María Ruiz
En medio del proceso de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, emerge el testimonio de Elena, una sobreviviente cuya valentía ilumina un camino aún sombrío para muchos. Por motivos de protección de datos personales y con el firme propósito de resguardar su integridad, la identificaremos con este nombre. Elena, que en griego significa “antorcha”, personifica la resiliencia y la luz de esperanza para innumerables jóvenes que han atravesado o atraviesan la devastación de la violencia sexual, anhelando un espacio seguro en medio del terror.
Desde el inicio de esta entrevista, es crucial destacar la firme determinación de Elena: busca que Óscar Gilberto N., el imputado en su caso, no vea reducida su pena. Su exigencia surge de la profunda convicción de que la violencia sexual se enquista en lo más profundo de las víctimas, dejando cicatrices imborrables. Si bien la ley otorga a los imputados y a sus defensas el derecho de explorar diversas salidas legales, la experiencia de Elena subraya la necesidad de priorizar la justicia para quienes han sido vulnerados de manera tan brutal.
Nuestro encuentro se desarrolla en un lugar confidencial, un espacio donde las heridas encuentran salida para sanar y, fundamentalmente, para comprender que en la oscuridad del abuso jamás estuvieron solas y que la culpa nunca les perteneció.
Son las siete de la noche. Una atmósfera de respeto y cautela envuelve nuestro primer encuentro, ambas conscientes de la dificultad inherente a revivir memorias tan dolorosas. Espero a Elena, y la fortaleza que irradia su rostro, la determinación palpable en su mirada, me impactan profundamente. A cuatro años de la agresión que marcó su vida, su entereza al narrar su arduo proceso en busca de justicia, mientras sostiene con firmeza la carpeta de investigación, resulta aún más conmovedora.
A continuación, se despliega su relato, una narración tejida con sus propias palabras y las observaciones recabadas de su expediente judicial.
El encuentro fatídico: un engaño con consecuencias devastadoras
“Todo pasó alrededor del 22 de enero de 2021. Yo tenía 16 años y en ese tiempo vendía cosméticos y otros artículos por Facebook. Ese día en particular, tenía que entregar un espejo en una casa cerca de la Universidad Politécnica. Como nadie podía acompañarme, fui sola. Conocía la zona porque mi preparatoria, el Cobach 28, estaba por ahí. Caminaba hacia el Centro para encontrarme con mi hermana. En el camino, hablé con mis hermanos, avisándoles que ya había entregado el pedido y que iba de regreso. También le hablé a mi hermana. Casi llegando a la avenida Salvador Nava, un carro se acercó. Un señor, no joven, me preguntó si podía ayudarlo a llegar a una ubicación y me aclaró que era porque él no era de San Luis. Me preguntó si sabía cómo llegar a Plaza Fiesta, que estaba cerca de donde yo iba a encontrarme con mi hermana, le di las instrucciones. Ahí él me preguntó si iba por el rumbo, que me podía dar un ride, así que pensé que podía ser una opción y así llegaría más rápido, ya que estaba en el camellón que queda por la Politécnica”.
El relato inicial de los hechos por parte de Elena nos introduce a su vida cotidiana como una joven emprendedora que utilizaba las redes sociales para su actividad comercial. La necesidad de realizar una entrega en persona la expuso a una situación de vulnerabilidad, confiando en la aparente amabilidad de un desconocido.
“Me dijo que me subiera atrás por el tema del covid. Eso me dio un poco de confianza. Parecía amable. Desde el principio me hizo preguntas normales, sobre a dónde iba. Pero de repente, mientras estaba en mi teléfono, me di cuenta de que no íbamos por el camino correcto. En un momento, giró bruscamente hacia la calle Bartolo Guardiola, lo recuerdo muy bien. Avanzó y me dijo que un carro se le había atravesado. Yo no vi nada. Luego me dijo que se bajaría rápido a buscar un cargador. Ahí empecé a preocuparme. Se bajó y tardó mucho. Empecé a ponerme nerviosa. Me pidió que me agachara, que buscara en el asiento de atrás su cargador, pero yo no quería, dije que no veía ningún cargador. Se sentó a mi lado. Desde que se subió y cerró la puerta, tuve un mal presentimiento”.
La manipulación y el engaño se revelan como las tácticas primordiales empleadas por los agresores que buscan subyugar a las víctimas. La falsa excusa del cargador y el desvío abrupto de la ruta fueron señales de alerta que, lamentablemente, llegaron demasiado tarde para evitar la tragedia.
