplimiento de la Ley quedó como un “traspapeleo” de la oficialía de partes, a la que “se le pasaron los días” para remitirlo al pleno.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también tiene el mismo plazo para la presentación de su informe. Hace un año, en la sesión del 11 de febrero se dio cuenta de la recepción de su documento en la misma sección de correspondencia, con el turno número 5939.
Tradicionalmente, la CEGAIP entregaba su informe en un acto público como el de hace dos años, distribuía un comunicado e, incluso, repartía ejemplares del documento entre la prensa y hasta entre otros asistentes, para enseguida publicar la versión completa en su página Web. En 2020 fue la última vez que ocurrió así y aún se mantiene ese acceso directo en la página de inicio.
En sus primeros seis meses como presidente de la CEGAIP, David Menchaca Zúñiga, terminó con esa tradición y en marzo del año pasado inauguró una nueva: encabezar el órgano garante del acceso a la información pública e irónicamente incumplir con la obligación legal de presentar en tiempo su informe anual de actividades al Congreso y publicarlo de manera tardía.
Este año Menchaca Zúñiga reafirma su vocación de opacidad desde la presidencia del órgano garante de la transparencia: por segunda ocasión el informe de actividades que debe presentar al Congreso del Estado no ha sido reportado al pleno, no lo ha hecho público en el sitio web de la CEGAIP… y ni siquiera lo ha anunciado en sus cuentas de redes sociales.
Desde el pasado jueves, todos los sujetos obligados –incluida la CEGAIP– ya tendrían que haber publicado toda la información que deben difundir de oficio en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), sin embargo el pleno de ese organismo tomó el acuerdo CEGAIP-277/2022.S.E. para aplazar dos días ese cumplimiento.
“Otorgar una prórroga a los sujetos obligados de 02 días adicionales al plazo establecido en el Lineamiento Séptimo fracción III, de los Lineamientos Estatales para la difusión y evaluación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas”, así reporta la CEGAIP en su sitio web el contenido de su acuerdo.
Hoy es 12 de marzo, y al no señalar los días adicionales como hábiles, hoy se cumple el nuevo plazo para que se haya publicado la información completa en la PET. En el caso de la CEGAIP, amanece con 64 de 88 obligaciones cumplidas y entre las 24 que aún no completa aparece la fracción XXXV, que es en la que debería estar publicado su informe anual.
El órgano garante de la transparencia incumple su obligación legal de presentar su informe al Congreso del Estado y también de difundirlo de oficio.
El año pasado los diputados le sirvieron de alcahuetes para simular que la CEGAIP cumplió en tiempo. ¿Los actuales diputados también se volverán encubridores?
Una doble falta a la Ley de Transparencia por parte de un trio de comisionados que, como responsables de que todos los entes públicos cumplan con el derecho de acceso a la información pública, tendrían que ser el ejemplo a seguir, pero que en los hechos ejercen un presupuesto anual de 30 millones de pesos para violar la Ley y permanecer impunes.
