El Radar por Jesús Aguilar
Hablar de reforma electoral en México nunca es un ejercicio menor. No se trata solo de reglas, números o siglas: se trata de confianza, de cómo se cuenta el voto, de quién arbitra la competencia y de qué tan limpio llega el dinero a las campañas. Por eso, antes de entrar al debate técnico o legislativo, conviene entender algo básico: qué postura de arranque tiene cada fuerza política frente a los puntos clave de la discusión.
Hoy, más que una reforma en marcha, lo que tenemos es un mapa de posiciones. Y ese mapa ayuda a leer no solo el presente, sino lo que podría ocurrir rumbo a 2027.
Esta semana que inicia esperamos ya tener con amplia claridad la propuesta madre que surge de Palacio Nacional, pero podemos anticipar los temas clave y las posiciones de cada uno de los actores ya puestos o por tener lugar en el tablero.
Morena: cambiar sin decir que se cambia
El partido en el gobierno sostiene una narrativa clara: la democracia debe ser más austera, menos costosa y más cercana a la gente. Desde ahí, Morena plantea revisar el financiamiento público a partidos, reducir el número de legisladores plurinominales y “optimizar” la estructura electoral.
En el discurso, Morena afirma respetar la autonomía del INE. En la práctica, su propuesta abre la puerta a modificar funciones, tamaño y presupuesto del árbitro electoral, lo que inevitablemente genera inquietud en sectores que ven en el INE uno de los pilares de estabilidad democrática.
Sobre fiscalización, Morena adopta un lenguaje firme contra el dinero ilegal, aunque sus críticos señalan que esa firmeza no siempre se aplica con la misma intensidad a todos los actores.
Partido Verde Ecologista de México: pragmatismo sin estridencias
El Partido Verde acompaña al bloque gobernante, pero con una lógica distinta. Su postura es pragmática: acepta discutir ajustes, siempre que no pongan en riesgo su viabilidad política.
Defiende la autonomía del INE en lo formal, apoya una reducción moderada de recursos públicos y es especialmente cuidadoso con el tema de los plurinominales, que han sido históricamente una vía legítima para que fuerzas medianas mantengan representación.
En fiscalización, el Verde respalda el fortalecimiento de controles, pero evita discursos radicales que puedan tensar el sistema.
Partido del Trabajo: la crítica frontal al sistema actual
El PT es la voz más dura dentro del bloque oficialista. Su diagnóstico es que el sistema electoral es caro, elitista y distante del pueblo. Desde ahí, plantea una reforma más profunda, incluso con una reconfiguración mayor del INE.
Apuesta por reducir plurinominales y financiamiento público, aunque reconoce —aunque no siempre lo diga— que también depende de esas figuras para subsistir como partido nacional.
En el tema del dinero ilegal, su discurso es severo, pero suele privilegiar la denuncia política sobre la construcción de mecanismos técnicos.
Partido Acción Nacional: defender al árbitro como línea roja
Para el PAN, la reforma electoral es un terreno de alerta. Su postura es clara y sin matices: la autonomía del INE no se toca. Cualquier intento de reducir su capacidad, presupuesto o independencia es visto como un riesgo directo para la democracia.
Defiende la existencia de los plurinominales como mecanismo de equilibrio y pluralidad, y advierte que reducir de manera drástica el financiamiento público puede abrir la puerta a mayor infiltración de dinero ilícito.
En fiscalización, el PAN insiste en fortalecer a las autoridades existentes y acusa al oficialismo de usar el discurso anticorrupción de manera selectiva.
Movimiento Ciudadano: reformar sin romper
Movimiento Ciudadano busca colocarse en un punto intermedio. Defiende la autonomía del INE, pero admite que el sistema puede mejorar. No propone eliminar plurinominales, sino revisar fórmulas para hacerlos más representativos.
En financiamiento, plantea rediseños más inteligentes que simples recortes, y en fiscalización insiste en un tema que ha hecho propio: la trazabilidad del dinero en política.
Su apuesta es una reforma gradual y técnica, no una confrontación de todo o nada.
Primero México: la reforma como garantía de competencia
Para las fuerzas en proceso de registro, como Primero México, la reforma electoral es una cuestión de origen. Defienden con fuerza la autonomía del INE, los mecanismos de representación proporcional y un financiamiento que garantice piso parejo frente a partidos grandes.
Su énfasis principal está en la fiscalización y en las alertas contra el dinero del crimen organizado en campañas, un tema que conecta con la desconfianza ciudadana hacia la política.
Una discusión que va más allá de las siglas
Visto así, la reforma electoral no es solo un debate técnico: es una disputa sobre el modelo de democracia que México quiere sostener. Entre quienes buscan cambiar el sistema desde el poder, quienes lo defienden como está y quienes proponen ajustes graduales, el consenso luce lejano.
Por ahora, más que una reforma aprobada, lo que hay es una batalla de narrativas. Y como suele ocurrir en México, el desenlace dependerá menos de los discursos y más de una pregunta clave: ¿habrá voluntad real de construir acuerdos o la reforma será, otra vez, bandera electoral rumbo a 2027?
