La dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional, encabezada por Luisa María Alcalde, afirmó de manera tajante que no se pueden negociar con el Partido del Trabajo (PT) ni con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) los elementos esenciales de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, generando un nuevo foco de tensión dentro de la coalición oficialista de cara a las elecciones intermedias de 2027.
Desde la ciudad de México, Alcalde defendió la iniciativa como una respuesta al mandato popular, insistiendo en que los cambios claves —como la modificación del sistema de elección de legisladores por representación proporcional y la reducción del financiamiento público a los partidos— no son negociables porque representan principios fundacionales de la propuesta que la dirigencia morenista considera indispensables.
La reforma, que aún no se ha formalizado legalmente ante el Congreso, ha encontrado resistencia entre sus propios aliados, quienes sostienen que algunos de sus puntos alterarían significativamente la distribución del poder político y podrían dejar fuera a sectores importantes de la representación política tradicional. Fuentes legislativas confirman que las discusiones con el PT y el PVEM han sufrido estancamientos en torno a estos temas, lo que ha obligado a retomar mesas de diálogo sin avances claros.
Alcalde negó que exista una crisis interna en Morena, minimizando las críticas públicas y atribuyendo las diferencias más a interpretaciones que a fracturas profundas. Reiteró su expectativa de que, conforme avance la discusión y se conozca el contenido de la propuesta, otros partidos, incluso de oposición, puedan visualizar beneficios y respaldar la iniciativa, aunque ello parece un objetivo distante ante las actuales reservas expresadas por algunos aliados.
La dirigente también rechazó que esta postura pueda poner en riesgo la cohesión de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, asegurando que la unidad prevalecerá y que la discusión se trasladará al Congreso, donde se deberá buscar el respaldo de dos terceras partes de las cámaras para avanzar.
La propuesta de reforma electoral de 2026 contempla, entre otros cambios, modificaciones al sistema de representación proporcional, la reducción del gasto electoral y una reconfiguración de algunas estructuras del Instituto Nacional Electoral y del propio Congreso, medidas que han sido motivo de debates técnicos y políticos intensos en las últimas semanas.
A medida que la iniciativa se acerca a su presentación formal en el Poder Legislativo, la falta de consenso entre la dirigencia de Morena y sus aliados pone en evidencia las tensiones dentro del bloque gobernante, un desafío adicional para un gobierno que enfrenta no sólo obstáculos internos, sino también una oposición cada vez más vigilante del rumbo de las instituciones electorales.
