En las últimas semanas, dos casos sacudieron la conciencia de los mexicanos. Llegaron a las primeras planas de los periódicos.
Involucraron a apellidos como Imaz, Murillo Karam, y Góngora Pimentel. Ambos fueron criticados, reportados, comentados y abordados en mesas de discusión.
Los dos tienen una cosa en común: la justicia mexicana no hizo lo propio y en cambio los mismos involucrados, ante la presión social y mediática, se retractaron o simplemente llegaron a acuerdos extrajudiciales.
Otro caso también conmocionó la opinión pública, aunque no involucra políticos.
Hace un par de meses Darcy, de 20 años, que trabajaba en una heladería en la delegación Benito Juárez, fue asesinada a golpes por un exnovio celoso que la acosó y amenazó durante semanas después de que ella lo dejara.
Hay tres historias que tienen en común la violencia de género en México: Alexia Imaz, hija del director del Cisen; Ana María Orozco, la expareja del exministro Genaro Góngora Pimentel; y de Darcy Losada. Todas recientes.
Casos paradójicos en donde a veces sí importa de quién seas hijo, nieto, o esposa para que la impunidad prevalezca para castigar al culpable, y al final, no pasa nada.
Justicia pareja, pero depende a quién se juzgue
Desde la tribuna de la ALDF, el PRD presentó un punto de acuerdo para asentar si en el caso Góngora hubo procesos irregulares, tráfico de influencias y violación de los derechos humanos
La diputada local del PRD Ariadna Montiel Reyes, presentó un punto de acuerdo que solicita revisar los actos relacionados con la pensión alimentaria de los dos hijos del exmagistrado Genaro Góngora y la investigación del proceso jurídico que resultó en la prisión de su exesposa Ana María Orozco.
En las Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se solicitó formalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), Édgar Elías Azar, que ordene una revisión a fondo del proceso que enfrenta Orozco, en la denuncia penal que presentó en su contra expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel.
Los hechos cuestionados ponen de manifiesto el tráfico de influencias que utilizó el ministro retirado que, con un sueldo de 345 mil pesos mensuales comprobados, disminuyó la pensión alimenticia a su familia del 35 por ciento que marca la ley y había sido ya aprobado, a 50 mil pesos.
El acuerdo que presentó ante el pleno la legisladora pide al TSJDF información sobre los procedimientos para otorgar a los peritos de diferentes especialidades el registro, particularmente los encargados de los casos de maltrato a menores, relacionado en el caso de Góngora.
La diputada advirtió sobre la relevancia que tienen sus dictámenes en las decisiones de los jueces, por lo que pidió además una lista de los peritos registrados, sus competencias y los casos en los que su opinión ha influido.
Agregó que en el caso de Góngora se pone de manifiesto en el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia, la corrupción y tráfico de influencias.
“El tráfico de influencias y la corrupción, fenómenos que lastiman a la sociedad mexicana, deben ser desterrados de una vez y para siempre, con mayor razón cuando son perpetrados directa o indirectamente por quien representa a la justicia, por quien la ha impartido a lo largo de su vida profesional, o por quien con la Constitución bajo el brazo deja caer el peso de la ley sobre una sola persona”, dijo la legisladora perredista Montiel Reyes.
Y citó las estadísticas que comprueban que en México, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se originan en el Estado, el Ejército, las dependencias de seguridad, y los ministerios públicos.
El exministro todopoderoso
En cuestión de días, otro caso salió a la luz.
Una investigación periodística reveló que el exministro Genaro Góngora Pimentel utilizó influencias en el sistema judicial para encarcelar a su expareja, Ana María Orozco Castillo, con quien tuvo dos hijos, por un presunto fraude luego de que ella presentara una demanda de pensión alimenticia para sus dos hijos.
El también expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora Pimentel, no sólo impugnó la demanda, sino que también reclamó la patria potestad de los menores, David y Ulises, acusando a María Orozco de maltrato.
Después de publicado el caso por Carmen Aristegui en MVS Noticias, una vez más se contagió la indignación social por la supuesta injusticia y tráfico de influencias, en las redes sociales y la opinión pública.
