El Radar
Por Jesús Aguilar
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En México, la prisión se ha convertido en un arma de doble filo.
Mientras la narrativa oficial habla de justicia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, múltiples historias emergen desde los centros penitenciarios que reflejan algo más preocupante: la politización de la justicia, la venganza administrativa y la utilización del sistema penal como método de castigo selectivo.
El caso del Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud en San Luis Potosí, es paradigmático. Su reciente testimonio, recogido en el libro De la prisión a Cristo, no solo revela su conversión espiritual tras tres años en el penal de La Pila, sino también el entramado jurídico y humano de su detención: audiencias sin defensa adecuada, prisión preventiva sin pruebas contundentes y un proceso penal sin claridad probatoria. El propio Lutzow lo resume así: “Pareciera que hemos estado luchando contra toda la fuerza de un Estado opresor”.
Este testimonio se suma a otros capítulos recientes en la política potosina que evidencian una tendencia: varios exsecretarios de Finanzas, un exoficial mayor, una excoordinadora de Comunicación Social y ahora dos extitulares de Salud —Mónica Rangel Martínez y su sucesor, Lutzow Steiner— han sido procesados penalmente. Mientras la doctora Rangel fue vinculada con desvíos millonarios y aspiró a la gubernatura bajo las siglas de Morena, Lutzow ha sido procesado sin que, hasta ahora, se le pruebe beneficio económico alguno.
¿Justicia o venganza institucional?
Expertos como el jurista Guillermo Tenorio Rubio, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han advertido que la prisión preventiva justificada —la misma que mantuvo recluido a Lutzow Steiner— “es usada como herramienta de presión política en un sistema judicial que aún responde más a equilibrios de poder que a evidencias sólidas”. Esta figura, que debería ser excepcional, se ha convertido en castigo anticipado, especialmente contra funcionarios del pasado sexenio cuando hay un cambio de régimen.
En San Luis Potosí, la administración actual no ha disimulado su deseo de castigar a los actores del gobierno anterior, pero “la restitución” de cerca de 30 millones en efectivo de la ex titular de Salud, la tienen hoy marcada por lo público pero disfrutando de su libertad. Sin embargo, las detenciones selectivas y la dificultad para probar culpabilidades han generado más dudas que certezas como en el caso de Lutzow que vive un proceso en arraigo domiciliario, sin pruebas que lo liguen directamente a contratos o desvíos, aunque ya fue condenado en primera instancia.
El uso del derecho como arma
La politóloga e investigadora Denise Dresser ha señalado en diversos foros que “el sistema judicial mexicano es una maquinaria punitiva para los enemigos políticos y un manto de impunidad para los amigos del poder”. La justicia, entonces, no siempre llega como un proceso de equilibrio, sino como una función del contexto político.
Los casos en San Luis Potosí ilustran esto con nitidez. Funcionarios de niveles similares, con responsabilidad administrativa parecida, han sido tratados de forma muy dispar. Mientras algunos fueron liberados por falta de pruebas, otros enfrentan prisión prolongada sin sentencias firmes. ¿Qué define entonces la justicia en estos casos? ¿El peso de la prueba o el cálculo político?
La narrativa ya desgastadísima e inverosímil de contrastarse con la sobadísima “maldita herencia” de que el gobierno actual es bueno y limpio no va más, y menos cuando en lugar de buscar a los verdaderos pesos pesados de los gobiernos anteriores mantienen a Lutzow en capilla como trofeo de una cacería ficticia.
La cárcel como purgatorio moderno
En De la prisión a Cristo, Lutzow no solo describe su detención y proceso, sino también la oscuridad interior: las noches sin sueño, el aislamiento, los pensamientos de muerte y la tentación de desaparecer. Pero también relata cómo la fe se volvió un salvavidas. Este “doble proceso”, el legal y el espiritual, pone en evidencia que la cárcel en México no solo castiga el cuerpo, sino que trastoca la mente y el alma.
Su experiencia no es única. En testimonios recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más del 70% de las personas recluidas sin sentencia definitiva en México afirman haber sido víctimas de irregularidades procesales. En muchos casos, lo que empieza como una acusación administrativa se convierte en un calvario de años.
¿Y el combate real a la corrupción?
Lo más preocupante es que, a pesar de estas detenciones, los mecanismos estructurales de corrupción siguen intactos. No hay reformas de fondo en adquisiciones, transparencia o contraloría pública. Mientras tanto, los “enemigos visibles” son presentados como trofeos políticos, aunque sus causas penales sean endebles.
El caso de los extitulares de Salud en San Luis Potosí, como otros en estados donde se persigue a funcionarios del pasado régimen, debería hacernos reflexionar no sólo sobre la corrupción, sino sobre el uso del poder para destruir sin justicia. ¿Cuántos inocentes pagan por errores colectivos? ¿Cuántas historias más se contarán desde una celda?
San Luis Potosí, como México, necesita justicia, sí, pero también memoria y verdad. El sistema penitenciario no puede ser una extensión del juego político. Porque entre la cruz y la celda, la dignidad humana siempre debe prevalecer sobre la revancha del poder.