“Entonces comenzó a amenazarme, diciendo que era parte de un grupo delictivo, que iban a venir por mí. Me exigió que le diera todo. Luego me preguntó cuánto dinero traía. Le dije que mil pesos, pero en realidad no traía nada, más que lo del espejo. Me dijo que me escribiría un código en una libreta que yo traía y que una camioneta pasaría por mí, que me quedara callada. Después de eso, de la nada, me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 16. Me preguntó si ya había tenido sexo oral. Le dije que no. Estaba muy asustada. En mi mente pensaba que me iban a llevar, y estábamos en una calle solitaria. Ahí sentí una tremenda culpa por haberme subido. Empezó a insinuarse. Le pedí que me dejara ir, pero insistió. Al final, de una manera u otra, todo se nubló, forcejeamos y comenzó a arrancarme la ropa…”.
La amenaza velada de pertenecer a una organización criminal se erigió como una táctica de intimidación diseñada para paralizar la voluntad de Elena. La escalada de preguntas inapropiadas y proposiciones indecorosas culminó en la agresión sexual, un acto de violencia extrema que sembró una cicatriz profunda en su existencia.
“Después de eso, me preguntó si sabía usar pastillas del día siguiente. Le dije que no, que solo quería irme, tenía una crisis. Me aventó ahí y aventó mis pertenencias y me dijo que esperara porque iban a pasar por mí. Que me levantarían. Antes de eso, luego de que me abusó, él se bajó del carro, porque estaba muy nervioso y vi que se le cayó la cartera. La agarré y la escondí. Ya había pasado la agresión. Arrancó y yo agarré mi teléfono de mi bolsa. Intenté tomarle una foto al carro, pero me salió borrosa”.
La posesión fortuita de la cartera del agresor se convertiría en una prueba irrefutable para su identificación y el subsiguiente curso de la investigación.
“Corrí y encontré a unas personas afuera de una casa. Les rogué y les pedí ayuda, pero al principio no quisieron. Una señora mayor me dijo que eso pasaba seguido por ahí. Le dije que necesitaba ayuda. Finalmente, al verme histérica, su esposo me ayudó y me dijo que llamara a la policía. Y es que yo en ese momento no comprendía, estaba en shock, alterada, desorientada. Después hablé a emergencias y di mi ubicación. Llegaron varias patrullas, la policía municipal de la capital fue la primera respondiente. Les entregué la cartera. Ahí estaba todo”.
La reacción inicial de incredulidad por parte de las personas a las que Elena solicitó auxilio pone de manifiesto una problemática social persistente, donde las víctimas de violencia sexual a menudo enfrentan la negación o la minimización de su sufrimiento. La decisión de Elena de buscar ayuda de las autoridades marcó el inicio formal de la indagatoria judicial.
El acceso a la justicia: un camino lleno de obstáculos
Elena llamó a su madre, y en medio del estado de shock, los elementos policiales le indicaron que debía acudir primero a Puerta Violeta, donde su madre ya estaba para acompañarla.
En Puerta Violeta recibió atención médica de urgencia y la anticoncepción de emergencia, como parte del protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual.
Posteriormente, les señalaron que debían acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia formal por los hechos. Este proceso, nuevo para Elena y marcado por su resistencia inicial, contó con el apoyo fundamental de sus padres para formalizar la agresión de la que fue víctima.
Su carpeta de investigación detalla que esa misma noche se activaron los protocolos establecidos y la FGE emitió los oficios necesarios para que la víctima recibiera atención médica, psicológica y pericial ese mismo día, en cumplimiento con lo estipulado.
Tras la denuncia y los estudios periciales inmediatos, la impresión diagnóstica, que tomó varios días, reveló el profundo impacto emocional en Elena.
En el oficio del peritaje psicológico se registró que, al preguntarle qué deseaba que pasara con la denuncia, respondió: “Quiero estar en paz, tengo miedo de salir y verlo en la calle, que él vea que no estuvo bien lo que hizo y que pague, que se sienta como yo me siento”.
Sobre cómo se sentía, expresó: “Cansada de que en las entrevistas me hacen sentir que yo lo conozco, como si yo estuviera de acuerdo con lo que pasó. Con culpa porque pienso que lo pude haber evitado, porque me subí al carro sin conocerlo, me siento también desesperada porque quiero que este procedimiento pase rápido y que ya se acabe”.
