La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de San Luis Potosí, conocida como Ley Santi 2.0, podría convertirse en una realidad antes de que concluya este año, aseguró el diputado local morenista Emilio Rosas, quien destacó que la iniciativa representa un esfuerzo inédito de construcción legislativa encabezado por colectivos ciudadanos y respaldado por diversas instituciones académicas y gubernamentales.
En entrevista exclusiva para Antena San Luis, el legislador explicó que el origen de esta propuesta se remonta a la discusión internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se reconoció a la movilidad como un “derecho llave”, indispensable para garantizar el acceso efectivo a otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.
Recordó que, tras la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 2022, las entidades federativas estaban obligadas a homologar sus legislaciones locales, situación que no ocurrió en San Luis Potosí. Ante ello, integrantes de la Coalición Movilidad Sostenible, integrada principalmente por defensores de los derechos de peatones y ciclistas, presentaron en abril de 2024 una iniciativa ciudadana.
“Los colectivos pasaron de una actitud de protesta a una actitud propositiva dentro del Poder Legislativo”, señaló Rosas, quien reconoció el trabajo de agrupaciones como Pedaleando SLP, así como el acompañamiento técnico brindado por especialistas de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de El Colegio de San Luis.
El diputado destacó que la iniciativa recientemente presentada cuenta con el respaldo del gobernador del estado, de los promoventes originales y de la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso local, la diputada Jacqueline Jáuregui.
La propuesta lleva el nombre de Ley Santi en honor a Josué Santiago Rodríguez, activista que estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un siniestro vial y que se convirtió en uno de los principales impulsores del proyecto. En reconocimiento a esta lucha, el Congreso del Estado aprobó previamente la instauración del 21 de febrero como el Día Estatal de la Movilidad.
Rosas subrayó que la urgencia de esta legislación se refleja en las cifras: en San Luis Potosí se registran alrededor de 6 mil 775 siniestros viales cada año, problemática que además constituye una de las principales causas de muerte entre jóvenes y adolescentes.
“Estamos frente a una crisis de salud pública. Las personas lesionadas llegan a hospitales que ya de por sí se encuentran saturados”, advirtió.
El legislador explicó que la movilidad debe entenderse desde una perspectiva integral que contemple también las necesidades de personas con discapacidad y de habitantes de comunidades con limitada conectividad.
Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer usuaria de silla de ruedas que vive en el barrio de San Sebastián y que le expresó nunca haber podido salir de su domicilio debido a la falta de infraestructura accesible.
Entre los principales cambios que contempla la iniciativa destacan la modernización del transporte público, mediante la creación de un Centro de Gestión de Movilidad con monitoreo en tiempo real de las unidades y sistemas de videovigilancia; la implementación de un modelo de pago por kilómetro recorrido para concesionarios; así como el diseño de un Plan Maestro de Ciclovías basado en patrones reales de desplazamiento de la población.
Asimismo, se propone la creación de un Sistema Estatal de Movilidad, que obligaría a dependencias estatales y municipales a coordinarse permanentemente para diseñar políticas públicas sustentadas en datos, además de incorporar la participación ciudadana a través de un Observatorio de Movilidad.
Respecto a los plazos para su aprobación, Emilio Rosas informó que todavía deberá desarrollarse una consulta dirigida a personas con discapacidad, proceso que podría extenderse por aproximadamente dos meses.
“Yo tengo la certeza de que esta ley podrá aprobarse antes de que finalice el año; incluso, conforme a lo señalado por el Tribunal Electoral, el ideal sería que ocurriera dentro de los próximos tres meses”, sostuvo.
Finalmente, el legislador consideró que la construcción de la Ley Santi 2.0 podría marcar un precedente sobre una nueva forma de hacer política en San Luis Potosí.
“Esta vez nos tocó impulsar la voz ciudadana y no protagonizar. Creo que también nos puede servir para impulsar otro tipo de leyes”, concluyó.
