Victoriano Martínez
La construcción del libramiento carretero que cruzaría el Ejido La Pila se encuentra suspendida, a pesar de que la empresa concesionaria inició el pago de 39 millones 349 mil 254 pesos a los ejidatarios como indemnización por 30.26 hectáreas, porque no se ha demostrado la existencia del convenio de ocupación previa de tierras de uso común.
De acuerdo con documentos que obran en el Expediente 568/2022 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 en esta ciudad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, el Centro SCT, y las representaciones del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, no cuentan en sus archivos con documentos relacionados con la ocupación de tierras en el Ejido La Pila.
Además, como respuesta a la solicitud de información 330025523000187, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que tras una búsqueda exhaustiva en las áreas que podrían contar con la información, no se localizó ningún expediente relacionado con el libramiento.
En la solicitud de información se requirió el trazo del libramiento, las actas o minutas de las reuniones con los ejidatarios, los documentos entregados por la SICT a las autoridades ejidales, el avalúo de los terrenos por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), así como la información entregada por el Ejido a la dependencia.
Como parte de la respuesta, la SICT proporcionó el Oficio 6.23.302.010.2023, en el que Jaime Jesús López Carrillo, subdirector de Obras del Centro SICT, informa que “en esta unidad administrativa no se cuenta con la documentación e información solicitada”.
“El libramiento señalado pertenece a una concesión, la cual se otorgó por parte de la Dirección General de Desarrollo Carretero a la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V. (META), por lo que le sugerimos encauzar dicha petición ante esta empresa o en su caso a la Dirección General de Desarrollo Carretero, por ser el área normativa para este tipo de concesiones”, sugiere.
La SICT además incluyó en su respuesta el oficio 3.4.1.1.3.-70 que corresponde al “Acta circunstanciada de búsqueda de documentos en los archivos de la Dirección de Liberación del Derecho de Vía de la Dirección General de Desarrollo Carretero”.
“Después de realizar la citada búsqueda exhaustiva en los archivos y registros electrónicos antes señalados, no se localizó documento o registro electrónico alguno del cual se desprenda lo siguiente”, señala el documento y enseguida reproduce los seis puntos de la solicitud de información.
La inexistencia de la documentación que se requiere para la construcción del libramiento en el Ejido La Pila también obra en el expediente del juicio agrario, específicamente el Convenio de Ocupación Previa de tierras de uso común, lo que confirman la SCT, la SICT, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.
Leonel Serrato Sánchez, titular de la SCT atendió la petición del Tribunal Agrario con el oficio SCT/JUR/0114/2023; Antonio Toranzo Díaz de León, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SICT, lo hizo mediante el oficio 6234130175/2023; Alvaro Pineda Maldonado, representante de la Procuraduría Agraria, con el oficio PASLP/SJ/096/2023, e Ismael Carrillo Ávila, encargado de la delegación del Registro Agrario Nacional, con el oficio RAN/SLP/SR/0229/2023.
La inexistencia del Convenio de Ocupación Previa refuerza la versión de los ejidatarios inconformes en el sentido de que se realizaron asambleas simuladas para validar la presunta venta de las 30.26 hectáreas a la empresa META para la construcción del libramiento.
La simulación llegó al extremo de firmar un contrato de venta de las tierras por 39 millones 349 mil 254 pesos, a razón de 130 pesos el metro cuadrado, de los que se pagó una comisión a los abogados del Ejido y se comenzaron a repartir entre 520 ejidatarios, de a 60 mil pesos cada uno, a partir del 19 de diciembre de 2022.
Aunque en las asambleas simuladas se dio a entender a los ejidatarios que los recursos provenían de la SICT, el juicio 568/2022 en el Tribunal Unitario Agrario ha revelado que esa dependencia no intervino.
Todas las irregularidades en el proceso ficticio fueron denunciadas ante las oficinas centrales de la SICT por los ejidatarios inconformes en un documento que tienen la certeza de que ya fue recibido por Jorge Nuño Lara, titular de esa Secretaría, quien ha ordenado una investigación al respecto.
En el escrito se pide a Nuño Lara que se investigue si la SICT avala el convenio de ocupación temporal, las razones por las que ese convenio se firmó sin la participación de la Procuraduría Agraria, el tráfico de influencias, ejercicio indebido de la función pública y conflicto de intereses por parte de funcionarios de esa dependencia que estén involucrados.
“Que se investigue las formas, métodos y acciones para el pago de ocupación temporal y/liberación del derecho de vía que la empresa META SA de CV implementa en las modificaciones de la concesión del Libramiento Oriente”, señalaron en el cuarto punto petitorio.
El pasado 15 de marzo se realizó una audiencia como parte del trámite del expediente 568/2022, a la que acudieron abogados de la empresa META, encabezados por César Ramos Salazar como apoderado legal, en un intento infructuoso por incorporarse como parte interesada en el juicio.
La siguiente audiencia dentro del ese expediente se programó para el 9 de mayo a las 9:30 horas, y se emplazó al juicio al Centro SICT y a la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
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