Estas palabras tempranas ya evidenciaban el difícil panorama que enfrentan las sobrevivientes en el proceso de búsqueda de justicia. La evaluación diagnóstica y las declaraciones de Elena en los instantes posteriores a la denuncia, plasmadas en su expediente, son esenciales para comprender la magnitud del daño psicológico infligido y las primeras señales de posibles obstáculos en el camino hacia la justicia.
“Pero para mí todo comenzó en agosto de 2021, cuando junto con mi mamá me inscribí en un proyecto de una organización civil llamado Tejiendo redes seguras“.
La génesis de Tejiendo redes seguras respondió a una necesidad apremiante: brindar un acompañamiento especializado a las víctimas infantiles y adolescentes de violencia sexual, adoptando una perspectiva que reconociera la especificidad de sus necesidades y experiencias, desmarcándose de las miradas adultocéntricas convencionales.
“Llegamos a la organización buscando apoyo tras los hechos que marcaron mi vida en enero de ese año”.
El impacto devastador de la violencia sexual en la existencia de Elena y su núcleo familiar fue el impulso primordial para buscar ayuda jurídica, pues ya habían transcurrido seis meses sin que el caso avanzara significativamente.
“Recuerdo la primera entrevista con mi mamá, donde ella expresó su esperanza de que pudiéramos ‘aportar nuestro granito de arena para prevenir y sobre todo para darle apoyo a otras víctimas. Estar al pendiente cuando se requiera colaborar y estar presente en las reuniones y todo lo que se ocupa en los sucesivos’. Yo firmé un documento confirmando mi deseo de participar en el programa, aunque en ese momento, la magnitud de lo que vendría era aún incierta”.
La participación activa y el compromiso incondicional de la madre de Elena en la búsqueda de justicia y en el sostén emocional de su hija constituyeron un pilar irremplazable para la sobreviviente.
“La carpeta de investigación comenzó a tomar forma. Recuerdo los oficios para la psicóloga, el médico legista, todo realizado con celeridad en aquel enero de 2021. Previo a eso, mi mamá y yo acudimos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde se constituyó la denuncia contra quien resultara responsable. Inicialmente, nos asignaron asesores públicos de la CEEAV. Sin embargo, nunca los conocí”.
Es en este punto donde la intervención de la organización civil se presenta como un punto de inflexión crucial en la búsqueda de un apoyo efectivo y personalizado.
“Fue en agosto de ese año. Ahí conocimos a mi asesora jurídica. Quien de inmediato estudió la denuncia formal”.
Al revisar la carpeta de investigación se constató el proceso de consignación, las pruebas presentadas y los argumentos que llevaron a la decisión judicial de iniciar un proceso formal en contra del sujeto.
“El día de la agresión, recuerdo que pusimos la denuncia de inmediato. Y ahora, en esta etapa del proceso, parece que intentan reducir la condena. Luego de todo lo que hemos pasado. Sospecho que buscan una salida fácil a través del dinero por la reparación del daño”.
Sobre el arduo camino recorrido, Elena recordó algunos episodios de revictimización durante las evaluaciones periciales solicitadas por la Fiscalía. En estos encuentros, algunos expertos cuestionaron a Elena sobre detalles de lo sucedido de una manera que ella percibió como innecesaria y desgastante, tanto física como emocionalmente.
A pesar de esta revictimización, jurídicamente, las carpetas de investigación deben integrarse con todos los datos de prueba necesarios para establecer la conexión entre la persona señalada y el hecho delictivo.
“A esto se le llama también audiencia inicial para pedir esta vinculación al proceso. Vincular es como establecer la relación entre el delito y los hechos, determinando si existe una probabilidad o suficientes elementos para sostener que esa persona realizó los actos de los cuales se le acusa”.
En este caso, se encontraron suficientes pruebas de evidencia que indicaban agresión sexual.
Con una representación jurídica constante, Elena y su asesora dedicaron un año adicional a integrar completamente la carpeta de investigación, lo que finalmente permitió la emisión de la orden de aprehensión contra Óscar Gilberto N., el presunto agresor de Elena.
Óscar Gilberto N.: dos años de búsqueda y una captura lejana
La lucha de Elena por la justicia tras la agresión sufrida no fue un camino lineal ni expedito. Dos años transcurrieron entre el horror vivido y la materialización de una orden de aprehensión contra su presunto agresor, identificado en la carpeta de investigación como Óscar Gilberto N. Un lapso de tiempo marcado por la persistencia de Elena y su asesora jurídica, quienes se negaron a que el caso cayera en el olvido.
