El Radar
Por Jesús Aguilar
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no llegó por accidente al laberinto institucional que hoy vive su Facultad de Derecho. Lo que ocurrió este miércoles 7 de enero —cuando el Consejo Directivo Universitario (CDU) eligió a Georgina González Cázares como directora para concluir el periodo 2024–2028— es la exhibición de una crisis de conducción y legalidad que tiene raíces más profundas que un simple cambio de mando.
La elección fue formalizada con 26 votos a favor, 21 en contra, cinco boletas nulas y ocho miembros del CDU ausentes, un resultado que, lejos de ser unánime, reveló profundas divisiones internas y el desgaste de la legitimidad institucional en el órgano rector de la casa de estudios.
Interinatos, ternas recicladas y una norma doblada
La raíz de este conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando la renuncia de quien era titular de la Facultad abrió la necesidad de elegir a una nueva dirección. En medio de ese vacío, Javier Delgado Sam —quien había sido interino— continuó en el cargo más allá del periodo que el Estatuto Orgánico prevé para un interinato, límite que se establece para evitar que la figura temporal se eternice sin una solución definitiva.
La comunidad universitaria y distintos actores cuestionaron que Delgado Sam apareciera nuevamente en la terna, junto con González Cázares y Lucy Lastras, pese a los señalamientos explícitos de que su permanencia interina estaba rebasando la normatividad interna. Ese proceder no solo es cuestionable desde una perspectiva ética: pone en entredicho el propio respeto a los procedimientos establecidos por el estatuto, que busca evitar precisamente este tipo de endogamias de poder.
Ese mismo estatuto —utilizado en la convocatoria de forma rígida— se transformó en un instrumento que, según académicos y consejeros críticos, sirvió menos para proteger la institucionalidad que para validar prácticas internas recicladas, sin atender puntualmente las observaciones que incluso miembros del CDU habían planteado sobre su adecuación al contexto extraordinario que vive la facultad.
Ruido judicial: un amparo que paralizó el proceso
Antes de llegar a esta sesión, el proceso fue frenado por un juicio de amparo promovido por un académico que alegó su exclusión de la terna pese a cumplir requisitos formales. La justicia federal otorgó una suspensión provisional que suspendió la elección a mediados de diciembre y obligó a la Universidad a detener el avance hasta que se resolviera el fondo del recurso.
No fue sino hasta una resolución judicial a finales de diciembre la que permitió retomarlo, tras negar la suspensión definitiva y habilitar al CDU para sesionar y votar la terna vigente. Que el proceso continuara con la misma terna, sin atender a cabalidad las objeciones planteadas por varios miembros del propio consejo técnico, es un síntoma claro de cómo las herramientas legales pueden ser usadas para generar una apariencia de legitimidad más que una real depuración administrativa.
Un consejo dividido y la sombra de las influencias
El órgano máximo de decisión quedó prácticamente dividido. Sectores del alumnado, bajo la coordinación de operadores internos con vínculos políticas claras —según testimonios y conversaciones internas— se alinearon con la terna propuesta desde la Secretaría General y ciertos sectores administrativos y políticos de la universidad.
La tibieza para atender la crisis desde los espacios de rectoría dio lugar a que estas influencias —que parecen olvidar el valor de la deliberación académica en favor de estrategias de poder— ocuparan espacios que deberían haberse reservado a criterios de transparencia y legalidad estricta.
Varias consejeras y consejeros, señalando explícitamente la manipulación de la terna y la instrumentalización de normatividades, optaron por abstenerse o nular su voto.
Ocho boletas quedaron intactas, 3 retiros de la sesión, anunciados en congruencia, el Rector que no vota por política personal, y algunos que no estaban por vacaciones o de plano decidieron no asistir.
Esas abstenciones no fueron gestos menores: fueron marcas de rebeldía contra un proceso que, en su diseño y ejecución, perdió respaldo político y moral en buena parte de la comunidad universitaria.
El rector y la oportunidad perdida
La designación de González Cázares tendría que haber sido, antes que nada, una oportunidad para recuperar autoridad y restituir confianza. En cambio —como planteamos ayer en el Radar de Antena San Luis— se transformó en un test de conducción fallido para quien encabeza la UASLP, y otra vez por exceso de confianza en su copiloto.
Cuando una autoridad tiene autoridad real —no solo formal— es capaz de enfrentar crisis, encauzar diálogos y recomponer los procesos normativos antes de que las fracturas internas se vuelvan irreversibles.
No se trata solo de nombrar a alguien para concluir un periodo. Se trata de restituir la confianza de estudiantes y académicos en que las reglas que nos gobiernan no son meras formalidades, sino límites al ejercicio del poder dentro de una institución que, por definición, debe ser ejemplo de legalidad y rigor.
La elección de Georgina González —por sí misma— no cierra esta historia. La fractura institucional que se evidenció este 7 de enero es el verdadero desafío que enfrenta la UASLP. La universidad no puede aspirar a ser un baluarte de cultura jurídica si sus procesos de nombramiento, deliberación y aplicación de normas internas pueden ser percibidos como trampas de poder antes que garantías de equidad.
Ni tampoco puede estar sustentada en la decisión de un fiscal fallido, notario que no da fé ni de sus fallos y un operador no nato para una situación crítica, Federico Garza Herrera.
Los “planchados” por Federico en esta elección, los alumnos se irán el próximo año y dejarán el consejo, los directores, experimentados y afilados, traicionados y manipulados por la quinta de Garza, seguirán y así se puede prever su potencial rebelión.
La pregunta que queda en el aire y que las futuras páginas institucionales deberán responder es simple: ¿será esta elección un punto de quiebre para recomponer la gobernanza universitaria o se consolidará como otro capítulo más en la larga historia de fracturas internas que dañan su credibilidad?
