La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación en contra de los ex alcaldes de Soledad, Roberto Cervantes Barajas y Juan Manuel Velázquez Galarza, alias “El Famy”, a petición de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por posible robo y fraude millonario.
Se investigará la procedencia de terrenos que siendo propiedad del ayuntamiento ahora están a nombre de Cervantes Barajas, así como la sustracción de cuatro millones de pesos en efectivo, y la inversión de 24 millones en luminarias que presuntamente se compraron durante el mandato de Velázquez Galarza pero que nunca se instalaron.
El alcalde Ricardo Gallardo Cardona precisó que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, “se empieza a destapar la podredumbre de pasadas administraciones que defraudaron al pueblo soledense. Para la averiguación vamos a dar las facilidades e información que las instancias correspondientes nos soliciten”.
El ayuntamiento recibió un oficio de la Procuraduría General de la República que instaura una averiguación en la que se investiga la procedencia de terrenos supuestamente propiedad de Roberto Cervantes, sustraídos del ayuntamiento durante su gobierno, “y en lo que corresponde a la administración de Juan Manuel Velázquez, la Auditoría turnó los documentos de la sustracción de cuatro millones de pesos en efectivo para el pago de una cervecería y para una empresa refresquera. Los fondos fueron transferidos a una cuenta privada en 25 cheques que posteriormente canceló el entonces tesorero y el ex alcalde panista para sustraer el efectivo”.
En lo que corresponde a las luminarias, se compraron y las dejaron abandonadas en una bodega, “nunca se obtuvo el supuesto ahorro que se obtendría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y no representan el costo de 24 millones de pesos que se gastaron”.
Gallardo Cardona expresó que recientemente sostuvo pláticas con legisladores del PAN y del PRI que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, “y hasta donde tope la Auditoría Superior, que se puso las pilas y envió los elementos suficientes que acreditan las irregularidades de pasadas administraciones”.
Confió que se castigue conforme a la ley a los responsables si incurrieron en delitos en perjuicio de la sociedad, “las irregularidades financieras están más que claras, y un ejemplo es la pavimentación de la avenida San Pedro, donde originalmente se presupuestaron 12 millones de pesos y finalmente se gastaron 25 millones en aplicar asfalto. Esto explica las condiciones deplorables en que se encuentra dicha avenida”.
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