El término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario; ninguna es privar de la vida sino desarmar (…)hacer que algo caiga o descienda’’, dijo Roberto Campa.
Luego de el Centro Pro –que defiende los derechos humanos– presentara un documento que presuntamente demuestra que soldados mexicanos recibieron la orden de “abatir a delincuentes”, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó que en caso de Tlatlaya hubiera existido una orde de asesinar a presuntos delincuentes.
“No hay ningún fundamento en ninguna disposición que permita la interpretación de privar de la vida a mexicanos (…) El término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario; ninguna es privar de la vida sino desarmar, descomponer, incriminar, derribar, hacer que algo caiga o descienda’’, dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.
Esta declaración es una respuesta a lo contenido en el documento revelado ayer 2 de julio por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agusitín Pro Juárez, en el que quedaninscritas las instrucciones que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez –que estaba al frente de las tropas que participaron en las ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México–: “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Al respecto, Campa explicó que “aunque se trate de los peores delincuentes, frente a ellos el Estado no puede sino sujetarse a la ley. Y como en este caso presuntamente no se sujetaron a la ley, están en este momento sujetos a un proceso civil y militar por el incumplimiento de esta instrucción’’.
Este viernes 3 de julio, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, llamó a profundizar la investigación sobre “la masacre” en Tlatlaya, particularmente sobre la orden que Centro ProDH hizo pública.
“Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”, dijo Heyns. quien aseguró que la orden de “abatir delincuentes” es una instrucción que posibilita la comisión de las más graves violaciones a derechos humanos.
El relator de la ONU llamó a “tomar en consideración las nuevas evidencias” y enfatizó que el Estado mexicano debe “investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida.”
Hasta ahora sólo siete soldados han sido arrestados y procesados por el caso, pero sólo tres de ellos están acusados de homicidio; sin embargo, no hay plazo para que se dicte sentencia.
Asimismo, la Procuraduría de Justicia del Edomex informó que siete policías estatales fueron acusados formalmente de torturar a tres mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares mexicanos.
Cuatro de los policías ya fueron detenidos e ingresados a un penal, informó el miércoles 1 de julio la dependencia estatal.
Fuente: Animal Político.
