Sin más arma que “la verdad”, cada vez crece el número de familias que se atreven a alzar la voz para evidenciar las injusticias de un gobierno que, dicen, aplica mano dura no contra los verdaderos delincuentes, sino contra ciudadanos inocentes detenidos por encontrarse en el lugar y el momento equivocados o, peor aún, por el sólo hecho de llevar el mismo apellido que el presunto delincuente.
Es el caso de Martín Sáenz Martínez y Miguel Ángel Valles Carrasco, dos “víctimas del sistema”, cuyos padres se han dedicado desde hace tres años a tratar de probar su inocencia, con el apoyo de organizaciones civiles.
En junio de 2009 Martín estudiaba la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Regional del Norte, cuando fue aprehendido por la policía por sus presuntos vínculos con una banda de secuestradores llamada La Familia por tratarse de integrantes de un mismo núcleo familiar.
Según la Fiscalía General, la banda siempre andaba de un lado a otro con sus familiares e hijos, rentaban viviendas, convivían con la comunidad. Las mujeres jugaban un rol importante en el grupo dirigido por Martín Sáenz de la Cruz, prófugo de la justicia: conseguían información sobre sus potenciales víctimas.
Martín Sáenz fue detenido por llevar el apellido “Sáenz”.
El joven de 21 años de edad fue absuelto en un juicio oral el pasado 28 de diciembre, pero la Fiscalía apeló la decisión.
“El Ministerio Público tiene la consigna de no dejarlo salir, pues su captura fue exhibida ante los medios de comunicación como un gran golpe de las autoridades”, asegura Aurora Inés Martínez Rodríguez, madre de Martín, preso en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad.
El 5 de junio de 2009 agentes policiacos arribaron a la casa de la familia Sáenz Martínez, en Ciudad Juárez, con una orden de cateo. Antes de dejar el domicilio tomaron una cámara de video, dinero y joyas. Posteriormente, Martín recibió una llamada telefónica y le pidieron que fuera a las instalaciones de la PGJE para que recuperara la cámara. Al llegar al lugar fue aprehendido.
Después de tres días su familia supo que Martín estaba detenido, acusado de pertenecer a La Familia. Días después fue presentado a los medios de comunicación, junto con Jorge Daniel Griego, Daniel Ricardo Jáquez Barrón, César Alejandro Jiménez, Alberto Guadalupe Reyes García, Homero Gallegos Sifuentes y David Trejo García.
“Mi hijo estaba en Juárez, estudiaba. Los maestros y la misma escuela ya han enviado oficios, han dicho que Martín estaba en clases y dan fe de su comportamiento, y aun así lo quieren mantener detenido”, dice Aurora Martínez.
La madre de Martín asegura que los detenidos no se conocían entre sí, y por lo menos a otro de los jóvenes, Daniel Ricardo Jáquez Barrón, también de Ciudad Juárez, tampoco le han comprobado su culpabilidad, añade. La madre de este último ha recorrido el mismo camino que Aurora Inés en busca de la libertad de su hijo. Ambos siguen presos.
Aurora Inés admite que dos tíos de Martín están relacionados con La Familia por el lado paterno. Sin embargo, aclara, el padre nunca se hizo cargo de la manutención y, por tanto, ninguno de sus tres hijos tuvo relación con esa familia, cuyos integrantes fueron detenidos en el estado de Querétaro.
De víctima a victimario
El de Miguel Ángel Valles Carrasco es otro más de los casos donde prevalece la injusticia sin que las autoridades, dicen sus familiares, hagan nada por investigar los hechos verdaderos.
El 7 de junio de 2009 Miguel Ángel acudió a casa de sus padres para comer con ellos. De regreso a su domicilio, alrededor de las 18:00 horas, salió en una camioneta Captiva, propiedad de su hermana.
Miguel se llevó la unidad para hacerle el cambio de placas el siguiente lunes, debido a que tenía matrículas de Coahuila. Antes de llegar a su casa se dirigió a un centro comercial, ubicado en el cruce de Universidad y Américas, en esta ciudad.
Cuando circulaba por la avenida Américas y José María Mata, a unas cuadras del centro comercial, empezó a seguirlo un vehículo Dodge Charger rojo que minutos después le cerró el paso, hechos que constan en los videos captados por las cámaras de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Los tripulantes de la Charger obligaron a Miguel Ángel a descender de su automóvil, al tiempo que disparaban a una de las llantas.
Los agresores intentaron llevarse la camioneta, pero no pudieron hacerlo porque la llanta quedó inservible. Una cuadra más adelante, dejaron la unidad prendida, según consta en el expediente.