Según relata Elena, la solicitud formal de la orden de aprehensión se presentó el 8 de febrero de 2023. “Eso fue porque nunca soltamos el caso. ¿Te acuerdas de eso una y otra y otra vez?”. Este esfuerzo constante fue crucial, especialmente considerando los obstáculos que surgieron en el camino.
El cambio de titulares en el Ministerio Público representó un retroceso significativo en el avance del caso. Tal como explica Elena, a pesar de que se habían logrado avances en la recopilación de algunos datos de prueba, la rotación de personal implicó, en la práctica, volver a empezar. “Porque, aunque se dieron prisa con algunos de los datos de prueba, otros no estaban, cambiaron el Ministerio Público, era volver a empezar desde cero”.
Sin embargo, la perseverancia rindió frutos. Al completar nuevamente la carpeta de investigación con la totalidad de los elementos probatorios requeridos, se logró judicializar el caso. Tal como señala Elena, la judicialización es un paso fundamental, pues “la orden de aprehensión solo se puede pedir si la carpeta está cumplida, le cita y no hay duda, y se pide ante un juez de control”.
Finalmente, la orden de aprehensión contra Óscar Gilberto N. se libró el 8 de febrero de 2023.
Sin embargo, la localización del imputado no fue inmediata. Fue hasta el 23 de marzo de 2023 que las autoridades lograron dar con su paradero.
Según el protocolo establecido, una vez emitida la orden de aprehensión, se notifica a las fiscalías de justicia de diversos estados con los que San Luis Potosí mantiene convenios de colaboración para su búsqueda y captura. Fue así como se logró ubicar a Óscar Gilberto N. lejos de la entidad donde se cometió el delito.
“Se libró orden de aprehensión en contra de Gilberto N. por el delito de violación agravada en concurso real con violación específica agravada. En donde lo localizan en Las Parotas, municipio Villa de Álvarez, en Colima”.
Una vez capturado, se determinó que Óscar Gilberto N. debía permanecer en detención preventiva. Elena explica la razón detrás de esta decisión, basada en la solicitud presentada por el Ministerio Público y los fundamentos legales correspondientes.
“¿Por qué es importante que quede en medida cautelar de prisión? Porque si a él lo traen y luego lo dejan libre nuevamente, posiblemente ya se fugaría, no le hubiéramos visto ni el rastro porque probablemente ya habría salido de allí donde lo encontraron”.
La captura de Óscar Gilberto N. en otro estado marcó un avance significativo en la búsqueda de justicia, aunque el camino aún reservaba desafíos importantes.
La batalla legal y la voz de la víctima
La noticia de la aprehensión de Óscar Gilberto N. llegó de forma repentina a la asesora jurídica de Elena en 2023.
“En 2023 le dicen, ‘abogada, hay un detenido, la audiencia es en una hora, en la sala 2”, recuerda Elena.
Al llegar a la sala de audiencias, la defensa de Óscar Gilberto N. solicitó la duplicidad del término constitucional, un derecho que permite al imputado contar con más tiempo para preparar su defensa antes de que se resuelva su situación jurídica.
“Llego a la audiencia y piden la duplicidad del término. Entonces, al ser la duplicidad del término, vamos el 2 de abril para que se resuelva si va a ser vinculado a proceso, bajo qué circunstancias y qué da la vinculación a proceso”.
La siguiente fecha clave fue el 2 de abril de 2023, día Óscar Gilberto N. fue vinculado a proceso y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, es decir que sería formalmente investigado por los delitos que se imputan.
“¿Qué son los seis meses de complementaria? Eso quiere decir que podemos aportar más datos de prueba, pero para esto yo quise participar en las audiencias”.
Elena asistió a la audiencia de duplicidad, lo que se erigió como un punto crucial en su camino hacia la sanación y el esclarecimiento de la verdad, al ver nuevamente a su agresor.
Sin embargo, la conclusión de la etapa de investigación, prevista para octubre, se extendió un mes más debido a la negativa de la defensa de Óscar Gilberto N. a permitir la toma de muestras de sangre, una diligencia considerada fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
“En octubre se terminaba el periodo de la complementaria, pero como él no se había dejado tomar las muestras de sangre, se pidió una ampliación justificada en los tiempos y en todo lo demás y se nos dio un mes más. Se vencía justamente el 2 de noviembre”.
