El Radar por Jesús Aguilar
La llamada Ley Serrano está en retirada. El gobernador Ricardo Gallardo presentó la iniciativa para derogarla después de meses de desgaste, encarcelamientos, denunciasde persecución y una discusión que terminó lastimando mucho más que la relación entre el poder y los medios.
La derogación puede cerrar una etapa.
No necesariamente el problema.
En la reunión convocada por el Gobierno del Estado para comenzar a discutir inteligencia artificial, redes sociales y comunicación quedó flotando una inquietud: mientras una ley se retira, se habla ya de otra iniciativa cuyo contenido nadie conoce.
Después de lo vivido, pedir confianza a ciegas sería demasiado.
Fui invitado a esa reunión y pude tomar la palabra.
Expuse lo mismo que he sostenido en mis noticieros, en la Mesa Cuadrada, en esta columna y frente al propio diputado Héctor Serrano, con quien el tema se ha discutido abiertamente en sus colaboraciones semanales en los noticieros de MG Radio.
Regulación, sí. Censura, no. Cárcel por criticar, investigar o publicar, nunca.
Una revisión y purga emocional al ecosistema mediático tan politizado y radicalizado en el que influyen gobiernos y políticos, indispensable.
No hay contradicción en reconocer que existen problemas reales.
Las cuentas falsas, la suplantación de identidad, las campañas coordinadas, la desinformación y los contenidos fabricados con inteligencia artificial exigen una discusión seria.
¿Es válido que los que se sienten agraviados disfracen de periodismo una retahila de insultos a los gobernantes que acusan de reprimirlos?
¿Es ése el espacio para defenderse realmente?
¿Cómo se puede desintoxicar el ecosistema de medios que vive entre posiciones ideológicas, impulso político y desgaste deshumanizante?
Pero ojo, regular no puede significar controlar la crítica.
La libertad de expresión no depende del gobernante en turno ni del humor de un funcionario.
Para los abusos existen el derecho de réplica, la rectificación, las vías civiles y otras responsabilidades legales.
La prisión nunca puede ser la respuesta.
La derogación tampoco borra lo ocurrido.
Hubo personas encarceladas.
Hubo periodistas, comunicadores y creadores de contenido que se sintieron perseguidos, amenazados o expuestos.
Algunos endurecieron sus posturas. Sería muy fácil juzgarlos sin haber vivido lo que ellos enfrentaron.
Su experiencia debe formar parte de cualquier nueva discusión.
No como adorno, sino como límite.
También es necesario admitir que el ecosistema de medios tiene deudas propias.
La libertad de expresión es una cosa.
El financiamiento opaco de medios, páginas, cuentas, vocerías o influencers es otra.
La sociedad tiene derecho a saber cuánto dinero público se entrega, a quién, por qué servicio y bajo qué criterios.
Defender la libertad no significa justificar la compra de aplausos, silencios o
ataques.
Por eso una nueva regulación no puede redactarse en secreto ni construirse solamente con funcionarios, legisladores y voces cercanas al poder.
Nadie representa por sí solo a todos los periodistas.
Nadie representa a todos los medios.
Nadie representa a todos los creadores de contenido.
Y no se puede avanzar realmente sin una discusión plural, con especialistas, académicos, organismos defensores de derechos humanos, profesionales de la tecnología y también con las voces más incómodas. TODOS AJENOS A LOS INTERESES POLÍTICOS DEL MOMENTO.
Ricardo Gallardo tiene entonces la oportunidad de ser uno más en el lío, y convertirse en un ejecutor de una decisión de estado.
Pero hay más, es indispensable señalar que falta alguien que casi siempre queda fuera de estas mesas.
La audiencia.
Durante meses se ha hablado del Gobierno, del otro Gobierno, de los periodistas, de los críticos, de los medios y de los creadores.
Pero, ¿quién está pensando en la persona que recibe la información?
El ciudadano valida al político con su voto y al comunicador con su confianza.
Hace permanecer a un partido, a un gobierno o a un medio. También puede retirarse de todos cuando dejan de representarlo.
Quienes hemos vivido durante décadas para y de la comunicación sabemos que los gobiernos pasan, los partidos cambian, las plataformas se transforman y las crisis terminan.
La audiencia permanece, muta, premia y castiga.
Ella decide si un político fue digno de su voto y si un comunicador honró el privilegio de informar.
Por eso hace falta algo más que derogar una ley, o en este caso preciso eliminar una adecuación impresentable al código penal estatal.
Reitero, es absolutamente necesaria una profunda, transparente y contundente depuración emocional del ecosistema: no para olvidar agravios ni repartir culpas por igual, sino para impedir que la siguiente reforma nazca de la revancha, del miedo o
del deseo de controlar.
La derogación de la Ley Serrano será una buena noticia si significa una corrección auténtica.
Será apenas una maniobra política e incluso un mea culpa calculado si, mientras una norma sale por la puerta, otra se redacta en habitaciones cerradas.
No necesitamos conocer la nueva iniciativa cuando ya esté terminada.
Necesitamos saber desde ahora quién la escribe, qué pretende regular y cuáles serán sus límites.
La libertad de expresión no se protege así, y los “asesores” que le hablan al oido a los tomadores de decisiones no pueden seguir encumbrando a unos para que terminen fastidiados con una lectura equívoca de lo que realmente sucede.
Hoy con tantos heridos maltrechos lo que pasó ayer no fue una victoria de nadie, pero puede ser el principio de una apertura impensada, pero requiere mucho más que voluntad, porque nadie puede regir una nueva era, desde la política, debe ser desde los derechos humanos, el respeto irrestricto a la libertad de expresión, la responsabilidad personal total y la conversión de una crisis en la verdadera oportunidad de no querer imponer con tendencia, ni protección anticipada ante la avalancha preelectoral que nos inunda.
