Por Jesús Aguilar
La rebelión campesina de este lunes no estalla de un día para otro. Se cocina desde hace años en las regiones donde la política pública llega tarde, donde la seguridad no existe y donde el mercado dicta condiciones imposibles para quien siembra maíz, frijol, sorgo o trigo. Lo que hoy sucede en las carreteras de al menos 25 estados —y que amenaza con cerrar aduanas y cruces fronterizos— es la expresión más cruda de un sistema que, en palabras de los propios dirigentes, “miente, maquilla cifras y termina consecuentando las condiciones de violencia que controlan hasta las mismas carreteras”.
Ese es el fondo.
Lo demás son los datos.
El precio de la quiebra
Los campesinos exigen un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz. El Gobierno les ofrece 6 mil 050 más apoyos. Esa diferencia, que para la administración es “manejable”, para el productor es el borde de la quiebra. Los fertilizantes, la energía, el diésel, los fletes y hasta los cobros ilegales en carretera quedaron fuera de la ecuación oficial. No hay posibilidad de sostener el ciclo si el maíz nacional se paga por debajo de su costo real.
El movimiento se ha unificado alrededor de una idea contundente: el precio no cubre ni la sobrevivencia mínima del productor, y esa política empuja a miles a abandonar sus tierras o venderlas a precios de crisis.
Los gigantes que compran fuera
El otro elemento político y económico que incendió esta protesta tiene nombre y apellido: Maseca, Minsa, Bachoco, Sukarne y otros grandes consumidores que determinan buena parte del precio del maíz en México.
Los agricultores sostienen que, en los hechos, estas compañías han preferido importar grano extranjero, particularmente desde Brasil, antes que comprar la cosecha nacional. Para el sector empresarial, son decisiones de competitividad; para el campesino, es el abandono absoluto del campo mexicano frente a un mercado que no los contempla.
La lectura de fondo es aún más dura:
si el país puede importar millones de toneladas a precios deprimidos, ¿para qué sostener a los pequeños productores?
La respuesta social acaba de llegar:
porque sin ellos, el campo quiebra… y con él, la paz territorial.
El narco en las carreteras
Los transportistas no se unieron al movimiento por romanticismo agrario. Lo hicieron porque la inseguridad los está devorando. Hablan de extorsiones, de cuotas ilegales para circular, de regiones tomadas por grupos criminales que ya no sólo regulan la actividad productiva, sino también la protesta.
En varios tramos del país, los cárteles controlan rutas completas, deciden quién pasa y quién no, y favorecen o bloquean movilizaciones según sus propios intereses. En esas zonas, ya no es el Estado el que ejerce autoridad. Es la fuerza criminal la que impone reglas.
La inconformidad escaló porque la autoridad no ha ofrecido una respuesta integral. No basta con desplegar operativos temporales; el problema es estructural y el abandono es evidente.
El epicentro en las fronteras
El plan de presión tiene lógica estratégica. Cerrar carreteras da visibilidad; cerrar aduanas paraliza la economía. Los productores lo saben y por eso el movimiento orienta su fuerza hacia Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California y los cruces donde más duele detener el flujo comercial.
Esa será la medida más observada por el Gobierno federal y por los grandes compradores.
Si ahí se concentra el bloqueo, viene una negociación acelerada.
Si no, la protesta puede prolongarse hasta diciembre.
El país que ya no aceptó la narrativa oficial
El discurso gubernamental insiste en que hay apoyos, que los precios internacionales bajaron y que México está haciendo su parte. Los campesinos responden que las cifras no reflejan la realidad, que las estadísticas de costos están maquilladas y que la política agrícola privilegia a quienes importan, no a quienes producen.
En ese cruce de narrativas se definió la jornada de este lunes: un choque frontal entre el México que cultiva y el México que decide; entre quienes siembran la tierra y quienes administran el presupuesto.
Lo que viene
Las próximas horas serán clave. Si el Gobierno decide resistir, la tensión subirá en las fronteras y el impacto económico será inmediato. Si opta por negociar, tendrá que hacerlo aceptando que el campo está en una crisis mucho más profunda de lo que reconoce públicamente.
La rebelión de los campesinos no es un episodio aislado.
Es la consecuencia de décadas de un modelo que creyó que el mercado resolvería lo que la política descuidó: la sobrevivencia digna del productor mexicano.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el campo dijo basta.
Y esta vez lo hizo donde más duele:
en las carreteras, en los cruces fronterizos y en el corazón mismo del sistema de abasto del país.
