El Radar
Por Jesús Aguilar
Hay una forma de violencia que no siempre deja cuerpo en la calle, pero sí deja casas cerradas, camas abandonadas, escuelas con menos niños y caminos que la gente aprende a no cruzar.
San Luis Potosí acaba de entrar en ese mapa oscuro: el del desplazamiento interno forzado por violencia criminal. Astrolabio documentó, con base en el monitoreo de la Universidad Iberoamericana, que durante 2025 al menos 67 personas —18 familias— tuvieron que abandonar sus lugares de residencia en Santo Domingo, Ciudad Valles y Cárdenas.
No son muchas, dirán algunos para minimizar el tema.
En otros estados están “mucho peor”.
Pero en estos temas la primera cifra nunca es pequeña: es una advertencia. Es la puerta entreabierta de algo que suele crecer en silencio.
El dato más grave no está solo en el número, sino en la causa: el 83.6 por ciento de los desplazamientos documentados a nivel nacional durante 2025 estuvo relacionado con violencia vinculada a criminalidad organizada. México ya no solo cuenta muertos, desaparecidos o ejecutados. También empieza a contar comunidades que se vacían porque el Estado perdió, cedió o abandonó la administración real del territorio.
Y ahí aparece el vínculo mayor: desplazamiento, desaparición y dominio criminal son capítulos de la misma novela negra. Primero llega el miedo. Luego la amenaza. Después el levantón, la desaparición, la fosa, el silencio. Y al final, cuando ya nadie denuncia, llega el desplazamiento: la rendición íntima de una familia que entiende que quedarse puede costarle la vida.
México tiene leyes. Tiene una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares y Sistema Nacional de Búsqueda. Tiene comisiones, fiscalías especializadas, protocolos, registros, bancos forenses, obligaciones de intercambio de información y hasta reformas recientes para obligar a instituciones públicas y privadas a compartir datos biométricos, forenses, genéticos, imágenes y registros útiles para búsqueda e identificación.
Sobre el papel, el andamiaje parece robusto. En la realidad, muchas veces parece un edificio con oficinas, sellos, manuales y placas… pero sin capacidad suficiente para encontrar a los ausentes.
El problema no es solo legal. Es territorial. Una ley sirve poco cuando hay regiones donde manda más el halcón que el ministerio público, más el jefe de plaza que el presidente municipal, más la camioneta sin placas que la patrulla. La desaparición en México ya no puede leerse únicamente como abuso de autoridad clásico, aunque ese componente persiste. También debe leerse como una forma de gobierno criminal sobre el territorio.
Por eso la discusión internacional se volvió tan dura. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento del artículo 34 respecto de México y pidió llevar la situación ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de forma generalizada o sistemática.
La lectura externa es devastadora: México no solo tiene desaparecidos; tiene una maquinaria de desaparición sostenida por impunidad, colusión, omisión, miedo social y fracaso institucional. Human Rights Watch ha señalado que el país arrastra una crisis de derechos humanos alimentada por violencia criminal extrema, abusos de agentes estatales e impunidad casi total.
La pregunta de fondo no es si existen leyes. Existen. La pregunta es si todavía son esas las que nos gobiernan o si los que nos gobiernan las aplican.
Porque cuando una familia de Santo Domingo sale hacia la capital potosina o Monterrey para salvarse, no solo se mueve de casa: cambia de país sin cruzar frontera. Entra al México de los desplazados internos, de los que no tienen estatuto claro, de los que pierden tierra, escuela, trabajo, comunidad y memoria. Y lo peor: muchas veces ni siquiera aparecen en la narrativa oficial.
San Luis Potosí debe tomar este dato como alarma temprana. No como estadística incómoda. No como nota aislada. No como expediente para esconder en el cajón de “casos menores”. Si ya hay desplazamiento por crimen organizado, entonces ya hay zonas donde el miedo está tomando decisiones por la gente.
La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son la herida abierta. El desplazamiento es la cicatriz en movimiento. Y el dominio territorial del crimen es el diagnóstico que demasiadas autoridades prefieren no pronunciar.
El Estado mexicano ha construido leyes para buscar personas. Pero el crimen ha construido territorios para desaparecerlas.
Y mientras esa ecuación no se rompa, cada familia que huye estará diciendo lo que el poder no quiere escuchar: que hay lugares donde la Constitución ya no llega caminando, llega tarde, llega escoltada… o simplemente no llega.