A pesar de la culminación de esta fase, la espera por justicia para Elena persistió. Según su relato, el proceso se estancó durante un año en la etapa de audiencias intermedias, una dilación considerable atribuida a las constantes ausencias tanto del imputado como de su defensa.
“Se cierra la complementaria y duramos un año con las audiencias intermedias porque había justificantes de que no iban a la audiencia ni el imputado ni su defensa”.
Ante la creciente frustración generada por estas demoras, la abogada de Elena se esforzó por transmitirle una perspectiva realista sobre las deficiencias del sistema, sin permitir que perdiera la esperanza.
“Yo tenía abogados, asesores jurídicos del estado que nunca vi, solo mi abogada que decidió apoyarme en todo esto y que la conocí gracias a ese proyecto de la sociedad civil”.
Finalmente, tras sortear los múltiples obstáculos procesales, se dictó el auto de apertura al juicio oral. Elena y su asesora jurídica iniciaron una preparación intensa para esta etapa crucial, dedicando semanas de antelación.
“Una semana antes, nosotras estuvimos preparándonos desde diciembre. Era citarme junto con la psicóloga y decir, ‘Elena, vamos, necesito contarles cómo es la audiencia a juicio’ Porque pues no era lo mismo ir a las audiencias, ir al juicio oral como víctima implica narrar de primera voz todo lo que me pasó delante de muchos desconocidos y de jueces”.
La preparación para el juicio oral se centró no solo en la reconstrucción del testimonio de Elena, sino también en el manejo de las emociones que inevitablemente surgirían al revivir la agresión ante un tribunal.
“Es difícil hablar sobre las agresiones sexuales delante de desconocidos. Entonces es todo un trabajo en la parte de poder asimilar lo que sucedió y también poderlo compartir con terceros. Entonces me estuve preparando más, sobre todo, la parte emocional”.
A pesar del arduo trabajo personal y el apoyo psicológico recibido, la proximidad de la fecha del juicio desencadenó una oleada de ansiedad y recuerdos dolorosos para Elena.
“Y a pesar de que se ha hecho un trabajo personal importante, pues una semana antes de que iba a llegar la fecha, ya no podía dormir, estaba ansiosa, con pesadillas recordando ese momento”.
En un giro inesperado, a tan solo una semana del inicio del juicio oral, se informó a Elena y a su abogada sobre una nueva estrategia de la defensa de Óscar Gilberto N.
“Se nos informa que la defensa había decidido dejar el caso y que ahora iba a tener defensores públicos y que este defensor público estaba buscando el retrotraimiento del proceso judicial a una etapa anterior con el propósito de aplicar un juicio abreviado”.
La solicitud de un juicio abreviado, un procedimiento que implica la aceptación de culpabilidad por parte del imputado a cambio de una reducción de la pena, detuvo el avance hacia el juicio oral que Elena se había preparado para enfrentar con tanta valentía.
La negociación de la pena y la reparación del daño en el juicio abreviado
Tras la suspensión del juicio oral, la atención se centró en la propuesta de un juicio abreviado y sus implicaciones en la pena y la reparación del daño para Elena. El ministerio público había solicitado una pena de 15 años de prisión y una sanción económica de 134 mil pesos por los dos delitos de violación agravada y violación específica agravada. Sin embargo, la cuestión de la reparación del daño presentaba un panorama diferente.
“En cuanto a la reparación del daño, la cuantificación era de 52 mil pesos, porque es lo que se contempla únicamente en el dictamen psicológico, que era nada más, eso”, explica Elena, señalando la limitación de la valoración económica al daño psicológico directo.
Elena explica que “sí hay un gasto. Claro. Nosotras lo que pedimos en la reparación, en la acusación coadyuvante, señalamos esto”.
La acusación coadyuvante implicaba la consideración de las afectaciones laborales sufridas por Elena a raíz de la agresión, es decir, se había agregado el correspondiente del salario mínimo de cada año a parte de los 52 mil, que sumaron por año 156 mil y dieron un total de 362 mil pesos”.
La reparación del daño quedó asentada en el auto de apertura a juicio, lo que generó dudas en la defensa de Óscar Gilberto N. al considerar la vía del juicio abreviado.
