El Radar
Por Jesús Aguilar
Gerardo Fernández Noroña, rijoso y hoy poderoso líder del Senado mexicano atajó el martes por la tarde después de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fracasó la intención de limitar la reforma judicial a razón del proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara que proponía que sí se mantuviese la elección de ministros de la corte y de magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación y se mantuvieran intactos a los demás juzgadores.
“Ibamos a asumir la decisión de los 8, no teniamos opción pero perdieron…” “Habíamos decidido que íbamos a encontrar un camino, no íbamos a ceder, pero no íbamos a ir al escenario que dijeran que desacatamos el estado de derecho, pero perdieron”, fulminó Noroña.
El Estado mexicano se quebró, lo hemos venido señalando, hoy sin un contrapeso efectivo que detenga la concentración de poder se viene completo el desmantelamiento de los principios democráticos.
Aunque la crisis constitucional no estalló formalmente debido a la falta de votos en la Suprema Corte de Justicia para frenar la reforma judicial, la realidad es que la separación de poderes ha dejado de funcionar.
A partir del próximo año, México podría entrar en un régimen en el cual el poder estará concentrado verticalmente, sin contrapesos reales.
¿Nos podremos sostener los medios libres y críticos sin otro ataque frontal de los frenéticos del morenato?
La implementación de la reforma judicial está allanando el camino hacia un sistema en el que el Poder Judicial pierde su independencia y se convierte en una herramienta del Ejecutivo.
Pero desde una posición de cero apasionamientos, debemos señalar con claridad que este cambio es profundamente peligroso, pues deja la justicia al alcance de quienes tengan los recursos para comprar jueces o, en su defecto, intimidarlos mediante la violencia.
¿Cómo podrán Claudia y sus aliados al márgen de su meta poder blindar la elección de juzgadores de los tentátculos del narco?
Si el dinero o el poder político determinan quién recibe justicia, se quebranta el principio de igualdad ante la ley y se fomenta un sistema de impunidad y abuso.
La institucionalidad en México se encuentra en ruinas, y aquellos jueces que hoy se resisten a este control han empezado a ser reemplazados por otros afines al nuevo régimen, quienes aseguran la lealtad absoluta al poder en turno.
La reciente creación del Tribunal de Disciplina Judicial podría convertirse en un arma de persecución política contra jueces que defiendan su autonomía, imponiendo así un “super poder” meta constitucional que asfixia cualquier forma de disidencia judicial.
Con este nuevo esquema, el Poder Judicial dejará de ser el vigilante de la Constitución para convertirse en un instrumento al servicio del régimen como lo fue durante los 70 años del régimen priísta, enemigo por el que los ahora detentores del poder “lucharon” por años.
¿Podrá haber excepciones dignas?
Lo dudamos, porque los jueces autónomos serán rápidamente neutralizados, ya que la Presidenta tendrá la última palabra sobre la legalidad de los actos del Ejecutivo.
Esto implica que México transitará hacia un modelo de arbitrariedad absoluta, donde la ley y la justicia estarán subordinadas a los intereses y caprichos del poder presidencial.
La falta de equilibrio de poderes arriesga la supervivencia misma de la democracia en México. El Ejecutivo, respaldado por un Legislativo alineado, ha declarado abiertamente su desprecio hacia el Poder Judicial, sometiéndolo a una campaña de estigmatización que busca consolidar el control total sobre el sistema de justicia. Este nuevo régimen, que desprecia los principios de Locke y Montesquieu sobre los contrapesos necesarios en una democracia, amenaza con convertir al Estado en un mecanismo de opresión unipersonal.
En este contexto, la voluntad y el poder de una sola persona determinarán el destino del país. La Constitución, en su forma reformada, permitirá que el Presidente o la Presidenta tenga una autoridad ilimitada, sin restricciones ni normas que protejan los derechos individuales. Las libertades, los derechos y la democracia serán cosa del pasado en un sistema donde la ley responde únicamente a los intereses del poder. México se enfrenta a la amenaza real de un autoritarismo institucionalizado, en el cual las reglas del juego democrático se han diluido, dejando a la población a merced de un “super poder” absoluto.
El poder absoluto con sus infames peligros regresó, la democracia se erosiona en un alarido, los derechos del ciudadano quedan en tercer término, y el axioma de que todo se hace por voluntad del pueblo tendrá que contrarrestarse con resistencia.
La única salida está en la trampa que los cuatroteístas se pusieron, y es doble, no pueden cambiar la constitución y viene la revocación de mandato y una elección de jueces en donde se verá con claridad quienes serán los candidatos del oficialismo y seguro tendrán un voto masivo en contra mientras la ciudadanía no ceda ante esta inconmensurable imposición.
