El Gobierno extenderá las medidas de libertad vigilada también a los hombres que hayan cumplido condena por violencia de género. El juez podrá imponer a los excarcelados por delitos machistas la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el tribunal establezca, de comunicar cada cambio de residencia y puesto de trabajo o de estar siempre localizables mediante aparatos electrónicos. La medida, que se incluye en el anteproyecto de reforma del Código Penal y que forma parte de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género que anunció ayer el Gobierno y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, solo se aplicaba ahora en determinados delitos sexuales o de terrorismo.
El anuncio por parte de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández, de un nuevo paquete de 250 medidas para combatir los malos tratos coincide con el cuarto asesinato machista en tres días. En la madrugada de ayer, un hombre de 37 años asesinó a su expareja, de 29, en su casa de Santander y en presencia del hijo de ambos, de cuatro años, al que acababa de devolver al domicilio de la madre tras una visita estipulada. La mujer había denunciado a su agresor en 2011 y había obtenido una orden de alejamiento cautelar hasta enero, cuando el juez levantó la medida ante la renuncia de la víctima a seguir con el proceso judicial. Un camino que, por miedo o por falta de recursos, toman el 12% de las mujeres que acuden a la policía.
Pero el de la asesinada en Santander es un caso infrecuente. Solo cinco de las 22 mujeres que han muerto a manos de los machistas este año —dos más que en el mismo periodo del año anterior— había iniciado algún proceso contra su agresor. No denunció la estudiante de 19 años asesinada el lunes en León; ni la mujer de 51 años a la que su pareja quitó la vida el martes en Córdoba. Tampoco la chica de 26 años asesinada el miércoles en Llodio (Álava).
La oposición y las organizaciones de mujeres alertan sobre los recortes
Y es precisamente eso, incentivar la denuncia —de las victimas o de su entorno—, es uno de los objetivos que persigue la estrategia que la ministra Ana Mato dará a conocer en la conferencia sectorial de Igualdad de junio. Un plan, con una dotación de 1,5 millones de euros para cuatro años, que recopila medidas ya anunciadas o que deberían estar en vigor, como la actualización de los protocolos de valoración policial o la ventanilla única en las Administraciones autonómicas, que permitiría a las mujeres hacer todos los trámites necesarios de una sola vez.
La estrategia incluye también algunas novedades, como la promoción de medidas para favorecer la movilidad geográfica entre Administraciones de empleadas públicas víctimas de maltrato, la creación de una red nacional de centros de acogida y recuperación, o la inclusión en las carreras sanitarias de contenidos para la detección de la violencia de género; además de la libertad vigilada. Una medida largamente solicitada por los expertos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Como Inmaculada Montalbán, su presidenta, que ayer condenó los últimos asesinatos.
“Esos actos son un ataque a la dignidad de las personas y por tanto al corazón de la democracia. No son algo privado”, insistió. Como Montalbán, las organizaciones de mujeres y la oposición coinciden en que en la escalada de violencia machista de esta semana mucho tienen que ver los recortes aplicados por Gobierno y comunidades a las partidas destinadas a Igualdad. “Nos preocupa que hayan bajado las denuncias [un 10% desde 2008]. También que el Gobierno esté tomando medidas que dejan sin efecto la Ley contra la Violencia de Género, como la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que incluía contenidos para concienciar sobre el problema, o el anteproyecto de reforma del Código Penal que tiene puntos preocupantes”, insistió Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE.
También Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, opina que los recortes y la crisis son un caldo de cultivo muy negativo. Cree que el descenso en el número de denuncias evidencia un retroceso en el cómo la sociedad está afrontando este problema, y alerta de que la bolsa oculta de malos tratos se agranda. Una opinión que comparte Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que cree, además, que las mujeres se sienten desprotegidas por las Administraciones.
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