El Radar
Por Jesús Aguilar
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“Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula…”
Lo que no fue no será. José María Napoleón
La independencia y transparencia del Poder Judicial son pilares fundamentales para garantizar la impartición de justicia en cualquier sociedad democrática, eso no debería dejar duda. Sin embargo, en San Luis Potosí, la gestión del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y aún magistrado con intenciones de reelegirse en el cargo Juan Paulo Almazán Cué ha estado marcada por el cuestionamiento y el descrédito, lo que plantea una pregunta crucial:
¿Debe una figura con un historial tan controversial continuar en un cargo de tal relevancia?
El seguimiento que han hecho medios tan serios como Astrolabio a nivel local y Proceso a nivel nacional exponen una serie de acusaciones y cuestionamientos en contra del magistrado, quien ha sido señalado por diversas irregularidades dentro del Poder Judicial de San Luis Potosí.
Este es tan solo un breve recuento:
• Casos de corrupción y tráfico de influencias: Se le acusa de favorecer a ciertos actores dentro del sistema judicial, lo que ha generado un fuerte descontento en distintos sectores.
• Desvío de recursos y nepotismo: Diversos informes indican un manejo opaco de los recursos del Poder Judicial, además de favorecer a personas cercanas en cargos estratégicos.
• Afectaciones a los derechos laborales: Se le responsabiliza de decisiones que han puesto en riesgo la estabilidad laboral de jueces y trabajadores judiciales.
• Interferencias políticas y manipulación institucional: Ha sido señalado por intervenir en decisiones clave para proteger intereses particulares en lugar de garantizar la imparcialidad de la justicia.
• Crisis en el Poder Judicial: Se destaca que, bajo su gestión, la institución ha atravesado una de sus peores crisis, con protestas de trabajadores y magistrados en su contra.
• Una denuncia conjunta contra el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia Almazán Cué en 2019, interpuesta por una exmagistrada y cuatro jueces de Primera Instancia y Oralidad, llegó incluso a ser conocida por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, del Congreso del local y del entonces gobernador Juan Manuel Carreras López, que al son de mangonear al poder judicial en manos de Almazán incluso lo infló como potencial candidato a sucederlo. Al demandado se le acusaba de incurrir en una serie de atropellos laborales, violencia de género e intromisión para “dar línea” en las decisiones y casos que se llevan en el estado. “El Poder Judicial de San Luis está en crisis desde que Almazán asumió la presidencia”, según la denuncia de Adriana Monter, exmagistrada supernumeraria, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández (jueces de Primera Instancia) y Javier Pérez Contreras (juez de Oralidad).
Ante este panorama, juristas y expertos en derecho han alzado la voz en contra de la posible ratificación de Almazán Cué.
El reconocido constitucionalista Miguel Ángel Treviño Salinas ha señalado que “la permanencia de un magistrado con denuncias tan graves solo contribuye a la erosión de la credibilidad del sistema judicial, un sistema que debe estar al servicio de la justicia, no de intereses personales”.
Por su parte, la abogada especialista en transparencia, Griselda Haro, advirtió que “los procesos de ratificación deben servir para evaluar la trayectoria de los jueces y magistrados, no para perpetuar estructuras de poder viciadas”.
Además, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por la falta de rendición de cuentas y las denuncias de represión laboral dentro del Poder Judicial de San Luis Potosí. Según el exmagistrado José Luis Cano Vargas, “es inadmisible que un magistrado que ha sido señalado por múltiples atropellos laborales y por manipular decisiones judiciales para su beneficio siga ostentando un cargo de tanta responsabilidad”.
Los señalamientos en su contra no son aislados ni recientes. Se han acumulado durante años y provienen tanto de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, como de organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
La falta de transparencia en su administración, las denuncias de tráfico de influencias y la crisis institucional que enfrenta el Poder Judicial bajo su mandato son argumentos suficientes para considerar su no ratificación.
En lugar de permitir la perpetuación de un liderazgo cuestionado, es momento de optar por una renovación que devuelva la confianza a la ciudadanía y garantice un sistema judicial justo y sin intereses personales. La justicia no puede estar en manos de quienes han sido señalados por atentar contra su propia esencia.
La oportunidad de un cambio está en las manos de quienes decidirán su futuro.
Que por ningún motivo se desperdicie.