En ese momento, los sujetos de la Charger recibieron una llamada en la que les pedían que se dirigieran a la plaza comercial Galerías porque necesitaban refuerzos, debido a que había un enfrentamiento con militares en el lugar.
Antes de partir ordenaron a Miguel Ángel que se subiera a la unidad.
“Les dije que para qué, si ya tenían la camioneta, que se la llevaran. Me gritaban que me subiera en el asiento de enfrente y no los viera. Hicieron que me subiera del lado del copiloto, iba metido en el habitáculo, pero los pies y el resto del cuerpo recargados en el asiento con la cara agachada para evitar verlos y así hacer lo que ellos me ordenaban”, relata la víctima en una serie de cartas que escribió durante un año y medio y que su familia publicó en una edición casera llamada “Cartas de un prisionero de alma libre”.
Llegaron al lugar del enfrentamiento y los sujetos de la Charger comenzaron a disparar contra una camioneta Durango plateada.
“Lo pude ver en momentos porque el ruido de los disparos en ocasiones era ensordecedor y trataba de ver qué estaba sucediendo para tratar de resguardarme lo mejor posible. Lo menos que quería era morirme de un balazo”, escribe Miguel Ángel.
Luego de que uno de los delincuentes fue herido de bala, huyeron del lugar. Según el relato de Miguel Ángel, escuchaba la sirena de las patrullas que los seguían y sintió alivio.
Una bala ponchó el auto. Los delincuentes intentaron huir, pero los policías les dieron alcance. Miguel respiró y dio gracias a los agentes. Explicó: “Señor, ellos me levantaron, gracias por llegar”. “No te pregunté, perro”, fue la respuesta que recibió.
Enseguida fue trasladado a la V Zona Militar, junto con sus captores. “No creía lo que estaba sucediendo, en vez de sentirme salvado o rescatado de esa situación, me estaban tratando como basura, como un agresor, como un delincuente más…”.
No sólo eso: uno de los policías municipales le robó un reloj que su padre le había regalado en Navidad, y también se llevaron su cartera y su celular.
“Me dijeron que si preguntaban por mis pertenencias les dijera que no traía nada. Respondí: ‘ok ok’, ya no quería que me golpearan más”.
Ya en la V Zona Militar, Miguel insistía que había sido víctima de secuestro. “Hubo un militar, supongo, que empezó a darme la razón porque a las otras dos personas que llevaban conmigo las seguían golpeando y castigando. Me dijo: ‘no te preocupes, ya se está aclarando, ¿necesitas algo?’. Me llevó a sentarme a un catre o algo así. Me dijo: ‘¿verdad que soy un amor?’”.
Continuó el interrogatorio y le preguntaron para quién trabajaba. Después lo llevaron a una celda, donde permaneció con los ojos vendados. Posteriormente le ataron las manos atrás y lo recargaron sobre algo “que parecía rejas”, según Miguel Valles.
Cuando fueron detenidos, los captores de Miguel Ángel aseguraron que no lo conocían y que iba con ellos porque les había pedido un aventón. Sin embargo, al llegar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) cambiaron su declaración y lo inculparon. Ya habían sido asesorados por su abogado, el defensor que les había puesto “La Línea”, grupo delictivo al que pertenecen los sujetos que plagiaron a Miguel Ángel.
Mientras eso sucedía, la familia ya lo había buscado en cárceles y hospitales. “Pasamos horas afuera de hospitales, llegaban muchos baleados y ninguno era él”, recuerda su hermana Maricarmen, quien asegura que a días antes a ella también habían intentado robarle la camioneta.
Un día después de la desaparición de Miguel Ángel supieron dónde estaba. El abogado de los otros dos detenidos, Eduardo Pérez Campos, les ofreció sus servicios, pero no los aceptaron, convencidos de la inocencia de Miguel Ángel.
El 10 de junio la prensa lo presentó como delincuente, junto con sus captores: “Consignan a narcos de enfrentamiento en plaza Galerías”, “Fue un enfrentamiento militares-sicarios; un soldado herido”.
Miguel Valles fue consignado por el Ministerio Público Federal al Juzgado Tercero de Distrito como presunto responsable de delitos contra la salud, homicidio en grado de tentativa contra un militar, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y delito cometido contra servidores públicos.
Después de tres años en la cárcel, la juez Alma Delia Delgado Ramírez lo condenó a 24 años y ocho meses de prisión.
