El Radar
Por Jesús Aguilar
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí no llegó al punto crítico que hoy vive la Facultad de Derecho por accidente. Llegó por omisión, por decisiones aplazadas y por permitir que intereses ajenos a la vida académica ocuparan los espacios que la autoridad universitaria dejó vacíos.
Lo ocurrido tras la caída de Germán Pedroza Gaitán en octubre no fue únicamente una crisis local. Fue la exhibición de un problema más profundo: la incapacidad institucional para cerrar una herida cuando aún estaba abierta, lo que permitió que operadores internos y externos —algunos con militancia y otros con agenda política claramente alineada a Morena— comenzaran a disputar el control de la Facultad como si se tratara de un botín.
Derecho no es una facultad cualquiera. Es un enclave estratégico. Y por eso mismo se convirtió en terreno fértil para el manoseo, la presión soterrada y la normalización de lo que no debería ser normal: un interinato prolongado, un proceso enredado y ternas recicladas que ignoran deliberadamente las objeciones del Consejo Directivo Universitario.
En ese escenario, Javier Delgado Sam no es solo un nombre más. Es el símbolo de un proceso mal conducido. Asumió como director interino en medio del mayor desorden institucional reciente y, casi de inmediato, pasó a formar parte de las ternas que han buscado —sin éxito hasta ahora— consolidarlo como director definitivo. No es ilegal. Pero es profundamente inconveniente en una Facultad que aún no recupera la confianza de su comunidad. El colmo terminó cuando a la mitad del proceso se “alineó” con MORENA haciéndose militante.
Cuando un interinato se convierte en antesala del poder permanente; cuando las ternas regresan intactas, sin atender observaciones; cuando la política externa parece tener más peso que la deliberación académica, la universidad deja de parecer universidad y empieza a parecer un comité de negociación.
Hoy el Consejo Directivo Universitario tiene facultades suficientes para resolver el problema. Pero la decisión no puede seguir siendo tratada como un trámite. Aquí entra, inevitablemente, la figura del rector Alejandro Zermeño Guerra.
Zermeño no enfrenta solo la designación de un director. Enfrenta la posibilidad de recuperar autoridad en el momento en que más la ha perdido la institución. No hacerlo —o hacerlo de manera tibia— sería confirmar la narrativa de que la rectoría administra crisis, pero no las conduce.
Sin embargo, hay un punto que ya no puede seguir evitándose: la rectoría no puede aspirar a ordenar la universidad con un aparato político ineficiente. Y en ese diagnóstico aparece, con claridad, el nombre de Federico Garza, secretario general, convertido desde hace tiempo en un operador sin resultados, incapaz de contener conflictos, anticipar escenarios o construir acuerdos reales, y sospechosamente promotor de acuerdos tan dañinos para la Universidad como el de VEM y su ridículo paladín Fabían Espinosa Díaz de León.
La crisis de Derecho no es ajena a esa ineficiencia. Al contrario: es su consecuencia más visible. Cuando la Secretaría General no articula, no escucha y no opera, los vacíos se llenan solos… y casi nunca por quienes piensan en la universidad antes que en sus intereses.
La decisión sobre la Facultad de Derecho es importante. Pero la decisión verdaderamente estructural ya va tarde: recomponer el equipo político de la rectoría para que la universidad vuelva a tener conducción, no solo administración.
Hoy Zermeño tiene una última oportunidad clara:
o se consolida como el rector que enfrentó la peor crisis universitaria en décadas y corrigió el rumbo, el que triunfó como el prometedor agente de la “tercera vía”
o quedará como el rector que dejó pasar el momento por miedo a incomodar a quienes ya demostraron que no saben —o no quieren— gobernar la universidad.
La historia universitaria es implacable con quienes confunden prudencia con parálisis.
