El Radar
Por Jesús Aguilar
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El 2 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que otorga al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) la facultad de adquirir suelo y construir vivienda. Esta reforma también establece el acceso de los trabajadores a viviendas en arrendamiento social con la posibilidad de adquirirlas posteriormente en propiedad.
A pesar de las advertencias del sector empresarial y de los propios trabajadores sobre los riesgos de este modelo, la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República y con una sola abstención en la Cámara de Diputados.
Esta decisión pone sobre la mesa un debate necesario: ¿puede el Estado mexicano ser un buen empresario cuando la evidencia histórica indica lo contrario?
Un modelo fallido que regresa
Históricamente, el Estado mexicano ha demostrado ser un pésimo gestor empresarial. Casos emblemáticos como PEMEX, actualmente en quiebra técnica, reflejan los riesgos de una administración ineficiente. De hecho, el exdirector de PEMEX durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero Oropeza, ha sido colocado al frente del INFONAVIT, lo que genera aún más incertidumbre sobre la viabilidad del nuevo esquema.
El economista y especialista en políticas públicas, Alejandro Villagómez, advierte que “la experiencia ha demostrado que el Estado no tiene la capacidad operativa ni financiera para gestionar empresas exitosas en sectores estratégicos. Pemex es el mejor ejemplo de cómo la ineficiencia y la corrupción pueden llevar a una empresa estatal al borde del colapso”.
La preocupación principal radica en que ahora se pretende utilizar los fondos de ahorro de más de 70 millones de trabajadores como capital para la construcción de viviendas, lo que podría convertirse en un despojo sin precedentes.
El peligro del uso de los fondos de los trabajadores
El INFONAVIT se financia con las aportaciones de los trabajadores y los patrones, generando un fondo que históricamente ha servido para otorgar créditos hipotecarios. Sin embargo, con la reforma, el Instituto podrá destinar estos recursos a la construcción de vivienda a través de una empresa filial. Esto genera serias dudas sobre la seguridad y transparencia en el manejo de los ahorros de los trabajadores.
La economista del ITAM, Mariana Campos, sostiene que “el hecho de que el INFONAVIT ahora pueda construir viviendas con los recursos de los trabajadores abre la puerta a un posible desfalco. Se corre el riesgo de que la rentabilidad de los ahorros caiga y de que los derechohabientes terminen con menores beneficios”. En otras palabras, se prioriza un esquema de Estado-empresa que ha fracasado reiteradamente en el pasado.
Insuficiencia de recursos y el colapso del modelo
Otro aspecto fundamental que no ha sido resuelto es la disponibilidad de recursos para financiar este nuevo modelo de vivienda estatal. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el déficit habitacional en México supera los 9 millones de viviendas, mientras que el INFONAVIT, aún con su estructura tradicional de créditos, ha tenido dificultades para satisfacer la demanda existente.
El analista financiero Jorge Suárez Vélez alerta que “si se sigue promoviendo un modelo donde el Estado funge como empresario, los resultados seguirán siendo absolutamente desastrosos. No hay recursos suficientes para que el INFONAVIT sea el constructor y administrador de vivienda sin que esto comprometa la viabilidad del fondo de ahorro de los trabajadores”.
¿Despojo legalizado?
La reforma aprobada no solo ignora las advertencias del sector empresarial y financiero, sino que pone en riesgo los ahorros de los trabajadores sin garantizar un modelo eficiente y sostenible. La administración de Claudia Sheinbaum parece apostar por un Estado con un rol activo en la construcción de vivienda, pero la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la gestión cuestionable de empresas estatales como PEMEX y CFE dejan más dudas que certezas.
La consolidación del INFONAVIT como constructor no solo representa un retroceso en términos de política económica, sino que podría convertirse en uno de los mayores fracasos financieros de la Cuarta Transformación. Si la historia nos ha enseñado algo, es que el Estado empresario en México suele traducirse en corrupción, ineficiencia y, en última instancia, en un daño irreversible para la economía y el bienestar de los ciudadanos.
No entienden que no entienden…