En septiembre de 2011 fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 9 en Ciudad Juárez, y el pasado 21 de marzo lo cambiaron a un Cefereso de Guanajuato, lo que colocó a la familia en una situación más difícil.
“Es un momento difícil para todos los que queremos a Maic, en el que Dios pone a prueba nuestra fe, ¡que no decaiga el ánimo Maic, estamos contigo!”, se lee en el perfil de Facebook de la familia de Miguel Ángel.
Una y otra vez, la familia Valles Carrasco ha explicado a las autoridades que Miguel Ángel es inocente, y ha aportado pruebas.
“Encontraron la camioneta abandonada y no tomaron en cuenta ese detalle, a pesar de que a mí me la habían intentado robar una semana antes”, explica Maricarmen Valles.
“Les llevamos al encargado del monitoreo de videos de Seguridad Pública Municipal, porque no lo habían llamado a declarar. Un perito aprobó la veracidad del video del momento en el que le cerraron el paso a mi hijo y tienen la denuncia de desaparecido cuando no sabíamos dónde estaba. Mandamos a hacer un peritaje particular que sacó el pedazo de la llanta de la bala que tenía la camioneta cuando le dispararon para evitar que circulara”, añade el padre.
Además, dice que hay una serie de incongruencias y contradicciones en la declaración de los militares y policías municipales. Unos aseguran que aprehendieron a Miguel Ángel y a sus captores en Plaza Galerías y los otros que en el parque El Reliz, como realmente fue.
Sobre la prueba de radizonato, que salió positiva, la familia argumenta que Miguel Ángel estaba cerca de sus plagiarios cuando dispararon durante la balacera y permaneció agarrado del tablero.
“Esa es la prueba más fuerte y, aun así, la persona que entregó el peritaje puso fecha de dos meses antes de los hechos, ya que trae como fecha abril del 2009”, dice el padre de la víctima, quien maldice las trabas gubernamentales y las murallas de sordera burocrática.
Cuando Miguel Ángel y sus captores fueron consignados el Juzgado Tercero de lo Penal y trasladados al Cereso de Aquiles Serdán, los dos últimos declararon que la droga y las armas eran de Miguel Ángel, aunque durante el primer careo dijeron que no lo conocían. Estas últimas declaraciones no fueron tomadas en cuenta por la juez, según consta en el expediente 80-2009.
Miguel Ángel, su defensa y la familia han señalado que todas las pruebas que lo favorecen han sido rechazadas. Lo del carro abandonado, según la juez, podría ser un montaje, pero no lo ha comprobado.
“Tanto el video como el reporte del auto abandonado ocurrieron antes de que se suscitara la detención de la Charger. Son pruebas fehacientes de que fue secuestrado”, insiste su padre.
Advierte, asimismo, que solicitarán un amparo y, de ser necesario, llevarán el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La reclusión
En las cartas que ha escrito desde que se encuentra preso, Miguel Ángel asegura que su peor época ha sido la del penal de Aquiles Serdán, en 2009 y 2010. Los motines, balaceras y fugas evidenciaron la falta de control de las autoridades en el Cereso, donde La Línea y Los Chapos, dice, tenían controladas las áreas.
A Miguel le correspondió el área de La Línea, donde tuvo que convivir con sus propios plagiarios.
De los supuestos cómplices, uno fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Nayarit y el otro, junto con Miguel Ángel, al Cefereso de Ciudad Juárez.
El que fue a Nayarit, según los familiares de Miguel Ángel, es un expolicía que estuvo implicado en los asesinatos de Villa Ahumada. El otro fue gerente del restaurante japonés Akari y de una cadena de pizzas. Según él mismo les contó, recibía cinco mil por robar un carro y decidió continuar con esa actividad.
Cuando trasladaron a Miguel al Cefereso de Juárez, la vida de la familia cambió radicalmente, ya que solo pueden verlo cada semana. Sin embargo el pasado 21 de marzo fue trasladado a un Cefereso de Guanajuato.
“Gracias al excelente Sistema de Justicia en México, esta próxima Navidad es la cuarta que paso en la cárcel, lejos de mi familia siendo inocente. Gracias a la señora juez Alma Delia Delgado Ramírez, que simple y sencillamente no admite las pruebas aportadas a favor de mi inocencia, en cambio les concede toda la credibilidad a elementos del ejército nacional que distan mucho de ser personas con moral y lo vertido por ellos en su informe es falso, gracias a ustedes soldados, seguiré preso por sus falsedades…”, escribió Miguel Ángel Valles Carrasco en la Navidad de 2012.
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