“Cuando se hace el auto de apertura de juicio, se hace el señalamiento de los 362 mil pesos de reparación que yo estoy pidiendo. Entonces, cuando el defensor anterior, quiere irse al juicio abreviado, dice, ‘sí nos queremos ir, pero tenemos duda en el tema de la reparación”.
Ante este escenario, la asesora jurídica explicó a Elena las implicaciones de un juicio abreviado, donde la declaración de culpabilidad del agresor podría significar una reducción considerable de la pena a cambio de evitar un juicio oral extenso y potencialmente revictimizante.
Entonces hicieron el estimado de la pena. El delito de violación tiene asignada una pena de prisión que va de ocho a 16 años, según el Código Penal de San Luis Potosí. Esta es la pena ordinaria, sin tomar en cuenta factores que puedan aumentarla o reducirla.
Para ciertos efectos legales (como fijar sentencias o evaluar beneficios), se calcula el promedio de la pena mínima y máxima, en este caso, 12 años.
Sin embargo, existían las agravantes, los cuales pueden llevar a una pena más alta que la media e incluso hacer que se imponga una pena máxima.
A pesar de la aparente aceptación del juicio abreviado, las negociaciones sobre la pena y la reparación del daño se tornaron tensas y revelaron la persistencia de la ahora nueva defensa de Óscar Gilberto N. en minimizar su responsabilidad.
El defensor en la audiencia del 7 de mayo transmitió a la asesora jurídica lo que había hablado con el imputado: “Bueno, es que no es fácil llegar con alguien y decirle: ‘Fírmame aquí, reconoce tu responsabilidad, te van a dar 14 años de prisión”.
Elena recuerda que su abogada cuestionó al defensor público del imputado: “¿Y por qué no es fácil si es responsable?”. A lo que él respondió: “No, porque nosotros lo que esperamos es que sea menos el tema de los años que vaya a estar en prisión”.
La defensa incluso insinuó que una pena menor, cercana a los cinco años y ocho meses que se suelen alcanzar en casos de violación sin agravantes en juicios abreviados, sería lo esperado. Esta postura generó indignación en Elena y su asesora jurídica.
“Entonces, normalmente por una violación así llana, o sea, sin agravantes y nada más, si se va abreviado alcanza los cinco años ocho meses. Pero mi situación es diferente”.
La postura de Elena y su defensa fue firme en no ceder ante la pretensión de reducir la pena de manera tan significativa, considerando la gravedad de los delitos y el largo camino recorrido en la búsqueda de justicia.
“Nosotras estamos en el entendido de que no vamos a doblegar esa parte, porque en este caso muy específico desde el principio la han estado buscando, que se le reduzca la pena”.
La asesora jurídica explicó a Elena que todo este lapso y peticiones la ponían en un estado de revictimización, implicando para una sobreviviente como ella tener que enfrentar constantes obstáculos y ahora, incluso, el regateo de una pena.
La propia Elena expresó su indignación ante la posibilidad de una reducción tan drástica de la pena, especialmente considerando la actitud desafiante del hermano del agresor durante las audiencias previas.
“De por sí era difícil ir hasta los juzgados de la pila y estar sentada a lado del hermano del agresor, que me veía feo, como si me repudiara, y ahora que su defensor público fuera con mi abogada y a la MP para decirles que siempre no van a hacer lo que habían acordado con la anterior defensa, me da mucha impotencia”.
La actitud del defensor y la sorpresa del imputado ante la posibilidad de una pena considerablemente baja, buscando reducirla a siete años, generaron aún más frustración.
En esa última audiencia, el nuevo defensor público del imputado manifestó al juez sentirse preocupado, que él necesitaba comprender bien el procedimiento abreviado, que no había tenido oportunidad de platicarlo con su representado y que pedía más tiempo.
Tanto el ministerio público, como la asesoría jurídica de Elena, se opusieron a esta nueva dilación, recordando el acuerdo previo y la necesidad de certeza jurídica para la víctima.
La audiencia del 7 de mayo debía ser definitoria para el juicio abreviado, incluyendo la sentencia y la reparación del daño.
“Ahí también ya se iba a definir ya lo de la sentencia. Si tú te vas por este otro camino, que es un juicio abreviado, las cosas son que él acepte su responsabilidad y se le declare culpable. Y la otra es que haya los suficientes elementos para que haya la vinculación, es decir, que haya pruebas. Y lo otro es que la asesoría jurídica y la víctima estén de acuerdo con la reparación del daño, tanto económico como en cuanto a la pena nosotros no la podemos discutir, eso claro lo discute la Fiscalía”.
