Victoriano Martínez
De enero de 2016 a julio de 2018, el empleado con número de nómina 13503 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí se convirtió en un aviador… aunque muy atípico.
Como todos los aviadores, no acudía a trabajar y pocos –o quizá nadie– de sus supuestos compañeros lo conocían.
Como muy pocos –o ninguno– de los típicos aviadores, tampoco acudía a cobrar sus quincenas. Y no lo hacía porque le depositaran su sueldo en una cuenta bancaria o se lo hicieran llegar a domicilio. No. No lo hacía porque ni siquiera sabía que había un sobre para él.
Así que durante esos 62 meses de la administración que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, a la pagaduría llegó un sobre cada vez más abultado para un trabajador que, aunque existe como persona, nunca estuvo enterado de que fue empleado municipal todo ese tiempo.
El sobre regresaba a la tesorería como “devolución quincenal por sueldos no cobrados” y, aunque se suponía que debía reingresar al erario municipal, el dinero ya no volvía a parecer en las cuentas bancarias del Ayuntamiento, a cargo de Jesús Emmanuel Ramos Hernández, entonces tesorero y hoy secretario de Ecología y Gestión Ambiental.
Después de que el sobre con la primera quincena de enero de 2016 volvió a la Tesorería para desaparecer antes que reingresar al erario, en la segunda quincena de enero para el atípico aviador llegó a la pagaduría un sobre con las dos quincenas no cobradas.
Como tampoco se presentó a cobrar, las dos quincenas juntas se convirtieron en nueva devolución que no reingresó a las arcas municipales pero que también desapareció.
Para la tercera quincena de ese año el sobre que llegó a pagaduría contenía tres quincenas que corrieron la misma suerte y así hasta la segunda quincena de julio de 2018, cuando aquel sobre menospreciado por el atípico aviador contenía 123 quincenas condenadas a desaparecer.
Ciento 23 quincenas acumuladas para desaparecerlas, más 122 quince días antes, más 121, más 120, más 119, más… y así hasta llegar a la primera acumularon la desaparición de 3 mil 843 quincenas. Un esquema de avión con un aviador totalmente ausente que acumuló un desvío que la Auditoría Superior de la Federación detectó que terminó en 63 millones 659 mil 288.50 pesos.
Un desvío detectado por la anterior administración municipal que inició las acciones para que el hecho se sancionara y que el alcalde Enrique Galindo Ceballos no puede actuar como si el sólo paso del tiempo, a pesar de denuncias e investigaciones como la de la ASF, hiciera prescribir los delitos, cuando su obligación institucional es darles el seguimiento necesario.
El reporte de la ASF representa un elemento que abona a la confirmación de un delito ante el que, de insistir en sus omisiones, convertirían a Galindo Ceballos en cómplice de aquella administración gallardista y reiteraría su traición a los intereses del patrimonio municipal por una vergonzante sumisión a la gallardía.
¿Con qué cara recibirá las participaciones federales si su postura es la de descartar que tiene alguna obligación de dar seguimiento a denuncias que se refieren al mal uso de esos recursos? Si tolera su mal uso en el pasado, ¿qué garantiza que realmente esté comprometido con darle buen uso a los fondos que él reciba si al paso de dos administraciones “ya no les compete”?
Un reporte de la ASF que tiene el sonido de un despertador para las denuncias que dejó dormidas Federico Garza Herrera, el fiscal autónomo pero no independiente, si se toma en cuenta que el caso llegó a la Fiscalía General de Estado el 11 de abril de 2019 y, en consecuencia, también representa una gran prueba de autonomía para José Luis Ruiz Contreras, el actual fiscal.
