Por Jesús Aguilar
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Zenón de Elea, filósofo denominado el “genio de la desesperación” cuatro siglos antes de Cristo afirmó que “estamos siendo los cooperadores necesarios de nuestra propia manipulación”, hoy en la era de la hiperconectividad, la información más que nunca es un arma poderosa.
A Las guerras sucias digitales se suma el uso de fake news y la manipulación de la opinión pública han sido instrumentalizadas con fondos públicos en múltiples países, incluido México. Estos mecanismos no solo buscan desacreditar a adversarios políticos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y polarizan a la sociedad.
Perdidos en el Funcionamiento de las Guerras Sucias Digitales
Alrededor de las campañas de desinformación y ataques digitales se despliegan a través de redes de bots, troles y medios afines para amplificar mensajes distorsionados o falsos. Según un informe de la Universidad de Oxford (The Global Disinformation Order, 2021), al menos 81 países han documentado el uso de estrategias de manipulación digital con fines políticos.
Terrible manejo se ha ido documentando en México, el Laboratorio Signa Lab del ITESO ha señalado cómo cuentas automatizadas y ejércitos de troles han sido utilizados para atacar periodistas, activistas y opositores gubernamentales.
Al financiamiento de estas estrategias que proviene muchas veces de recursos públicos habría que ponerle candados sí o sí. Investigaciones periodísticas han evidenciado que gobiernos han contratado empresas especializadas en gestión de redes sociales para influir en el debate público o con cinismo desboradado pone candados a la asignación arbitraria de recursos a medios de comunicación que… ¿No existen?. El caso de Pegasus, un software espía utilizado para vigilar periodistas y opositores en México, demostró cómo el Estado ha invertido en herramientas digitales para el control informativo y la persecución política.
Casos Emblemáticos en México
Hay que recordar cómo uno de los ejemplos más sonados fue la llamada Operación Berlín, documentada por el periodista Álvaro Delgado, en la que se reveló una campaña de desprestigio contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones de 2018. Se identificaron campañas en redes sociales financiadas por grupos opositores con el objetivo de sembrar dudas sobre su candidatura.
Independientemente, otro caso reciente es el de los ataques a periodistas críticos del actual gobierno. Cuentas en Twitter y Facebook, coordinadas mediante hashtags, han promovido campañas de desprestigio contra figuras como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. La consultora SPIN-TCP, dirigida por Luis Estrada, ha documentado que el gobierno federal gasta millones de pesos en publicidad oficial, con una fuerte presencia en medios digitales afines a la administración.
Nadar de muertito en la legislación en México: ¿Protección o Permisividad?
Ominosamente, México carece de una regulación efectiva para combatir la desinformación financiada con dinero público. Si bien existen leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe el uso de recursos públicos para fines personales o partidistas, no hay un marco específico que regule las campañas digitales de desinformación.
Coincidentemente el Congreso se han propuesto iniciativas para regular las redes sociales, como la impulsada por Ricardo Monreal en 2021, que buscaba establecer mecanismos de control sobre plataformas digitales. Sin embargo, estas propuestas han sido criticadas por representar una posible censura más que un intento real de combatir la desinformación.
El Desafío para la Democracia
Rápidamente las guerras sucias digitales representan una amenaza creciente para la democracia. La facilidad con la que los gobiernos pueden financiar campañas de desinformación sin consecuencias legales muestra una grave falla en la rendición de cuentas.
Aunque hay pequeños esfuezos, mientras no existan regulaciones claras y mecanismos de auditoría efectivos, el uso del dinero público para manipular la opinión pública seguirá siendo una realidad que socava la confianza en las instituciones y distorsiona el debate democrático.
Todos los que hemos sido presas de una de estas campañas pagadas por particulares o entes públicos sabemos que los daños son incalculables y los efectos reversibles son intangibles.
Increíblemente los que terminan por validar esto son los insaciables del morbo, los que comparten sin fijarse que medio reproduce una información, o un rumor, los que para subirse al “tren del mame” solo usan una nueva presunta noticia como tema de conversación. Ahí es donde finalmente la puerca tuerce el rabo, porque nadie es invulnerable a vivir lo mismo en incontables ocasiones.
