Expresidentes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una asociación civil que recibe millonarios recursos públicos, condenaron en un desplegado la “persecución desmesurada y hostil” contra científicos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, esta institución ha incurrido en algunos malos manejos como el despido sin liquidación de decenas de trabajadores a inicios de la pandemia y al menos tres de los diez abajofirmantes tienen antecedentes de irregularidades desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2011).
El presupuesto de la Academia, formada en 1996 e integrada por más de dos mil científicos de diversas áreas, ha promediado entre 40 y 50 millones de pesos anuales, de acuerdo con declaraciones de sus expresidentes y de su actual presidenta, la astrónoma Susana Lizano Soberón (2020-2023).
Han detallado que la mayoría del dinero proviene del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero también reciben ingresos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como de cuotas de los mismos miembros.
Una parte, comentan, se va a organización de eventos o programas de divulgación, salarios y otra al mantenimiento de su sede, un edificio con extensos jardines ubicado en la calle cerrada Cipreses en la Alcaldía Tlalpan, a la altura del kilómetro 23.5 de la carretera México-Cuernavaca. Antes de 2002 el sitio era conocido como “El Partenón”, la casa del polémico exjefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo “El Negro” Durazo.
Pero en mayo de 2020, aún bajo la presidencia del físico José Luis Morán López (2017-2020), 50 trabajadores de la Academia fueron notificados de su despido por llamada telefónica bajo el argumento del “recorte presupuestal” al Conacyt, su principal proveedor. De 2018 a 2019, durante la transición a la gestión de Elena Álvarez-Buylla, los recursos se redujeron 2 mil 488 millones de pesos (de 21 mil 440 a 18 mil 952 millones de pesos), pero para 2021 volvió a 20 mil 189 millones. A la fecha, y aunque hay un proceso en la Junta de Conciliación y Arbitraje, siguen sin recibir su liquidación.
“No tiene nombre lo que hicieron. No generamos un gasto grande para la Academia por los sueldos bajos de hasta 12 mil pesos mensuales. Prefirieron seguir pagando sueldos altos de amigos de la coordinadora [Susana Lizano] y el mantenimiento de una casa”, dijo Basty Acosta Mayorga, una de las decenas de trabajadores despedidos hace más de un año.
Los empleados cesados exigen que se transparente el monto oficial que el Conacyt da a la Academia, ya que ni por petición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) les han contestado vía transparencia (expediente RRA 13358/20). También piden que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice el uso de ese dinero público, ya que de acuerdo con recibos de nómina, los altos mandos del consejo directivo mantienen sus salarios de entre 50 y 100 mil pesos mensuales.
“Como son científicos no se les puede ni siquiera auditar. Sólo se les pide un informe de actividades, no financiero, por lo que no se puede comprobar qué recursos van destinados a la ciencia y cuáles en despilfarros de sueldos altos e instalaciones de lujo”, afirmó.
EN CARGO PÚBLICO PESE A NEPOTISMO
Del 2000 al 2005, el físico José Luis Morán López —quien despidió a los trabajadores de la Academia— fue el primer director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). El 30 de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó durante diez años por nepotismo. Dieciséis años después, volvió a ese instituto.
La investigación de la dependencia halló que el físico incluyó en la nómina de ese recién creado centro público del Conacyt a sus hijos José Manuel y Cristina Morán, así como a su sobrina Adriana Arias y al concuño Miguel Ángel Arias.
En 2008, un grupo de 60 científicos encabezados por el Premio Nobel de Química Harold Kroto, envió una carta al Presidente Felipe Calderón Hinojosa por los ataques a los hermanos Humberto y Mauricio Terrones Maldonado, especialistas en nanotecnología que habían denunciado irregularidades en la gestión de Morán López en el IPICYT, como el retraso en la instalación de microscopios electrónicos y la inconclusa obra de un edificio inteligente.
El caso de acoso laboral contra los científicos y su equipo cercano se globalizó al ser publicado en la conocida revista Nature. En el texto, el sucesor de Morán, David Ríos Jara, los calificó de “ambiciosos” y en enero de 2010 ambos físicos fueron despedidos.
En contraste, aunque la sanción de Morán por nepotismo concluía hasta 2018, y también cargaba una averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con la obra pública inconclusa y supervisada por su concuño, en abril de 2016 fue designado como director del Consejo Directivo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) en su oriundo San Luis Potosí.
Posteriormente, el físico presidió el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí (SICITI), también instancia del gobierno potosino, y de 2017 a 2020 fue el presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias.
