Desde el pasado 29 de marzo, entró en vigor una nueva normativa implementada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la cual prohíbe la venta de productos chatarra en las cooperativas escolares. Esta medida busca reducir los niveles de obesidad infantil, pero también ha generado preocupación entre los encargados de estos espacios, debido a la baja en sus ventas y el aumento en los costos de los productos saludables.
Juana María Herrera García, encargada de la cooperativa de la escuela primaria Julián Carrillo en Soledad de Graciano Sánchez, compartió su experiencia con esta transición. “Fue un cambio muy drástico para los niños. Se eliminaron productos como papitas, golosinas y refrescos, lo que causó sorpresa y descontento entre los estudiantes”, comentó.
Ahora, los alimentos permitidos incluyen frutas, verduras, esquites, elotes y palomitas sin aceite. Sin embargo, la adaptación no ha sido sencilla. “Los niños estaban acostumbrados a sus productos favoritos, y muchos han dejado de comprar en la cooperativa”, mencionó Herrera García. Además, la llegada repentina de la medida dejó poco tiempo para realizar ajustes. “Tuve que guardar en casa toda la mercancía que ya no podía vender”, explicó.
La disminución de las ventas también ha impactado en la economía de estos pequeños negocios escolares. “Antes, los niños compraban con cinco pesos una paleta o unas papas. Ahora, solo alcanza para media naranja con chilito”, detalló la encargada. Además, los productos saludables suelen ser más costosos, lo que reduce las ganancias. “El mango está carísimo, y los niños piden mangonadas. También ha subido el gas y otros insumos”, agregó.
Otro reto para las cooperativas es la competencia con los vendedores ambulantes. “Mientras dentro de la escuela seguimos las nuevas normas, afuera los niños pueden comprar jugos, refrescos y papitas sin problema”, expresó Herrera García. Aunque la directora de la escuela ha reportado la situación, la regulación de estos puestos sigue siendo un desafío.
Para los encargados de las cooperativas, el problema no es solo económico, sino también de cambio de hábitos en los niños. “No es fácil que dejen de comer lo que siempre han consumido”, explicó. Por ello, consideran que el cambio debe involucrar a las familias, educando a los niños sobre la importancia de una alimentación saludable.
A pesar de los desafíos, las cooperativas buscan adaptarse a la nueva regulación, aunque con dificultades. “El gobierno exige productos saludables, pero no hay un sistema que nos ayude a mantener precios accesibles”, indicó Herrera García. Además, las escuelas que incumplan con la normativa podrían enfrentar multas de hasta 10 mil pesos.
Por otro lado, algunos padres de familia también han notado el impacto del cambio. Catalina, madre de un estudiante de la escuela Carlos Amador, mencionó que “ahora hay menos variedad; solo venden fruta y agua de sabor”. Bricia, madre de otro alumno de la escuela Moctezuma Ihuilcamina, también comentó: “según esto, ya no venden dulces ni papas”.
El proceso de adaptación a la nueva ley sigue en marcha y presenta retos tanto económicos como culturales. Mientras las cooperativas buscan mantener su viabilidad, las escuelas y las familias juegan un papel fundamental en la construcción de nuevos hábitos alimenticios en la infancia.
