En enero el entonces procurador Murillo Karam dijo que el procedimiento de extradición es apropiado por cuestiones de seguridad que lo ameriten o por peligro de fuga, algo que, presumía: “no existe”.
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, evitó a toda costa ser extraditado a Estados Unidos, donde la justicia de ese país lo reclama para fincarle más cargos que los que ya tenía en México.
Las autoridades mexicanas no permitieron que abandonara el país al argumentar que por haberse escapado en 2001 debía cumplir en México esa pena de 20 años por narcotráfico y asesinato, que por la fuga fue interrumpida.
En enero de este año, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que esperaba recibir en sus oficinas la petición formal de extradición por parte de Washington, pero subrayó que no tenía ninguna intención de concederla.
“Yo puedo aceptar la extradición. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho”, dijo en ese entonces.
El procurador dijo que Guzmán Loera ya les aportó “toda la capacidad de investigación” que necesitaban y que extraditarlo a Estados Unidos ahorraría muchos costos al país, pero defendió su permanencia en México por una cuestión de soberanía hasta que concluyan todos los procesos en su contra.
Murillo aclaró que el procedimiento de extradición es apropiado cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameritan o por peligro de fuga, algo que, presumía: “no existe”.
Tras la recaptura de ‘El Chapo’ hubo voces en Estados Unidos, incluidas las de congresistas, que solicitaron su extradición, pero la petición formal no se hizo entonces.
El líder del cártel de Sinaloa enfrenta cargos en al menos seis jurisdicciones federales en Estados Unidos: Brooklyn, Nueva York; Chicago; Del Río, Texas; El Paso, Texas; Miami y San Diego, California.
Precisamente una de las que tiene en Nueva York es la última acusación que tiene el capo mexicano.
Este año Guzmán Loera tramitó un amparo para evitar su extradición.
Su defensa consideraba que trasladarlo ante la justicia norteamericana violaría sus derechos constitucionales, por lo que argumentó que llevarlo ante cortes estadunidenses que buscan enjuiciarlo por delitos de narcotráfico va en contra de sus garantías individuales establecidas en la Constitución mexicana.
El amparo interpuesto buscaba evitar actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr extraditarlo.
“Acto reclamado: El pretender sacar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “Altiplano” en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a un lugar diverso al que actualmente se encuentra interno y a disposición de diversos jueces de distrito, para ahí sacarlo del país rumbo a los Estados Unidos de América vía México Distrito Federal u otra fronteriza, sin que la defensa se encuentre en posibilidad de intentar algo en su favor, en virtud a una orden que sabemos se ha girado para tal efecto”, se leía en el expediente.
Esta no hubiera sido la primera vez que el gobierno de México extradite a un líder del narcotráfico a Estados Unidos. Benjamín Arellano Félix fue extraditado en 2012, Osiel Cárdenas Guillén en el 2007, Juan García Abrego en 1996 y Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo Zambada, fue extraditado en el 2010.
Entre los cargos que se le fincarían a ‘El Chapo’ están los 12 por homicidio de la corte federal en el condado de Brooklyn, en Nueva York, acusación que incluye a Ismael ‘El Mayo’ Zambada por los mismos delitos.
De acuerdo con el diario The Daily News la acusación que aún no se hace pública dice que Guzmán y Zambada usaron sicarios que llevaron a cabo “cientos de actos violentos, incluyendo homicidios, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura”.
Otras cargos contra ‘El Chapo’ en aquel país incluyen conspiración para asesinar a miembros del gobierno de México, personal militar y empleados de agencias dedicadas a perseguir delitos.
Se le acusa de asesinar a Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en 2008. Así como de haber matado a Rodolfo Fuentes, líder del cártel de Juárez, en 2004.
Entre los cargos contra Guzmán y Zambada está el de lavado de dinero por 14 mil millones de dólares.
Además de ser reclamado por fiscales en Nueva York, hay acusaciones en su contra desde hace años en San Diego y Texas por dirigir una importante operación de contrabando de cocaína.
En Chicago fue nombrado “enemigo público número 1” por la Comisión del Crimen de Chicago que tomó la decisión junto con la división de la DEA (agencia antidroga de EU) de la ciudad.
“A El Chapo se le busca en Chicago por participar en actividades de tráfico internacional de drogas en colaboración con otros 35 acusados. Es el jefe del cartel de Sinaloa y está acusado de usar la ciudad como su eje de narcotráfico en el Medio Oeste de EE UU y de hacer pasar por la ciudad entre 1,500 y 2,000 kilogramos de cocaína al mes”, informó la Comisión en febrero de 2013 cuando otorgó esa categoría al capo mexicano.
Para la Comisión, desde que en 1930 se nombró a Al Capone como enemigo público número uno “no había surgido un criminal digno de dicha distinción”.
Fuente: Milenio
