La española Iberdrola, vinculada al expanista Felipe Calderón Hinojosa, y la estadounidense IEnova, ligada al priista Luis Téllez Kuénzler, son dos de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto parte de los 346 permisos vigentes para proyectos eólicos y solares que en su mayoría vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero de aprobarse la iniciativa presidencial en la materia, se “desmantelará” esta industria, advierten sus representantes.
Pese a que está prevista la participación de la iniciativa privada en 46 por ciento en la generación de energía incluyendo las “limpias”, en las que también participa Grupo México Energía –del magnate Germán Larrea–, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación de Energía Solar (Asolmex), con más de 180 socios en conjunto, aseguran que todo el sector quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que que es una “expropiación indirecta” en los hechos.
“Aunque la propia iniciativa dice que los privados pueden hacer algo [generar el 46 por ciento frente al 54 por ciento por la CFE], la realidad es que sólo el Estado puede. Si te dicen que tu licencia ya no existe, como lo plantea el cambio al artículo 25 constitucional, ¿podrías salir a manejar tu coche? Es ambigua, pero especifica que todo el control quedará arbitrariamente en las manos de la CFE”, subraya Julio Valle, portavoz de ambas agrupaciones.
De aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se augura la presentación de amparos de las empresas que generan energía renovables, pero estas mismas no han estado exentas en México de violaciones a los derechos humanos en los sitios donde han instalado los proyectos como casos documentados en Yucatán y Oaxaca.
Aunque Valle afirma que las empresas saben cómo desarrollar los proyectos a manera de “mitigar y minimizar cualquier impacto que puedan tener hacia el medio ambiente o la sociedad”, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, afirma que eso no es así.
“Sólo pintan los fierros de verde”, asegura Ramírez, quien recomienda a la CFE liderar la transición energética para que no sólo sea tecnológica, sino de respeto a los derechos humanos y considerando los límites ambientales.
“El modelo de megaproyectos que estaban impulsando las empresas privadas en renovables tampoco es una solución a los problemas socioambientales, porque siguen la misma lógica extractiva que los fósiles y de minerías. Desplazan a las comunidades de manera violenta de su territorio”, acusa.https://e.infogram.com/28364ed1-8b56-484f-a168-da2f5d44245d?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F09-10-2021%2F4038014&src=embed#async_embed
Tanto Iberdrola como IEnova son trasnacionales asociadas al fenómeno de la puerta giratoria y actualmente la española es investigada por posible manipulación de las tarifas de energía en el marco del aumento histórico en las tarifas eléctricas en España, que ahora oscila en un 500 por ciento más que en 2018, cuando comenzó el gobierno de Pedro Sánchez.
Iberdrola llegó a México en la década de los noventa, pero a la par de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza y, con contratos de la CFE, despegó durante el sexenio de Felipe Calderón, quien en julio de 2016 fue incorporado al consejo de administración de su filial en Estados Unidos, Avangrid.
Georgina Kessel Martínez, quien fue Secretaria de Energía durante su sexenio y presidenta de la Junta de Gobierno de la CFE, se integró como vocal en el consejo de administración de Iberdrola España el 24 de abril de 2013, cinco meses después de haber dejado su cargo en la administración pública.
IEnova es la filial en México de la norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, exsecretario de Energía (1997-2000) de Ernesto Zedillo.
VIENEN MÁS AMPAROS
Los más de 300 proyectos eólicos y solares de ambas asociaciones representan 19 mil millones de dólares de inversión nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos, así como la instalación de paneles solares a más de 240 mil hogares o pequeños comercios mediante la generación distribuida. Pero de aprobarse la reforma propuesta, sentencia el vocero Julio Valle, se cancelarían, lo que implica una “expropiación indirecta”.
Valle expone que el sector venía creciendo a una tasa anual de 30 por ciento entre mil y dos mil MegaWatts, pero desde 2017 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha aprobado un solo permiso para instalar más proyectos eólicos o solares ni las empresas presentado solicitudes.
Esto se deriva, explica, por los “múltiples cambios irregulares” en la normativa energética anunciados por el Gobierno federal, por los cuales hay más de 800 juicios contra el primer intento de iniciativa frenada en tribunales. A ellos se pueden sumar más juicios tanto en el país como en tribunales internacionales por no establecer un trato equitativo entre inversionistas.
“A pesar de que cambien la Constitución y digan que se cancelan todos los permisos, cada una de las empresas podría ampararse porque el permiso se les fue otorgado y tenía una vigencia con base en un marco legal establecido, cumpliendo con los requisitos”, afirma Valle en referencia a los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, instancia que también desaparecería con esta reforma eléctrica.
Y continúa: “Aunque no les expropien la planta, el hecho de que ya no puedan usarlas evidentemente es una expropiación indirecta bajo los tratados internacionales que México es parte, entonces también existe la probabilidad de que muchas de estas empresas acudan a los tribunales internacionales para iniciar demandas de arbitraje contra el Gobierno de México”.
La decisión, por ahora, está en el Congreso.
Sin Embargo
