Con el respaldo de abogados y grupos de derechos humanos, tres menores de edad demandaron a agentes estadunidense de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza por la muerte de su madre, una mexicana de 22 años que fue deportada a México, a pesar de las advertencias que hizo en el sentido de que su vida corría peligro si la regresaban territorio mexicano.
Y sus temores se cumplieron: una vez que cruzó el puente internacional Laura S. fue asesinada en Reynosa, Tamaulipas, por su pareja, identificado con el nombre de Sergio H., quien pertenecía a “un cártel de la droga”.
En rueda de prensa, los abogados Joseph Martin y Jennifer Harbury anunciaron que defenderán a los tres hijos de la pareja, de 12, 7 y 6 años.
Laura murió por estrangulamiento en 2009. Le fueron vulnerados sus derechos civiles al ser deportada, pese a que era residente legal en Texas, y de que rogó a los agentes que no la enviaran a México.
La víctima no tuvo oportunidad de demostrar a los agentes que un juez le había concedido una orden de restricción para que su exnovio no la maltratara, como lo había hecho en el 2008, cuando el presunto narcotraficante la atacó con un cuchillo.
Los cuatro agentes estadunidenses involucrados no han sido identificados ni se sabe específicamente a qué corporación pertenecen.
En la demanda presentada en la Corte de Distrito de Brownsville, los oficiales son señalados con los nombres ficticios de John Doe, Mark Moe, Robert Roe y James Loe.
Según los reportes, ellos trabajan en alguna de las siguientes dependencias: Departamento de Seguridad Interior, Aduana y Protección Fronteriza o Policía de Inmigración y Aduana.
Los hechos descritos en el documento presentado a la Corte ocurrieron el 8 de junio de 2009, cuando Laura, un primo y dos amigos se divertían en la ciudad texana de Pharr, fronteriza con Reynosa. Los cuatro fueron detenidos cerca de la medianoche en el vehículo en el que se transportaban por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Los uniformados pidieron al grupo sus documentos migratorios y sólo el primo los exhibió.
Laura pidió a los agentes que la dejaran ir, porque su expareja, integrante de un cártel de la droga, era muy violento, que la había amenazado y no debía regresar a México, pues la mataría en cuanto la viera.
Les dijo que tenía tres hijos en Texas, uno de los cuales tenías ya programada una cirugía.
La súplica no fue escuchada y la mujer fue remitida con el oficial identificado con el nombre de John Doe, elemento de una agencia federal no especificada.
Posteriormente, la mujer y los otros dos acompañantes fueron remitidos al centro de internamiento migratorio en la Ciudad de Harlingen.
En el trayecto, Laura insistió en sus argumentos.
Al llegar a Harlingen, los tres fueron turnados a una oficina para ser registrados. En el lugar estuvieron los agentes identificados como Mark Moe, Roberto Roe y James Loe, aparte de John Doe.
En la demanda, los abogados argumentan que ninguno de estos servidores públicos estadunidenses verificó los dichos de Laura y tampoco le explicaron sus derechos.
Asimismo, tampoco tuvo oportunidad de asesorarse con un abogado o ser presentada ante un juez migratorio.
Los defensores refieren que Laura era candidata a ser protegida por la justicia estadunidense a través del asilo político; o concedérsele el goce de una visa especial o un sencillo diferimiento de su expulsión del país para protegerla del peligro que representaba el encontrase con su pareja en México.
“En lugar de proporcionarle el derecho de presentarla en la Corte con un juez de migración, los agentes la privaron de cualquier oportunidad de recibir asesoría de un abogado, preparar su defensa y presentar sus argumentos para un juicio justo”, señala la demanda.
Por el contrario, los ahora acusados intimidaron a la mujer para que regresara a su país de origen, aunque ella exteriorizó sin lugar a dudas su deseo de no retornar a México.
Durante las primeras horas del 9 de junio Laura y sus dos acompañantes fueron transportados en una camioneta al puente internacional Hidalgo-Reynosa.
Hasta el último momento ella imploró que no la enviaran a México, pues Sergio la encontraría y atentaría contra su vida.
La decisión de expulsarla de Estados Unidos fue “arbitraria, irracional y caprichosa”, expusieron los abogados.
Cuando Sergio se enteró del regreso de la madre de sus hijos, se dio a la tarea de buscarla. Al dar con ella, el hombre la golpeó en repetidas ocasiones y el 14 de junio la llevó a la fuerza a un hotel donde “la asesinó brutalmente”.
El cuerpo de la joven fue encontrado en un vehículo incendiado.
María S., madre de Laura, denunció los hechos a la policía mexicana. Sergio fue encarcelado y posteriormente escapó, sin que en la demanda sean reveladas las circunstancias de este último hecho.
María dijo que Laura había sido objeto de abusos prolongados por parte de Sergio H cuando estaban juntos. En abril del 2008 ella pidió ayuda a la policía por las agresiones y obtuvo una orden urgente de protección de un magistrado del condado de Hidalgo, Texas. Luego de ello Sergio se trasladó a Reynosa.
Actualmente María tiene la custodia de los hijos de Laura. El mayor de los niños tiene problemas de aprendizaje. Ella lo tuvo a los 14 años.
Los abogados señalan que la mujer debió se protegida por la Constitución de Estados Unidos, pues tenía interés legal de permanecer en el país.
En nombre de los niños, los abogados Martin y Harbury piden reparación de daños, pago de los costos de la muerte de Laura y las demás compensaciones necesarias.
La abogada Jennifer Harbury destacó en la rueda de prensa: “Esta tragedia representa un problema grave y creciente para la comunidad en la zona fronteriza. Oficiales de la Patrulla de Inmigración y Fronteras hace tiempo se informaba que tomaban atajos indebidos en la deportación de la población local. En este momento de la guerra contra las drogas, esto puede tener consecuencias fatales”.
Joseph Martin advirtió sobre los efectos que estas decisiones traen en la población: “Por supuesto, queremos ofrecer una compensación a los tres niños que quedan huérfanos de madre y traumatizados por lo ocurrido. Pero también esperamos ver un cambio en la conducta de las autoridades de inmigración.”
“Las acciones de los funcionarios de inmigración deben estar sujetas al escrutinio público. Hay una cultura de la crueldad y la impunidad en la actuación de estos funcionarios”, deploró.
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