El Radar
Por Jesús Aguilar
La Sierra de San Miguelito respira…
Y quizá por primera vez en mucho tiempo… respira con un poco menos de miedo.
La noticia vino desde el Caribe mexicano, pero el eco alcanzó hasta las laderas potosinas: la SEMARNAT decidió frenar el megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual porque el costo ambiental simplemente era demasiado alto.
Parece una nota lejana.
No lo es.
Porque durante décadas en México el libreto fue exactamente el contrario: primero llegaban los inversionistas, luego los renders espectaculares, después las promesas de empleo, más tarde los permisos “ajustables” y finalmente las máquinas encima de manglares, montañas, selvas o reservas naturales.
El desarrollo entendido como demolición elegante.
Esta vez la federación dijo no.
Y ese “no” debería estar resonando fuerte entre los barones del concreto que durante años miraron la Sierra de San Miguelito como una mina de oro inmobiliaria disfrazada de modernidad aspiracional.
Porque el caso Las Cañadas nunca fue solamente un desarrollo residencial.
Era una declaración de guerra territorial contra la montaña.
Una guerra lenta.
De desgaste.
De litigios.
De presiones.
De reinterpretaciones legales.
De urbanización por goteo.
Hasta que la ciudad reaccionó.
Y eso también hay que decirlo:
San Luis Potosí logró algo rarísimo en México.
La sociedad civil le ganó —al menos parcialmente— a intereses económicos gigantescos.
No fue un milagro institucional.
Fue resistencia.
Ambientalistas.
Académicos.
Periodistas.
Vecinos.
Colectivos.
Investigadores.
Y medios como Astrolabio y Antena San Luis documentando durante años cómo se intentaba empujar el avance inmobiliario sobre la Sierra casi siempre bajo el lenguaje seductor del “progreso”.
Por eso la reciente detención de Alejandro Tamayo Ibarra volvió a remover demasiadas cosas. Porque Tamayo aparece ligado históricamente al entramado empresarial alrededor de Las Cañadas. Y en San Luis el nombre ya no remite solamente a un proyecto inmobiliario. Remite a una cicatriz política y ambiental que sigue abierta.
La montaña tiene memoria.
Y también expedientes.
El ecólogo mexicano Víctor Manuel Toledo ha repetido durante años que México vive una confrontación permanente entre “las lógicas de acumulación depredadora y la defensa de los territorios bioculturales”. No es una frase académica bonita. Es exactamente lo que ocurrió en San Miguelito.
Porque detrás de muchos megaproyectos siempre aparece el mismo discurso:
empleo,
plusvalía,
modernidad,
crecimiento.
Y casi nunca aparece la factura ambiental real.
Agua perdida.
Calor urbano.
Fragmentación ecológica.
Colapso hídrico.
Especulación.
Privatización del paisaje.
El urbanista y pensador ambiental Enrique Leff lleva décadas advirtiendo algo brutalmente vigente: “la naturaleza no puede seguir tratándose como externalidad económica”.
Traducido al mexicano cotidiano:
no todo cerro es fraccionamiento.
No toda reserva es oportunidad de negocio.
No toda montaña necesita concreto encima.
Y acaso ahí está la verdadera dimensión política de la decisión de SEMARNAT sobre Perfect Day.
Porque el mensaje ya cambió.
La federación acaba de demostrar que incluso proyectos multimillonarios pueden frenarse si el impacto ecológico resulta demasiado agresivo y la presión social demasiado grande.
Eso altera el tablero completo.
El periodista potosino Julio Hernández López —JulioAstillero en el ecosistema digital— ha insistido varias veces en que una de las grandes disputas del México contemporáneo ya no pasa solamente por elecciones o partidos, sino por el control del territorio, el agua y los bienes naturales frente a intereses económicos capaces de devorarlo todo.
Y basta mirar la Sierra de San Miguelito para entender que no exagera.
Porque lo que está en juego ya no es solamente una reserva ecológica.
Es el derecho de una ciudad a no suicidarse ambientalmente por dinero rápido.
Y eso, en el México de hoy, ya empieza a ser una discusión mucho más seria de lo que algunos desarrolladores alcanzaron a calcular.
