El presidente argentino Javier Milei deberá responder ante la justicia por haber compartido un mensaje desde su cuenta oficial en redes sociales, en el que expuso a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
Un juez federal admitió la queja presentada por la familia del menor, luego de que Milei retuiteara una publicación que lo señalaba como parte de una “familia ultrakirchnerista” y lo acusaba de ser utilizado con fines políticos. El mandatario no ha eliminado ese mensaje ni ha ofrecido una disculpa, lo que ha generado polémica.
El juez Alberto Recondo dio al presidente un plazo de cinco días hábiles —que se extiende hasta principios de agosto por el receso invernal— para presentar su versión. Esta decisión marca un precedente, ya que establece que los mensajes de Milei en redes sociales son considerados declaraciones oficiales del jefe de Estado, no simples opiniones personales.
El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, señaló que la demanda sigue en curso y confirmó que Milei nunca se acercó a disculparse. De hecho, dijo que tras el inicio del proceso legal, las agresiones en redes aumentaron, tanto desde la cuenta oficial del presidente como de usuarios afines.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió que la intención no era atacar al niño, sino señalar a los periodistas que supuestamente lo usaron con fines políticos. Ian, quien tiene gran presencia en redes sociales, ha impulsado la visibilidad del autismo y ha sido recibido por políticos de distintos partidos.
La controversia también se remonta a una reunión entre la madre del menor y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien presuntamente minimizó la responsabilidad del Estado ante las discapacidades, lo cual desató fuertes críticas.
El juez también subrayó que la cuenta de Milei en X (antes Twitter) está verificada como gubernamental, por lo que todo lo que publica tiene carácter oficial. “Ser presidente implica responsabilidad constante”, destacó el abogado Gil Domínguez, quien espera que esta resolución limite futuros ataques desde el poder.
Ahora, la justicia argentina está a la espera de la respuesta oficial del presidente.
