Una revisión a “ojo de pájaro” da cuenta de que no hay criterio establecido por parte del Congreso para repartir apoyos y algo peor: deja en evidencia serios conflictos de interés.
El Congreso del Estado estaría incurriendo en un conflicto de interés al haber otorgado casi 200 mil pesos a una sola fundación ligada directamente con personajes incluidos en el directorio del Poder Legislativo, según se consigna en el padrón de beneficiados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que ha repartido en dádivas 19 millones de pesos.
En septiembre de 2012, tomaron protesta los actuales diputados, Por esos días, en un evento en que se presentó Ricardo Andrés Lárraga, adscrito a la Notaría Pública 22, se dio a conocer la fundación “Color México” que realizaría “trabajo de conservación ambiental”.
La labor de Color México quedó documentada en portales noticiosos, sólo entre 2011 y 2013. Sin embargo, desde los primeros meses de la actual Legislatura y hasta enero de 2015, la fundación siguió recibiendo apoyo del Congreso hasta sumar 185 mil pesos.
La fundación recibió apoyo en cuatro ocasiones según el padrón de la Jucopo.
Sin argumentos, el primer monto lo recibió en abril de 2013 por 25 mil pesos, después, en agosto del mismo año le fueron otorgados otros 100 mil para “desarrollo de agenda y programas”, un tercer apoyo les fue dado en abril de 2014 por 30 mil pesos “para celebración de evento base, de nombre Ecormes 2014”, y bajo esa misma justificación recibió otros 30 mil pesos en enero de 2015. La información disponible en la red sobre el evento Ecormes, data de 2012.
Lo recibido por “Color México”, aparece a nombre de Ilse Azareth Álvarez Portales, una joven licenciada en mercadotecnia egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) campus San Luis. Previamente no se le conoce ningún activismo ecologista y al parecer la invitación a la causa la recibió del diputado Jaén Castilla Jonguitud.
Durante sus primeros meses Color México tuvo “empuje” al organizar un par de eventos (Ecormes), después quedó en el olvido.
CONFLICTO DE INTERÉS
Para acceder a apoyos federales o estatales, una organización de la sociedad civil o fundación requiere la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), que se tramita ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). La dependencia cuenta con un buscador de organizaciones (corresponsabilidad.gob.mx), en el cual Fundación Color México, no aparece.
Aunque estar en el registro federal es garantía de la seriedad con trabaja el solicitante, la CLUNI no es necesaria para que una organización acceda a los apoyos del Legislativo potosino.
En un padrón de asociaciones locales elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a la cual este medio tuvo acceso, la Fundación aparece con número de registro, dirección y teléfono. Ahí se corroboró que el Notario Público Ricardo Andrés Lárraga Escobedo es su representante legal. El documento está actualizado a 2014 y señala que las oficinas se encuentran en Jesús Goytortúa 350, segundo piso, en la colonia Himno Nacional. En el lugar se rentan oficinas de préstamos y asesoría contable y jurídica. Locatarios del edificio comentaron que hace aproximadamente año y medio la Fundación Color México dejó el espacio.
Ricardo Andrés Lárraga Escobedo está relacionado directamente al Congreso. Es hermano de Luis Fernando Lárraga Escobedo, quien en el directorio del Poder Legislativo aparece como empleado con contrato por tiempo determinado y está adscrito a la Jucopo, el área desde donde se despacharon los 19 millones de pesos a personas físicas, morales, instituciones educativas y dependencias.
Luis Fernando Lárraga Escobedo, es priista desde 2005 y ha fungido como suplente del diputado del Partido Nueva Alianza, Jaén Castilla Jonguitud, ante el Consejo Ciudadano de Transparencia.
Para el activista José Guadalupe González, de Ciudadanos Observando, las relaciones que enmarcan a fundación “Color México” representan un claro conflicto de interés. “Es un sistema para beneficiar a los allegados de los diputados, que se ha hecho durante mucho tiempo pero se mantuvo en el anonimato”. Sobre Luis Fernando Lárraga Escobedo, Lupillo González comentó que “es gente que siempre ha vivido de los recursos públicos beneficiándose de sus ‘palancas’”.
DUDOSA ACTIVIDAD ALTRUISTA
Similar a Color México se puede ubicar a la asociación civil “Rayito de Luz”, de Ciudad Valles que en total ha recibido 274 mil 500 pesos.
Rayito de Luz la dirige Cecilia García Villasana, panista que durante la administración de la exalcaldesa y ahora diputada, Socorro Herrera, fungió como titular del Sistema Municipal DIF. Desde noviembre de 2013, hasta marzo de 2015, “Rayito de Luz” recibió apoyos gestionados por el diputado del PVEM, y fallido candidato a una diputación federal por el PAN Alfonso Díaz de León Guillén.
En el padrón de beneficiados, los montos de los apoyos para “Rayito de Luz” no cuadran con las justificaciones. El 12 de diciembre de 2013 le fueron aprobados 15 mil pesos para “la adquisición de combustible para traslado a comunidades rurales de Cd. Valles donde se realizaran posadas navideñas”.
En 2014, el 18 de marzo, recibió 15 mil pesos para “programa de despensas a bajo costo”. La misma cantidad le fue otorgada el 28 de julio de ese año para un “programa altruista de paquete de útiles escolares”.
Los fines políticos de “Rayito de Luz” y su dependencia del Congreso, quedan evidenciados con la información del buscador de organizaciones del Indesol. Ahí, “Rayito de Luz” aparece registrada el 26 de julio de 2013 con clave FRL1211092401J. Sólo ha presentado el informe anual del mismo año en que se registró y hasta el momento no ha accedido a ningún apoyo de Sedesol.
LAS MALQUERIDAS
Dos de los más de 19 millones que el Congreso gastó en “dádivas” fueron entregados a asociaciones civiles. Son más de 40 las que aparecen en el padrón con nombre, acrónimo y representante legal o presidente. El grueso (39 asociaciones) no recibió, cada una, más de 60 mil pesos en apoyos y casi ninguna de ellas aparece como beneficiada más de una vez.
Entre las más conocidas por su exposición mediática son Asociación Diuy Cumple un Sueño, Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito y Asociación Generación Héroes por México.
En el caso de Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito, solicitó y obtuvo apenas siete mil pesos “para darle continuidad a las actividades de la asociación, como asesoría legal, asistencia médica de urgencia, asistencia psicológica y psiquiátrica”.
Fuente: Pulso
