Será hasta 2022 que la ley de disciplina financiera para estados
y municipios sea aplicada por completo, puesto que temas como la planeación financiera requerirán mayor tiempo de análisis, de acuerdo con un informe de Moody’s.
La aplicación total de la ley de disciplina financiera para estados y municipios no será en el corto plazo.
De acuerdo a la propuesta de reglamentación entregada por el poder Ejecutivo al Legislativo la semana pasada, será hasta 2022 cuando las disposiciones queden totalmente aplicadas, detalló un informe de la calificadora Moody’s.
Existen diversos frentes en la ley, los cuales poco a poco se irán aplicando; unos llevarán más tiempo que otros. Por ejemplo, existen disposiciones generales de la ley, las cuales se verán con mayor intensidad el próximo año, por ejemplo, que la deuda debe ser aprobada por dos tercios del congreso local, explicó a El Financiero María del Carmen Martínez-Richa, analista de gobiernos sub-soberanos de Moody’s.
Las que mayor tiempo llevarán son las relacionadas con la planeación financiera, es decir llegar a un balance presupuestario, consideró. Otra situación que se contempla en la propuesta en materia de planeación financiera, es el manejo de la deuda a corto plazo, la cual no se debe heredar a la administración siguiente.
Martínez-Richa explicó que hay entidades que tienen prácticas más estructuradas y sólidas a nivel estatal.
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN
Una que es de rápida implementación y que ha avanzado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental es la de transparencia en la publicación de todo tipo de deuda pública.
Por ejemplo, el plazo para el registro público de cualquier tipo de deuda tiene un plazo corto. Los cambios que deben hacer los estados en sus leyes tienen un plazo de 180 días, especificó la especialista.
“Aunque esperamos que el Congreso modifique la propuesta antes de su adopción, el reglamento propuesto es de crédito positivo, ya que tiene el potencial de mejorar la gestión financiera de los gobiernos de segundo nivel de México”, detalló la calificadora.
La institución agregó en un reporte que dicha regulación es la fase final de una reforma destinada a reforzar un marco jurídico y operativo, el cual sostendrá un mercado de deuda pública saludable y mantendrá estable el sistema financiero de México.
Fuente: El Economista.
