El Radar
Por Jesús Aguilar
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La propuesta recientemente presentada por el Gobierno Federal, en voz de la Secretaría de Gobernación y con la bendición presidencial desde la conferencia mañanera, sobre la legalización de viviendas invadidas, ha encendido todas las alarmas. A primera vista parece un gesto de sensibilidad social, pero un análisis riguroso revela que podría tratarse de una medida profundamente peligrosa, populista y financieramente insostenible, que amenaza los principios jurídicos de propiedad y socava la credibilidad del Infonavit.
Una institución en entredicho
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha sido, por décadas, un organismo tripartita financiado por las aportaciones de patrones, trabajadores y el Estado, cuya misión es dotar de vivienda digna a quienes cotizan legalmente. En años recientes se celebraron reformas como la conversión de créditos de UDIS a pesos, la posibilidad de combinar financiamientos entre padres e hijos, o el incremento en los montos máximos de crédito. Todas esas medidas fortalecieron al Instituto.
Sin embargo, con la creación de una constructora interna —cuyo modelo de operación y recuperación financiera aún no está claro— y ahora esta nueva política de “regularización” de viviendas invadidas, la balanza se inclina hacia decisiones que comprometen la lógica financiera, jurídica y social del organismo.
La trampa de la “justicia social”
La propuesta, a decir de la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, aplicaría únicamente a viviendas abandonadas sin denuncia activa de despojo. No obstante, la legislación mexicana es clara: la propiedad privada no se pierde por abandono, y en muchos casos, los propietarios originales continúan cargando con la deuda y el deterioro de su historial crediticio.
¿Dónde queda la protección del patrimonio del trabajador que, por enfermedad, migración o desempleo, no pudo seguir pagando, pero aún tiene el legítimo derecho a recuperar su vivienda?
Más grave aún, expertos como el urbanista y exfuncionario del Infonavit, Sergio Leal Aguirre, advierten que esta medida “abre la puerta al incentivo perverso de ocupar ilegalmente como medio para hacerse de una propiedad”. No se trata de familias vulnerables tomando una oportunidad, sino de un sistema en el que las mafias de invasión y organizaciones clientelares pueden encontrar un nuevo filón de oro.
La distorsión del principio de legalidad
Desde el punto de vista jurídico, regularizar viviendas invadidas equivale a validar el despojo. Si el Infonavit no inicia acciones legales contra quienes han ocupado ilegalmente inmuebles —porque ni siquiera se actualizan los registros de abandono ni se activa la figura del fideicomiso de recuperación—, se deja la vía libre para que un acto ilegal derive en propiedad reconocida.
Esto es, simple y llanamente, una negación del derecho. El abogado constitucionalista Pedro Salazar lo resume así: “Estamos ante la relativización del Estado de derecho en nombre de un beneficio inmediato, y eso es populismo peligroso”.
Riesgos financieros y colaterales
Este programa no solo amenaza a la legalidad, sino a la propia viabilidad del Infonavit. Sus recursos provienen de cuotas de los trabajadores y de las empresas. Legalizar viviendas tomadas sin crédito ni aportación alguna, implica financiar el otorgamiento de patrimonio sin retorno financiero.
Y peor aún: abre una caja de Pandora en materia de seguridad, al permitir que redes criminales —ya conocidas por invadir desarrollos habitacionales para rentarlos ilegalmente— se transformen en “gestores sociales” de regularización. ¿Quién garantiza que la renta con opción a compra no sea controlada por estos grupos?
Un espejo retrovisor
Recordemos lo que ocurrió en municipios del Estado de México y Veracruz, donde invasiones toleradas bajo el discurso de justicia social derivaron en focos rojos de inseguridad, extorsión, narcomenudeo y fragmentación urbana. Muchos de esos fraccionamientos hoy son zonas fantasma o núcleos violentos donde el Estado no entra.
El programa anunciado podría replicar este fenómeno a escala nacional, sin los controles mínimos y con la institucionalidad puesta al servicio de quienes violan la ley.
Legalizar viviendas invadidas no es justicia social: es premiar la ilegalidad, dinamitar el principio de propiedad y poner en riesgo el futuro financiero del Infonavit. Urge abrir un debate técnico, jurídico y ético sobre esta propuesta. No se trata de negar alternativas a familias necesitadas, sino de garantizar que el derecho y el financiamiento público no se vuelvan cómplices del despojo.
Como sociedad, debemos exigir que el combate a la desigualdad no pase por legalizar la informalidad violenta, sino por fortalecer las políticas públicas que prevengan el abandono de viviendas, que recuperen créditos vencidos con justicia y que, sobre todo, defiendan el patrimonio legítimo de quienes sí cumplieron con su parte.