La noticia adquirió amplia cobertura mediática y escándalo, mismo que llevaron al ministro retirado a hacer una declaración pública mediante una carta enviada a Aristegui en la que reconoció “haberse dejado llevar por emociones de desconcierto”.
Pero aclaró, “nunca he faltado a mi deber de padre o a mis hijos, siempre he estado al pendiente de sus necesidades emocionales, físicas, y materiales”.
Marta Orozco Castillo, hasta ayer permanecía en la cárcel cumpliendo una condena por fraude por hasta 11 años. Se le acusa de que puso a su nombre una casa que Góngora dejó a los dos niños.
Ana María Orozco aseguró en una entrevista que su expareja había utilizado una vez sus influencias para solicitar un peritaje “urgente” por el supuesto maltrato infantil de Orozco hacia sus hijos de 7 y 5 años.
Después del escándalo mediático en donde se puso de manifiesto el proceder de Góngora Pimentel, el exministro, después de disculparse ofreció desistirse de la acción penal que mantiene contra Ana María Orozco Castillo.
Dos abogados de Góngora visitan a Orozco Castillo en el penal para plantearle su excarcelación y un aumento de la pensión alimenticia para sus hijos David e Ulises, que regresarían a su custodia.
Esta vez la presión mediática fue más efectiva que la propia justicia mexicana, que sin embargo sí fue expedita para retractar la pensión fijada sobre el 35 por ciento del sueldo del exfuncionario, encarcelar a la madre de los hijos de Góngora y después disminuir la pensión y obligaciones del padre.
CASO GÓNGORA PIMENTEL
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia mantiene a su exesposa y madre de sus dos hijos, encarcelada, acusada de fraude
> 2003: Genaro Góngora y Ana María Orozco se conocen y forman pareja.
> 2005 a 2009: El exministro contrató a Orozco para ocupar diversos puestos dentro de la Suprema Corte, violando la fracción XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En esos años también nacieron sus dos hijos, quienes sufren de autismo.
> 2011: Ana María interpone un juicio de pensión alimentaria, ya que desde su ruptura, en 2009, el jurista le entregó 2 millones 300 mil pesos para construirle una casa a sus hijos, pero no le ha dado dinero para la manutención. La juez ordenó a Góngora entregar mensualmente el 35 por ciento de su salario a su exesposa para el cuidado de sus hijos (122 mil pesos, ya que su salario como ministro en retiro es 350 mil pesos mensuales).
Ese mismo año el ministro Juan Luis González Alcántara, amigo del ministro Góngora, revocó la orden de la juez y fijó la pensión en 50 mil pesos mensuales por los dos niños. También en diciembre denunció a la madre de sus hijos por fraude, ya que debió poner la casa a nombre de los hijos, y no de ella.
> 24 de mayo de 2012: La juez penal del Distrito Federal, Nelly Ivonne Cortés, ordena la captura de Orozco Castillo.
> 7 de junio de 2012: Ana María fue encarcelada en Santa Martha Acatitla, desde entonces los niños viven con su abuela materna, que trabaja de empacadora en un centro comercial.
> 25 de junio de 2012: El ministro busca conseguir la custodia de sus hijos y acusa a Orozco de violencia intrafamiliar.
> Diciembre de 2012: Una juez federal en materia civil en el DF resolvió que la tía y la abuela mantendrán custodia de los niños mientras se resuelven los conflictos legales.
> 22 de mayo de 2013: La madre de Ana María denuncio a la prensa que el ministro la amenaza con quitarle a los hijos y darlos en adopción y le ha ofrecido dinero para testificar contra su hija.
> 24 de mayo: Góngora Pimentel envía una carta a Carmen Aristegui en la que ofrece una disculpa a su expareja, familia e hijos, “si en algo les he fallado”, pero también se defendió de las acusaciones de Orozco Castillo, quien aseguró que el exministro utilizó su influencia con los jueces para encarcelarla el año pasado por un presunto fraude, luego de que esta presentara una demanda de pensión alimenticia para sus dos hijos, la cual impugnó.
> 4 de junio de 2013: Genaro David Góngora Pimentel ofreció desistirse de la acción penal que mantiene contra Ana María Orozco Castillo. Dos abogados del exministro visitan a Orozco Castillo en el penal para plantearle su excarcelación y un aumento de la pensión alimenticia para sus hijos David e Ulises, que regresarían a su custodia.