“La Academia Mexicana de Ciencias, con el dinero público, le pagaba durante sus tres años la renta mensual de casi 17 mil pesos en la Ciudad de México”, dijo con base en un estado financiero de la asociación Basty Acosta, una de las trabajadoras despedidas por el potosino en mayo de 2020.
Luego de anunciar el despido, concluyó su gestión. Ahora investiga y divulga sobre el coronavirus desde la División de Materiales Avanzados del IPICYT, aquel centro que dirigió y por el que fue señalado de nepotismo y fallas de obra pública. SinEmbargo le pidió un comentario a su correo institucional, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.
LA EXTRAÑA RENUNCIA DEL CIMAT
Otro de los expresidentes de la Academia Mexicana de Ciencias que firmó el comunicado que condena la orden de aprehensión contra 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es quien fue el primer coordinador de dicho foro de 2002 a 2004, el matemático José Antonio de la Peña Mena.
El académico también dirigió el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) de marzo de 2011 hasta enero de 2017, cuando entre sospechas de malos manejos renunció al cargo público aunque su segundo periodo concluía hasta este 2021. Durante ese periodo el órgano indirecto del Conacyt recibió mil 400 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“La tarea no es sencilla. Se trata de guiar esta institución a la creación de un sistema integral de matemáticas a nivel nacional, donde se destaque no solo la investigación de frontera, sino señaladamente la docencia de alto nivel y con fuerte impacto internacional”, dijo de la Peña en abril de 2016 durante el evento de su ratificación para su segundo mandato en la dirección.
Un año después, presentó su renuncia. En la reunión pública en Guanajuato, ante la presencia del entonces director del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, se le reconoció que durante el lustro de su gestión hubo un crecimiento en personal e infraestructura científica, incluyendo una nueva sede y maestría en su natal Monterrey. Pero entre los pasillos los investigadores sospechaban que su salida fue por manejos irregulares de los recursos.
En el Estudio Sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción en el Sector Público Federal realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2015, cuando el matemático llevaba cuatro años en la dirección general, el CIMAT reprobó.
Este Centro de Investigación en Matemáticas, que para 2011-2015 ya había recibido 957 millones 543 mil pesos de presupuesto federal, obtuvo 25 de 100 puntos, es decir, el estatus más bajo, por lo que el diagnóstico fue que “se requiere establecer estrategias para enfrentar la corrupción y fortalecer el proceso de administración de riesgos, que incluya los de corrupción”.
Hace unas semanas, cuatro años después de aquella renuncia, el matemático fue nombrado investigador emérito por la UNAM. Por cuestiones de salud, no pudo dar una entrevista a este medio para aclarar los rumores sobre su salida del CIMAT antes de que concluyera el periodo para el que fue ratificado.
EL CABILDERO DE TRANSGÉNICOS
Como previamente informó SinEmbargo, el bioquímico Francisco Bolívar Zapata, uno de los expresidente de la Asociación Mexicana de Ciencias que defiende al Foro Consultivo Científico y Tecnológico bajo investigación, empujó la agenda de los transgénicos —una tecnología que atenta contra la salud humana y ambiental— desde la coordinación de Ciencia y Tecnología de la Oficina de Presidencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto de 2013 a 2015.
Bolívar impulsó previamente, en el Gobierno de Vicente Fox, la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida como “Ley Monsanto”, la cual contempla tres tipos de casos de liberación de transgénicos: la experimental (para ver efectos negativos o positivos), la piloto y la comercial.
Sólo se salvó el maíz a partir de un amparo colectivo presentado en 2013 por científicos, académicos y organizaciones que prohibió su siembra con esta tecnología, lo que fue impugnado en 2019 por las empresas agroindustriales Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México. La resolución está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cuando en la Academia Mexicana de Ciencias se presentó su libro de Transgénicos (AMC, 2017), en la ponencia dijo que no eran ciertas las investigaciones sobre que causan cáncer y que, por el contrario, acabarían con la hambruna en ciertos países. Muchos doctores lo desmintieron”, compartió Basty Acosta Mayorga, trabajadora despedida en mayo de 2020.
Cuando el 9 de octubre de 2019 la Academia firmó un convenio de colaboración con Conacyt, su principal proveedor de recursos, decidieron omitir en el informe dicha publicación, ya que la directora Elena Álvarez-Buylla es abiertamente impulsora de la agenda de la agroecología.
“Lamentablemente los miembros de estas asociaciones son los mismos que quieren seguir en el poder para seguir obteniendo estos recursos públicos que una parte va a la ciencia, pero también en beneficio para sus despilfarros y privilegios”, consideró Acosta.
Sin Embargo
