La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en el año 2015 una concesión de zona federal marítimo terrestre con vigencia de 15 años a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante empresas factureras.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), el esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont recibió la concesión por parte de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambiente (Zofemat), perteneciente a la Semarnat, el 28 de abril de 2015, cuando el titular de la dependencia era Juan José Guerra Abud y la directora de Zofemat era Mariana Boy Tamborrel, actual Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Estas concesiones de zona federal marítimo terrestre, que son cuestionadas por los ambientalistas porque se considera como privatización de un suelo federal, son otorgadas a cualquier persona física o moral interesadas en tener derecho a usar o aprovechar de manera sustentable una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito formado con aguas marítimas.
“Son concesiones que otorga la Semarnat en la playa, por ejemplo, un hotel que quiere poner una enramada, necesita este tipo de permiso y como la playa es zona federal requiere un permiso. Hay todo un debate sobre si esto se considera privatización o no, pero para esto sirven este tipo de concesiones”, explicó Manuel Llano, integrante de Cartocrítica, una iniciativa civil mexicana que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada.
Manuel Llano, de Cartocrítica, refirió que un ejemplo de “uso de protección” podría ser un campamento tortuguero, sin embargo el Título de Concesión no especifica más detalles.
SinEmbargo solicitó a la Semarnat más información sobre las actividades que Álvarez Puga tiene derecho a realizar en el territorio concesionado, pero al tratarse de información de carácter confidencial, respondió que el trámite se hiciera por la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual este medio ya hizo.
“Me permito manifestar que dicha información al contener información de carácter confidencial de acuerdo a los artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 3 fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión y a efecto de no vulnerar derechos de terceros la solicitud deberá ser ingresada a través de la plataforma Nacional de transparencia”, respondió Semarnat a través del área de Comunicación Social.
El Título de Concesión “DGZ l15”, con vigencia hasta el año 2030, otorga a Víctor Manuel Álvarez Puga el derecho de “usar, ocupar y aprovechar una superficie de 3 mil 272.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicado en Playa Encantada Manzana 14, Lotes 83, 84 y 858is, colonia Fraccionamiento Playa Encantada, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, exclusivamente para uso de protección”.
Para esta concesión, Álvarez Puga debe pagar ante la autoridad fiscal una cantidad de dinero por hacer uso de esta área federal. Además está obligado a ejecutar únicamente el uso, aprovechamiento o explotación consignado en la concesión, coadyuvar con el Gobierno federal en la preservación del medio ecológico, así como en las campañas de limpieza y mejoramiento del ambiente de las playas. También tiene prohibido delimitar la zona concesionada con cercas, alambradas o bardas sin previa autorización.
La concesión otorgada por Semarnat a Víctor Álvarez Puga, dueño de la firma de abogados Álvarez Puga & Asociados, no resulta extraña, pues el empresario no sólo era reconocido por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont, con quien procreó dos hijos (Bosco y María), también era visto por las revistas sociales como un destacado empresario filántropo y comprometido con causas ambientalistas.
Esta concesión solo puede extinguirse con la muerte del concesionario o al violar alguna de las cláusulas, por lo que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien actualmente es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en 195 países a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), aún goza de este beneficio.
PERSEGUIDO POR EL SAT
Víctor Álvarez Puga y su firma cargan con historial de acusaciones dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La primera vez que el despacho Álvarez Puga & Asociados se vio envuelto en un escándalo fiscal fue en el año 2010, cuando sus oficinas fueron cateadas por el SAT en siete ciudades del país debido a una investigación por defraudación fiscal y lavado de dinero.
“Álvarez Puga & Asociados desarrolla esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos, reparto de utilidades, aguinaldos, pagos al IMSS y otras prestaciones que deberían gozar los trabajadores en México”, señaló el SAT en abril de 2010 mediante un comunicado.
Luego del cateo, Álvarez Puga & Asociados, que tiene presencia en 45 ciudades del país, Estados Unidos, Centroamérica y Europa, señaló en una misiva que estaba dispuesto a colaborar con el SAT. En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.
Las investigaciones siguieron y finalmente en el año 2016 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desestimó el caso.
Sin Embargo
