A un mes de la tragedia en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y varios resultaron heridos, sectores de la sociedad civil expresan su frustración por la falta de sanciones hacia funcionarios estatales y municipales involucrados en presuntas omisiones graves.
Según el abogado Edgardo Hernández Contreras, la clausura de establecimientos con irregularidades después del incidente subraya que las autoridades tenían conocimiento previo de la situación. “Pudieron haber clausurado el Rich antes. Es corrupción e impunidad”, declaró.
Hernández Contreras insta a procesar penalmente a los funcionarios implicados, argumentando que también son responsables de aplicar la ley. “Deben ser procesados por homicidio culposo. Si hubieran hecho su trabajo, no habría pérdidas humanas”, afirmó.
Insiste en que hay suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad de estos funcionarios y pide a la Fiscalía General del Estado actuar conforme a derecho, evitando complicidad en el caso.