La violencia llega a redes sociales
La semana pasada fotografías del rostro joven de 22 años Alexia Imaz recorrió el espacio cibernético, causando conmoción e indignación.
Tuiteros, facebukeros y público en general condenaron al agresor, el nieto del Procurador Jesús Murillo Karam.
El escándalo y los vituperios parecieron sacudir un tema, que si bien conocido, comentado y reflexionado en aulas de universidad, centros de investigación, la prensa, resulta una realidad vivida por miles de mexicanos.
Son miles de hombres que viven en un país enraizado de una cultura de dominación del género masculino, misma que se traduce en violencia sistemática, no sólo física, sino también sexual, económica, y psicológica.
En las últimas semanas, México fue testigo de casos que alcanzaron gran popularidad por tratarse de familiares de altos funcionarios u hombres en posiciones de poder.
Hombres en el poder que gozan de un sentido amplio de impunidad y omnipotencia e incurren en abusos.
Días después de la furia desatada en Internet, y al viralización de la denuncia cibernética de la hija del director general del Cisen, Alexia Imaz, contra de Gerardo Saade Murillo, el caso pareció perecer después de la declaración del joven agresor ante la Procuraduría de Morelos, donde admitió “sentirse arrepentido”.
Ante la falta de una denuncia formal por parte de Imaz, y a pesar de las pruebas de la violencia física y una admisión de culpa de Saade, las repercusiones de los actos del joven hidalguense fueron prácticamente nulas.
CASO SAADE-IMAZ
Gerardo Saade, nieto del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam golpeó a Alexia Imaz, hija del director del Cisen, Eugenio Imaz
> 20 de mayo: Alexia Imaz publicó en redes sociales fotografías donde muestra moretones en los ojos y el siguiente mensaje: “Gerardo Saade, golpeador de mujeres. La violencia contra las mujeres es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz: Kofi Annan”.
La hermana de Alexia, María, explicó por Facebook “Esto le pasó a mi hermana. El cobarde de su exnovio se saltó a la casa como delincuente a golpearla mientras dormía. Ayúdenos a detener la violencia contra las mujeres, es un delito. Denunciemos”.
> 21 de mayo: Alexis se presentó en la Procuraduría de Morelos pero se retiró sin denunciar el delito que se persigue por querella.
En un comunicado la PGR detalló que Gerardo Saade se presentó voluntariamente ante la Procuraduría de Morelos a declarar. Aceptó haber golpeado a Alexia y sentirse arrepentido, pero salió libre ya que no existe denuncia en su contra.
> 22 de mayo: Graco Ramírez, gobernador de Morelos, negó que la Procuraduría del estado haya iniciado una investigación en contra el nieto del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por agresiones en contra del Alexia Imaz.
> 23 de mayo: Lydia Cacho denuncia que Murillo Karam negoció con el padre de la agredida para que no denunciara. Asegura que hubo llamadas entre el procurador local y Murillo Karam cuando llegó Alexis a declarar, y después llamadas entre Murillo Karam y Eugenio Imaz, quien estaba en contacto telefónico también con su hija durante su visita a la procuraduría local.
El invisible caso de Darcy Losada
Tan solo un mes antes, del 25 de marzo de este año, el cuerpo de Darcy Mariel Losada Alvarez apareció inerte y desfigurado en una barranca en la colonia Villa de Cortés en Azcapotzalco, Ciudad de México.
Darcy, de 20 años, trabajaba en una heladería para poder ahorrar y pagarse la carrera de Comunicación y Diseño en la UNAM.
Los padres responsabilizaron a su exnovio de 22 años, Omar Alejandro Rodes, por la muerte de su hija, ya que el joven la había amenazado de muerte días antes cuando ella había terminado con él después de sospechar que se había robado dinero de la caja de la heladería donde trabajaba.
De acuerdo con declaraciones, el joven de 22 años la amenazó durante días enteros de asesinarla, si Darcy no retiraba la denuncia que había interpuesto por el robo de la heladería.
El miedo llevó a Darcy a retirar la denuncia para calmar a su exnovio, Omar Alejandro.
