El Radar
Por Jesús Aguilar
Ayer lunes 7 de julio, 15.48 millones de litros de combustible robado, distribuidos en 129 carrotanques: 3.96 M L en Ramos Arizpe y 11.52 M L en Saltillo, Coahuilafueron decomisados por la Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad Federal.Se trata del mayor decomiso en la era de la administración de Claudia Sheinbaum
El robo de hidrocarburos le costó a Pemex más de 20 mil M$ tan solo en el 2024, mientras que el “huachicol fiscal” drenó entre 150 000 y 177 000 millones de pesos (De 7 500 a 8 800 millones de dólares) solo en 2024.
Representa hoy entre 30% y 40% del combustible consumido en México, un tinglado complejo y que lleva hasta las más altas esferas del poder político y económico del país con una tremenda embarradada también del crimen organizado.
¿Pero a todo esto, qué es el “huachicol fiscal”?
Es la importación ilegal de combustibles bajo clasificaciones arancelarias exentas, como lubricantes o aceites, para evadir el IEPS y el IVA.
Este esquema incluye:
*Fraude documental para registrar menos volumen o productos.
*Infiltración en aduanas, puertos y terminales marítimas
*Venta en distribuidoras “autoconsumo” sin trazabilidad legal
Según Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex: “Con el huachicol fiscal pierde todo el mundo, pierde ingresos el Estado, pierde ingresos Pemex y pierden ingresos los distribuidores legales”.
La DEA y expertos alertan que estas redes financian a cárteles como el CJNG, tala de migración y narcotráfico.
El propio Ricardo Quiróz, vicepresidente de AMPE S, Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio ha dejado claro que, “En muchos casos, el empresario gasolinero… ni siquiera sabe qué es el producto que está recibiendo… hay una estructura muy sólida para adulterar tanto el combustible, como la documentación que es apócrifa”.
Ramsés Pech, consultor energético en SLP, reveló que desde 2020 se ha importado un exceso inexplicable de lubricantes, generando pérdidas fiscales por 128 a 177 mdp en 2024.
El periodista experto en temas de seguridad Jorge Fernández Menéndez, definióal huachicól fiscal recientemente en su columna de Excélsior así:“Negocio redondo y multimillonario… requiere la complicidad de funcionarios de aduanas, gasolineras, empresarios y políticos”
La historia en SLP: Tecmol, ahora sospechosamente verde.
En San Luis Potosí, los señalados José Luis Romero Calzada “Tecmol” y su hermano, recientemente afiliados al Partido Verde, han sido ligados por organizaciones civiles ante la FGR por presuntos nexos con el huachicol y el crimen organizado. Lo dijimos a tiempo, está nueva cercanía con el poder verde en San Luis, jode a Gallardo y coloca a los Romero Calzada en el epicentro de una narrativa peligrosa: otros políticos que podría funcionar como enlace institucional con redes criminales de cuello blanco.
Nadie debe olvidar que el propio ex candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas enfrentó el congelamiento de sus cuentas por parte del gobierno federal en 2019.
¿Qué tendrá que ver la flamante relación pública y privada entre el Tecmól y Gerardo Sánchez Zumaya, señalado como beneficiario de multimillonarias concesiones y proveedurías de PEMEX durante el gobierno de AMLO y la presunta relación con sus hijos?
El decomiso histórico de Coahuila se convierte en símbolo de un cambio de era: de criminales “contra ductos” a una red sofisticada que opera con la complicidad del sistema fiscal y político. Cuando la economía delictiva migra hacia estructuras “fiscales”, con empresas, aduanas, transportistas y partidos políticos involucrados, el daño no es solo económico: es institucional.
La pregunta es inevitable: ¿se atreverá el Estado a perseguir con la misma fuerza a estos nuevos actores, aunque tengan cargo público?
¿O hablarán los decomisos cuando los crímenes ya son demasiado evidentes, pero sin llegar nunca al corazón del sistema?
¿Cuántas familias potosinas de apellidos de “prosapia” estarían también en vilo ante un verdadero combate contra el Huachicol que sí está haciendo Claudia a diferencia de su antecesor?
