El Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la denominada “Ley San Juana”, una reforma constitucional que otorga al Gobernador del Estado la facultad de conceder indultos y al Poder Legislativo la atribución de decretar amnistías.
El cambio legal tiene como propósito abrir la puerta a la revisión de casos en los que se han señalado irregularidades procesales, falta de defensa adecuada, ausencia de perspectiva de género y violaciones a derechos humanos, factores que han derivado en sentencias consideradas injustas.
La iniciativa toma su nombre de San Juana Maldonado, quien se convirtió en símbolo de la lucha contra un sistema judicial que, de acuerdo con organizaciones civiles, ha olvidado a miles de personas encarceladas sin garantías de debido proceso.
Con esta decisión, San Luis Potosí se coloca como referente nacional en la búsqueda de justicia restaurativa. No obstante, especialistas y colectivos advierten que el verdadero reto será la reglamentación de estas figuras legales, la cual deberá contemplar plazos definidos, mecanismos de transparencia, participación activa de las víctimas y publicación de datos abiertos para evitar discrecionalidad.
La reforma, impulsada por colectivos como Perteneces AC, marca el inicio de un proceso que podría transformar la vida de personas privadas de la libertad que esperan justicia, al tiempo que representa un mensaje claro: la justicia no debe ser privilegio, sino un derecho para todas y todos.