Al poco tiempo Darcy tuvo otro novio, Noam, lo que causó una celotipia en Omar, que una vez más desató en contra de ella. La llamaba para ordenarle que fueran novios de nuevo, que dejara a Noam y que si no podría ser de él, no podría ser de nadie más.
El 25 de marzo Darcy salió de la heladería a las 8 de la noche acompañada de Alejandro, quién supuestamente quería hablar con ella para disculparse y liquidar el dinero que había robado.
No llegó a su casa.
La mañana siguiente su madre María Isabel Losada fue al Servicio Médico Forense a reconocer los restos de una joven con características parecidas a Darcy. La reconoció en segundos.
El diagnóstico oficial fue muerte por policontusiones y asfixia.
A pesar de que los padres de Darcy reunieron evidencia de conversaciones por chats en Facebook donde Alejandro la había amenazado repetidamente de muerte, y la llevaron a la Procuraduría local, el agente en cargo les dijo que lo dejaran hacer su trabajo y no intervinieran en la averiguación.
El Estado de México es una de las entidades donde se ha presentado una tendencia alarmante de feminicidios, junto otros estados como Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca, como lo publicó Reporte Indigo en la edición del pasado miércoles 29 de mayo.
La violencia en números
En marzo de este año, las Naciones Unidas emitieron una alerta sobre la violencia de género en México.
“Es más riesgoso ser mujer en México que un soldado en Gaza o en otro país que enfrenta un conflicto armado”, afirmó entonces la jefa de área de Género, Violencia y Derechos Humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, María José Gómez.
La evaluación del organismo internacional arrojó números como 800 mil mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, y alrededor de 38 mil que han sido asesinadas en los últimos años.
También advirtió la ONU que el país mantiene su posición entre los primeros lugares del mundo en la comisión de delitos de violencia sexual y trata de personas.
De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo entre los jóvenes mexicanos, realizada y coordinada por el investigador social Roberto Castro y el Instituto Mexicano de la Juventud, la violencia que sufren las mujeres en México se puede entender como un patrón que abona la perpetuación de la dominación de género.
Y es que en México, efectivamente los costos y sanciones legales son prácticamente nulos.
En el caso de Alexia Imaz la falta de denuncia formal causó confusión y sospecha y llevó a la suposición de que esta respondía a una negociación política entre el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el padre de Alexia, Eugenio Imaz, titular del Cisen.
Aún negociado o no, con o sin denuncia, el artículo 8 de la Ley General, señala que las autoridades deben evitar procedimientos de mediación o conciliación, –como el que solicitó Gerardo Saade– “por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”.
Pero Imaz se abstuvo de dar pie a un proceso legal en contra de su agresor.
El factor macho
De acuerdo con Ivonne Guerrero, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG), una de las razones que perpetúan el ciclo de impunidad es la misma respuesta de las autoridades como los ministerios públicos, quienes muchas veces justifican las agresiones que las mujeres denuncian, responsabilizándolas a ellas.
Los hombres recurren a la violencia cuando la mujer no cumple con el compromiso o las conductas esperadas, lo hacen con un afán de controlar, someter”, agrega Guerrero en entrevista con Reporte Indigo.
En un estudio que realizó la investigadora del PUEG, donde se encuestaron 183 mujeres de 17 a 27 años, universitarias, encontró que las relaciones violentas se presentan en las mujeres desde la temprana edad de 12 años, y que a mayoría de éstas viven algún tipo de violencia en sus relaciones.
En cuanto a la violencia física, Guerrero encontró que a un 20 por ciento de ellas las habían empujado, un 10 por ciento amenazadas con golpearlas, un 10 por ciento les habían aventado algo para lastimarlas.
“El problema es que la mayoría de las mujeres no pueden concebirlo como violencia, los celos no son violencia, es algo romántico, no es control, el no negarse a usar condón no es violencia, es algo privado y se tiene que respetar lo que él quiere”, explica.
“Creemos que la violencia en la pareja o la violencia doméstica se refiere a los espacios privados y ahí debe de permanecer, ahí se debe de resolver, cuando en realidad es algo que nos compete a todos”.
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-negra-vida-en-rosa