“Nosotros podemos decir que no estamos de acuerdo en la reparación, pero para estar de acuerdo en la reparación tenemos que tener suficientes elementos en la carpeta para decir cuánto gasté y al final muchos servicios que solicité, y el tiempo que estuve inactiva por las secuelas de esta violencia, no generan facturas”.
La asesora jurídica explicó a Elena las deficiencias del sistema en la valoración del daño sufrido por las víctimas, especialmente en aspectos no económicos. “Mi abogada me dice que hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro del sistema en razón de las víctimas. Sobre todo, esta parte, ¿no? Comprender que son eventos que marcan a las personas y que ellas trabajan, tienen mucho trabajo personal para poder hacer frente y entonces no se vale que regateen cosas que en un primer momento se comprometieron, que es lo que ella decía, o sea, el defensor fue el que puso las cosas sobre la mesa”.
Finalmente, se llegó a un acuerdo sobre la reparación del daño, considerando los años de terapia psicológica que Elena había necesitado.
En esta parte, la anterior defensa ya había acordado el abreviado con los 13 años ocho meses de pena y el costo indicado de la reparación del daño.
“Estos dos años que el imputado lleva privado de la libertad, de manera oficiosa se le cuentan dentro de la pena. Así solo se quedaría 11 años. Y todavía su defensa puso peros. Entonces debido a esto el juez dijo, ‘pues como no hablaron con ellos, les doy un mes más.”
Será hasta el 17 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia final para la resolución del juicio abreviado, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para ella, quien, a pesar del desgaste emocional y los constantes obstáculos, se mantiene firme en su exigencia de una sentencia acorde a la gravedad de los hechos.
Un mensaje de esperanza y resiliencia
A las puertas de la audiencia final, donde se espera la resolución del juicio abreviado y la imposición de la pena a Óscar Gilberto N., pregunto a Elena, ahora con 21 años, qué le diría a aquella joven de 16 que vivió la agresión y emprendió este tortuoso camino hacia la justicia. También le pido un mensaje para otras jóvenes y mujeres que han pasado por situaciones similares y aún no se atreven a denunciar.
Elena reflexiona, y su respuesta evoca la profunda transformación que ha experimentado a lo largo de estos cuatro años.
“Si pudiera hablar con la Elena de 16 años, esa que todos los días se culpaba, que pensaba que no valía nada, que sentía que llorar no tenía sentido, le diría que sí se pudo. Que a pesar de todo el dolor, hoy estoy aquí. Que el camino fue difícil, pero no estuve sola. Tuve a mi abogada, una mujer que nunca me soltó, incluso cuando yo le decía que no le veía futuro a nada. Gracias a su acompañamiento, a su fuerza y a su fe en mí, llegué hasta donde estoy”.
Recuerda también aquel episodio con una serenidad que antes le era ajena.
“Cuando denuncié, no fue una decisión propia. Mis papás me impulsaron. Me dijeron: ‘Ve, dilo. Hazlo”. Si ellos no me hubieran apoyado, probablemente no lo habría hecho. Habría seguido sintiéndome culpable por algo que nunca fue mi culpa. Hoy sé que fue la mejor decisión. Me reconozco en el espejo y me repito todos los días que sí valgo, que sí se puede, que nadie nunca más me va a hacer sentir menos. Aprendí que, cuando te rodeas de personas con vocación, que realmente luchan por ti, empiezas a ver el mundo de otra manera. Dejas de sentirte revictimizada y comienzas a sanar”.
En su testimonio, Elena se dirigió a quienes han vivido experiencias similares: niñas, adolescentes y mujeres que sienten que han perdido su voz.
Con empatía, recordó que muchas veces se intenta justificar lo vivido, buscar errores propios o cargar con una culpa impuesta por otros. Pero no hay nada de que avergonzarse. El daño causado por otras personas no define la identidad de quien lo sufre. Nadie está rota. Solo se necesita volver a mirarse con amor, a reconocerse, a reconstruirse desde dentro.
Elena también habló de la importancia de soltar las etiquetas impuestas, de liberarse del dolor ajeno que fue arrojado como una carga. Para ella, el perdón hacia una misma y el acto de abrazarse son pasos fundamentales.
No minimiza el proceso. Sabe que es duro, que hay días en que parece eterno. Pero también asegura que es posible. Por más tiempo que pase, siempre hay una oportunidad para volver a empezar.
