La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) exoneró al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, por el supuesto delito de lavado de dinero, en el que se le involucró en junio del año pasado.
De acuerdo con el diario Reforma, la resolución a favor de Anaya tiene fecha del 28 de noviembre de 2018 argumentando que: “No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El documento, firmado por el subprocurador Alonso Israel Lira Salas, agrega que “la denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”.
Los señalamientos que pesaban sobre el exaspirante presidencial lo vinculaban con la compra-venta de una nave industrial en Querétaro.
En febrero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República, inició una investigación a Anaya por el presunto delito de lavado de dinero en la compra-venta de dicho inmueble.
Dos meses después, el diario El Español reportó que autoridades europeas investigaban la presunta comisión del delito de lavado de dinero, con una estructura en la que presuntamente estarían involucrados el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el empresario mexicano Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva.
En su reporte, El Español detalló que la indagatoria europea está enfocada en la creación de una estructura financiera, “radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.
Los fondos, agregó, habrían circulado por Canadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya, “mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.
El 7 de junio de 2018 se publicó un video que difundía supuestas pruebas de que los hermanos Juan y Manuel Barreiro hicieron operaciones para hacer llegar dinero a la campaña del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
El 12 de junio, minutos antes de que iniciara el tercer y último debate presidencial, se publicó un segundo clip con la conversación completa de una reunión entre Juan Barreiro y la empresaria argentina María Ordoñez Silva, en Madrid, España, donde aparentemente acuerdan la planeación de la compra de un terreno en Querétaro, para posteriormente hacer “arreglos”, al terminar el proceso electoral.
En su momento, el excandidato rechazó tener alguna responsabilidad en actividades de lavado de dinero y acusó a la entonces Procuraduría General de la República, y en general el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, utilizar el tema para atacarlo políticamente, dañar su imagen y elevar las posibilidades del excandidato José Antonio Meade, para ganar la elección.
Con información de Reforma
