El Radar por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
La historia empieza en el mar, pero termina en Palacio Nacional.
Y miren que ahí andan “haciendo olas”, y no de las mundialistas.
En el México real, la verdad genera carambolas de más de 3 bandas.
Durante años, la Marina fue presentada como la institución intocable: disciplina, eficacia, uniforme limpio frente al pantano civil. Pero el caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna abrió una grieta que ya no cabe en el discurso cómodo de “casos aislados”.
La FGR sostiene que los Farías, señalados por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal en aduanas, habrían contado con protección derivada de su parentesco con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Reforma publicó que Ojeda no aparece como imputado, pero sí es mencionado en la carpeta al narrarse el contexto de protección institucional y el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien habría denunciado la red.
Ahí está el dato que cambia la dimensión del caso: no hablamos sólo de combustible ilegal. Hablamos de aduanas, mandos navales, protección interna, muertos alrededor del expediente y una pregunta venenosa: ¿hasta dónde se corrompió una institución a la que el Estado le entregó llaves estratégicas del país?
Código Magenta agregó una pieza explosiva: desde Buenos Aires, Fernando Farías Laguna sostuvo que huyó por miedo a ser asesinado, que el contralmirante Guerrero Alcántar lo buscó para advertirle de una red de marinos que protegían el contrabando, y que los nombres de los hermanos Farías habrían sido utilizados por su parentesco con Ojeda para facilitar permisos. También señala que Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024, cinco meses después de haber denunciado los hechos.
La versión de Farías no absuelve. Pero incomoda. Porque si miente, hay que probarlo. Y si dice una parte de la verdad, entonces el expediente no mira hacia arriba con la fuerza suficiente.
El periodista Raymundo Riva Palacio coloca otro dato clave: Fernando Farías, detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026, habría construido durante meses una colaboración con autoridades de Estados Unidos para detallar quiénes participaron en lo que el columnista llama “el robo de la nación más grande en la historia”.
Ese es el cabo suelto. Ahí es donde muchos deben estar pensando a dónde huir.
No está sólo en Argentina. Está en México. Está en la Marina. Está en las aduanas. Está en el sexenio anterior. Y está en la incomodidad de un gobierno que heredó, administró y ahora debe explicar una red que se movía donde supuestamente estaba el blindaje más confiable del Estado.
Y entonces, mientras el país intenta entender una trama de huachicol fiscal, asesinatos, mandos navales y corrupción de alto calado, Palacio Nacional decide abrirle la puerta simbólica a Junior H.
La explicación oficial fue cultural: la segunda edición de México Canta, concurso binacional para jóvenes, regional mexicano, paz, prevención de adicciones y música sin apología de la violencia. Junior H y Majo Aguilar acompañaron a Claudia Sheinbaum en la mañanera para presentar ese proyecto.
El problema no es invitar a un artista popular. El problema es el mensaje.
Junior H reconoció en Palacio que algunas de sus primeras letras no transmitían el mensaje positivo que hoy busca proyectar. Procuró el cantante regional hablar de su evolución artística y responsabilidad frente a las nuevas generaciones.
Pero su historial no es neutro. Milenio documentó el caso de “El Azul”, canción interpretada con Peso Pluma, señalada por referencias a figuras como El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y el universo simbólico del Cártel de Sinaloa; incluso reportó que Junior H fue denunciado por presunta apología del delito tras cantarla en Jalisco.
Ahí está la contradicción: un gobierno que dice combatir la narcocultura termina usando a una de sus figuras más visibles para lanzar una campaña contra la narcocultura.
Puede ser reinserción cultural. Puede ser estrategia inteligente para hablarle a los jóvenes desde sus propios códigos. Puede ser, incluso, una apuesta correcta si viene acompañada de una ruptura clara, pública y verificable con la glorificación criminal.
Pero también puede ser otra cosa: la normalización estética de aquello que el país dice combatir.
De cualquier manera, y pensando en positivo, asumiendo que es muy bueno que un personaje influyente en tanta gente como Junior H asume publicamente su responsabilidad para mandar un mensaje de conciencia. ¿A quien en sus 5 sentidos se le ocurre subirlo a una mañanera cuando el punto más urgente y caliente de la agenda bilateral es el señalamiento de vínculos del gobernador con licencia Rocha Moya, de Sinaloa y una decena de funcionarios y ex funcionarios ligados al Cártel de Sinaloa?
Porque México no sólo tiene un problema con el crimen organizado. Tiene un problema con los símbolos. Con lo que premia. Con lo que calla. Con lo que sube al escenario.
Y mientras la Marina intenta explicar cómo una red de huachicol fiscal pudo crecer bajo uniforme, Palacio intenta explicar cómo se combate la apología de la violencia invitando a quien ha cantado desde esa frontera.
La pregunta no es si Junior H puede cambiar.
La pregunta es si el Estado mexicano sabe distinguir entre transformar una cultura y usarla como escenografía.
Porque un país que no esclarece a sus muertos, no limpia sus aduanas, no abre completo sus expedientes y además confunde popularidad con autoridad moral, acaba enviando un mensaje devastador:
que el poder puede perdonar casi todo, siempre que tenga buen ritmo.
