El Radar
Por Jesús Aguilar
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En México, las desapariciones forzadas han alcanzado cifras alarmantes en las últimas décadas, convirtiéndose en una crisis humanitaria que ningún gobierno ha logrado frenar de manera efectiva. Según datos oficiales, más de 114,000 personas continúan desaparecidas en el país, una cifra que sigue en aumento mientras las autoridades presentan respuestas tardías e insuficientes.
La reciente controversia en Teuchitlán, Jalisco, donde se denunciaron hallazgos de un posible campo de exterminio, ha puesto en evidencia la falta de transparencia y la intervención de actores ajenos al Estado en la narrativa oficial.
El caso de Teuchitlán es particularmente preocupante por la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha manejado la crisis. Tras las denuncias de colectivos de búsqueda sobre restos humanos y posibles crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, la respuesta de las autoridades ha sido minimizar los hallazgos. Lo más grave es que esta estrategia comunicativa ha sido reforzada por un video atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que la organización criminal niega la existencia del sitio de exterminio y cuestiona la legitimidad de las buscadoras. El mensaje, que replica las líneas discursivas del gobierno, despierta serias dudas sobre la influencia del crimen organizado en la construcción de la versión oficial.
Hoy miércoles 19 de marzo, el Fiscal General de la República estaría dando un parte formal de la información recabada alrededor del caso del Rancho Izaguirre.
Sin embargo este no es un hecho aislado. En marzo del año pasado, el Cártel del Noreste difundió un video en el que negaba haber financiado las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, justo cuando investigaciones de la DEA apuntaban a lo contrario. Ahora, el CJNG emerge con un mensaje que respalda el discurso del gobierno de Sheinbaum, planteando un paralelismo inquietante: las organizaciones criminales están actuando como voceros de la administración en temas de seguridad y derechos humanos.
El impacto mediático de Teuchitlán ha sido abrumador. Según datos recopilados por el periodista Javier Tejado, en los primeros diez días tras el hallazgo se generaron más de 8,000 noticias y 479,000 menciones en redes sociales, con un alcance potencial de 600 millones de personas. El daño a la imagen del gobierno es significativo, lo que explicaría su estrategia de deslegitimar a los colectivos de búsqueda y medios de comunicación que han dado cobertura al caso.
La presidenta Sheinbaum ha calificado la situación como parte de una “guerra sucia” en redes sociales, con supuestas campañas financiadas en su contra.
Es momento en el que si se reconocen las guerras sucias, se legisle en la materia y se vulnere a todos los que las hacen incluyendo las granjas de bots oficialistas que revientan a cualquiera que se oponga al régimen.
En San Luis Potosí, la crisis de desapariciones tampoco da tregua. Datos recientes muestran un incremento preocupante en los casos, especialmente en la zona metropolitana, donde la presencia del crimen organizado ha complicado las labores de búsqueda. La falta de recursos y apoyo institucional a los colectivos de familiares ha sido una constante, mientras el gobierno local mantiene una postura de silencio ante los señalamientos de colusión entre autoridades y grupos criminales.
El panorama nacional exige un replanteamiento de la estrategia gubernamental en materia de desapariciones. La utilización de discursos criminales para justificar la inacción estatal es una señal alarmante de la erosión institucional. Si el gobierno sigue priorizando su imagen sobre la verdad y la justicia, la deuda con las víctimas y sus familias seguirá creciendo, y la confianza en las instituciones continuará en caída libre.
Las desapariciones forzadas en México representan una crisis humanitaria que ha persistido durante décadas, afectando a miles de familias y comunidades en todo el país. Expertos y académicos han analizado este fenómeno, señalando factores como la impunidad, la desinformación y la revictimización como elementos que perpetúan esta problemática.
Impunidad y falta de información
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ha destacado que la impunidad en México es prácticamente absoluta, lo que contribuye a la continuidad de las desapariciones. Esta ausencia de consecuencias para los perpetradores desalienta la denuncia y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y sus familias. Además, la falta de registros precisos y confiables sobre las personas desaparecidas dificulta las labores de búsqueda y esclarecimiento de los casos.
Colusión y corrupción
Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ha señalado que la violencia relacionada con las desapariciones no solo es producto de conflictos entre grupos delictivos, sino que también está vinculada a negocios lucrativos que involucran al crimen organizado, autoridades gubernamentales y empresas. Esta colusión y corrupción sistémica crean un entorno propicio para la comisión de desapariciones y otros delitos graves.
Revictimización y burocracia
Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha criticado la revictimización que sufren las familias de los desaparecidos debido a la inoperancia y burocracia de las instituciones estatales. La falta de reconocimiento del problema por parte del Estado y la ausencia de mecanismos efectivos para atender a las víctimas agravan su situación y perpetúan el ciclo de violencia e impunidad.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha reportado la localización de 307 personas desaparecidas entre enero y marzo, incluyendo 173 encontradas con vida y 134 identificadas forensemente. Sin embargo, la crisis de desapariciones persiste, con más de 116,000 casos registrados desde 1962. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado reformas para mejorar las capacidades de la CNB, buscando fortalecerla con más recursos, tecnología y colaboración interinstitucional.
Ayer se dio el primer nombre del presunto operador del centro de exterminio en Teuchitlán, se trata de Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo o el 90.
Un personaje de 36 años presuntamente originario de Michoacán, que habría sido el jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y es responsable de importantes actos de violencia”, también es identificado como el supuesto responsable de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, ocurrida en agosto de 2023. Otros datos indican que es el encargado de entrenar a futuros sicarios, mientras que el periodista Chris Dalby apunta que el apodado El Sapo controla una “colosal red de lavado de dinero” desde México hasta las costas del Caribe de Veracruz y Tabasco.
Después de 143 mil desaparecidos, cerca de la mitad en los últimos 6 años, el gobierno federal reacciona, Estados Unidos aprieta y la ciudadanía debemos empezar a perder el miedo a exigir lo mínimo que puede hacer la autoridad eternamente extraviada, aparecer para hacer su trabajo.
