El Radar por
Jesús Aguilar X @jesusaguilarslp
En política, perder una votación no siempre significa perder el poder. A veces significa algo más sutil y más profundo: medir fuerzas, exhibir lealtades y reordenar el tablero.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió esta semana su primer gran revés legislativo. No alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución y, en términos formales, quedó detenida en la Cámara de Diputados.
La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— celebró el freno. Algunos analistas hablaron de la primera derrota del nuevo gobierno. Pero cuando uno observa con atención el contexto político, el episodio abre una pregunta más interesante que la propia votación:
¿Y si esta derrota estaba contemplada?
Porque en el poder, perder también puede ser una forma de ganar.
El poder real de la coalición
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el bloque gobernante funcionó como una maquinaria disciplinada. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votaban prácticamente en bloque.
La lógica era simple: el liderazgo presidencial mantenía cohesionada a la coalición.
Pero el episodio de esta semana dejó ver algo que muchos intuían desde hace tiempo: la coalición gobernante ya no es un bloque automático.
Ni el PT ni el Verde estaban dispuestos a respaldar una reforma que modificaba el diseño del sistema electoral y, particularmente, el esquema de representación proporcional que ha sido uno de los mecanismos que permite la supervivencia de los partidos pequeños.
El politólogo y expresidente del IFE, José Woldenberg, lo explicó con claridad: reducir los espacios de representación proporcional no es solo un tema de austeridad electoral; también redefine quién tiene espacio en el sistema político y quién queda fuera.
En otras palabras: la reforma no solo tocaba reglas, tocaba intereses estructurales de los aliados.
Y los aliados reaccionaron.
El árbitro en disputa
Detrás de la discusión técnica sobre el número de senadores, el financiamiento de campañas o el tamaño del Congreso, hay un tema mucho más profundo: el control del sistema electoral.
Desde la transición democrática, el Instituto Nacional Electoral ha sido el árbitro que garantiza que las elecciones no dependan del gobierno en turno.
Para Morena, el sistema electoral mexicano sigue siendo excesivamente caro y burocrático.
Para la oposición, el INE sigue siendo la principal barrera institucional contra la concentración de poder.
Ahí está el verdadero núcleo de la disputa.
Por eso la reforma no era solo un ajuste administrativo. Era, en esencia, una discusión sobre el equilibrio del poder político en México.
La exconsejera electoral Jacqueline Peschard ha advertido que la sobrerrepresentación legislativa de la coalición gobernante ya había tensionado los contrapesos democráticos. En ese contexto, cualquier modificación al sistema electoral inevitablemente se convierte en un campo de batalla político.
La hipótesis incómoda
Pero aquí aparece una lectura más sofisticada.
Horas antes de la votación, ya era evidente que la reforma difícilmente alcanzaría la mayoría calificada. Algunos coordinadores parlamentarios lo sabían y en Palacio Nacional tampoco parecía haber sorpresa.
Incluso antes del desenlace, el propio gobierno había deslizado la posibilidad de un “Plan B”: impulsar cambios por la vía de leyes secundarias, que solo requieren mayoría simple.
Si ese escenario ya estaba contemplado, entonces la derrota adquiere otra dimensión.
No fue solamente un fracaso legislativo.
También pudo haber sido una medición de fuerzas cuidadosamente administrada.
Porque una votación así tiene efectos políticos muy claros:
– revela quién se alinea
– exhibe quién duda
– y muestra quién está dispuesto a desmarcarse.
En el lenguaje frío del poder, eso se llama tomar asistencia política.
La posible purga silenciosa
En ese contexto, la pregunta relevante no es si la reforma cayó.
La pregunta es qué hará el poder con la información que dejó la votación.
En política mexicana existe una tradición muy conocida: las purgas rara vez son espectaculares. Suelen ser graduales.
No se trata de romper con los aliados.
Se trata de reducir su margen, recordarles quién fija el costo político de la desobediencia y redefinir los incentivos del sistema.
La reforma electoral, vista desde ese ángulo, pudo haber funcionado como una prueba de estrés para la coalición gobernante.
¿Quién acompaña hasta el final?
¿Quién negocia?
¿Quién se rebela?
Esas preguntas, más que la propia reforma, son las que ahora importan.
Lo que viene
Después de la votación, la posibilidad más realista es que el gobierno avance en una estrategia más gradual: cambios a leyes secundarias, ajustes administrativos y presión política sobre el sistema electoral.
Nada de eso requiere mayoría calificada.
Nada de eso implica renunciar al objetivo.
Porque en política, las reformas electorales casi nunca se juegan en una sola batalla. Se juegan en etapas.
Y el verdadero horizonte no es la elección de 2027.
Es la arquitectura del poder rumbo a 2030.
La señal que dejó la semana
La reforma electoral no pasó.
Pero dejó tres señales muy claras:
– la coalición gobernante ya no es monolítica
– la oposición aún puede bloquear cambios constitucionales
– y el rediseño del sistema electoral seguirá siendo una disputa central del poder político.
Por eso la pregunta que deja esta semana no es si la presidenta perdió una votación.
La pregunta real es otra.
Si esta derrota fue simplemente un tropiezo legislativo…
o el primer movimiento de una estrategia más larga.
Porque en el ajedrez del poder, a veces perder una pieza sirve para ganar la partida.
