El Radar
Por Jesús Aguilar
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En México, las mujeres privadas de libertad enfrentan no solo la pérdida de su libertad, sino también una serie de desafíos adicionales que agravan su situación.
El caso reciente de las internas trasladadas del penal de Xolol al Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de La Pila en San Luis Potosí, mediante un amparo judicial, pone en evidencia las deficiencias estructurales y la falta de perspectiva de género en el sistema penitenciario mexicano.
Traslados forzados y revictimización
Según informes de Astrolabio Digital, las internas trasladadas han denunciado hostigamiento, amenazas y malos tratos por parte del personal del Ceprereso de La Pila. Estas acciones constituyen una revictimización y reflejan la ausencia de protocolos adecuados para garantizar los derechos humanos de las mujeres en reclusión.
1. Condiciones Inadecuadas:
oLas mujeres en prisión a menudo enfrentan condiciones de vida insalubres e inseguras. Las instalaciones carcelarias suelen estar sobrepobladas, carecen de los recursos básicos y no están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres, como el acceso a productos de higiene femenina o atención médica adecuada.
oUn estudio del CIDE reveló que muchas mujeres encarceladas en México experimentan condiciones de vida que violan sus derechos humanos, lo que perpetúa el ciclo de abuso y les impide rehabilitarse efectivamente.
2. Falta de Perspectiva de Género:
oEl sistema de justicia a menudo ignora las circunstancias únicas de las mujeres, incluyendo situaciones de violencia doméstica o coerción económica, que pueden haber influido en sus acciones. Esta falta de consideración perpetúa la injusticia y refuerza la victimización.
oMuchas mujeres son encarceladas por delitos menores relacionados con las drogas o robo, a menudo cometidos bajo coacción o debido a una falta de alternativas económicas.
3. Violencia y Abuso Dentro de las Prisiones:
oLas internas a menudo enfrentan violencia de género y abuso sexual por parte del personal penitenciario o de otras reclusas. La impunidad en estos casos es alta, lo que desalienta a las víctimas a denunciar por miedo a represalias o a no ser creídas.
oInformes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han documentado casos de abuso y violencia sexual en las cárceles, subrayando la necesidad de reformas urgentes.
ACCESO A LA JUSTICIA Y REHABILITACIÓN
4. Deficiencias en el Acceso a la Justicia:
oMuchas mujeres carecen de acceso a una defensa legal adecuada debido a la falta de recursos económicos y a la discriminación institucional. Esto resulta en procesos judiciales injustos y condenas desproporcionadas.
oLa falta de programas efectivos de rehabilitación y reinserción social agrava la situación, ya que las mujeres no reciben el apoyo necesario para reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena.
5. Necesidad de Reformas y Apoyo Integral:
oEs crucial implementar reformas que integren una perspectiva de género en el sistema de justicia penal. Esto incluye el desarrollo de políticas que comprendan las realidades específicas de las mujeres, como la violencia de género y la coacción económica.
oProgramas de capacitación laboral, educación y terapia psicológica deben ser accesibles para todas las mujeres en prisión, facilitando su rehabilitación y reduciendo la reincidencia.
UN SISTEMA PENITENCIARIO CON PERSPECTIVA MASCULINA.
El sistema penitenciario mexicano ha sido históricamente diseñado para una población masculina, lo que ha resultado en la falta de instalaciones y servicios adecuados para las mujeres. De los 311 centros penitenciarios en el país, solo 18 son exclusivamente femeniles, mientras que el resto son mixtos, careciendo de espacios dignos y específicos para las mujeres
PRISIÓN PREVENTIVA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO.
La imposición de la prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionadamente a las mujeres. En estados como Baja California, Chiapas y Oaxaca, más del 50% de las mujeres en reclusión se encuentran sin una sentencia. Esta medida, criticada por organismos internacionales, contraviene las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que instan a aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para mujeres con responsabilidades familiares.
ESTIGMATIZACIÓN Y ROLES DE GÉNERO.
Las mujeres en prisión enfrentan una doble condena: la legal y la social. Estereotipos de género las etiquetan como “malas madres” o “malas esposas”, lo que influye en la severidad de las penas impuestas. De acuerdo con la doctora Mara Gómez, las mujeres cumplen penas más largas que los hombres por delitos similares, debido a estos prejuicios.
IMPACTO EN LA MATERNIDAD Y LA INFANCIA.
El 68% de las mujeres privadas de libertad en México son madres, y muchas de ellas tienen a sus hijos viviendo con ellas en prisión. La falta de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad y de los menores a crecer en un entorno seguro agrava la situación.
El caso de las internas trasladadas en San Luis Potosí es un reflejo de las múltiples fallas del sistema penitenciario mexicano en relación con las mujeres. Es imperativo que las autoridades implementen reformas con perspectiva de género, respeten los derechos humanos y establezcan mecanismos que eviten la revictimización de las mujeres privadas de libertad.
