El gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha emitido un reclamo a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del T-MEC, por aceptar las denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas contra el megaproyecto del tren en Sonora. La Semarnat asegura que las áreas que motivaron la protesta, algunas de ellas con presencia de especies como osos y jaguares, ya no están consideradas como zonas de conservación.
La denuncia fue interpuesta por los grupos Defensa Ambiental del Noroeste y el Centro para la Diversidad Biológica, quienes acusaron que el proyecto ferroviario no cumplía con las normativas ambientales. En respuesta, el gobierno mexicano destacó que la obra está en línea con las regulaciones y que contribuirá a fortalecer los lazos comerciales entre México y Estados Unidos.
Según la Semarnat, los posibles impactos del proyecto no son graves ni irreparables, y se establecieron medidas de mitigación para reducir cualquier efecto negativo. Además, las áreas señaladas por las organizaciones ya no están bajo la categoría de Áreas Naturales Protegidas (ANP), ya que fueron canceladas, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Esto significa que el proyecto no está sujeto a las restricciones ambientales de estas zonas.
El gobierno mexicano también cuestionó la decisión de la CCA de admitir la queja, argumentando que esta acción no cumple con los requisitos establecidos para el mecanismo de peticiones. A su juicio, la admisión de este tipo de denuncias podría sentar un precedente negativo que afecte la validez de este proceso trilateral.
Por otro lado, la administración federal justificó el inicio de la obra con una “autorización provisional” ambiental, basada en un acuerdo emitido por el presidente López Obrador en 2021. Dicho acuerdo permitió que proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Tren de Sonora comenzaran sin esperar los trámites ambientales usuales. Aunque este acuerdo fue declarado inválido por la Suprema Corte en 2023, se consideró válido para el caso del Tren de Sonora, ya que la autorización provisional se dio poco antes de la sentencia.
El gobierno asegura que, con la autorización provisional, se garantizó el avance del proyecto y que todos los requisitos ambientales fueron finalmente cumplidos. La Semarnat enfatiza que el proceso ha sido transparente y conforme a la ley.
